Alejandro Gertz Manero, recibió la Fiscalía General de la República (FGR) con 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas. Este lunes, después de cumplir 100 días al frente de la dependencia, el funcionario ofreció un diagnóstico del estado en que le fue entregada la institución, a la vez que adelantó acciones para los casos de Odebrecht y la Estafa Maestra.

Según Gertz, la extinta Procuraduría General de la República le heredó un rezago de 300 mil averiguaciones sin resolver, lo que evidenció que en la anterior administración no existía un control en la calidad judicial de las carpetas y en los tiempos establecidos para iniciar las investigaciones, lo cual propició que las denuncias se quedaran archivadas durante meses e incluso años.

Dijo que tan no existía una calidad en los procesos judiciales, que el cinco por ciento de las sentencias definitivas no alcanzaron resolución, y se incumplieron 21 mil órdenes de aprehensión y 28 mil mandamientos judiciales.

Expuso además que había un descontrol respecto a la compra de automóviles, gastos sin justificar en viáticos y servicios, adquisición de aeronaves a precios inflados, renta de edificios, así como personal ministerial asignado a guardaespaldas de funcionarios y asignación de plazas sin razón.

De la misma forma, explicó que tampoco hubo control sobre los elementos policiales que hay para todo el país, de los cuales 800 estaban asignados para la seguridad de funcionarios públicos y que entre 2013 y 2015 se destinaron más de mil millones de pesos en capacitación, mantenimiento y seguros en drones y aeronaves sin adjudicación directa.

“Se tenía un número desproporcionado de funcionarios de alta jerarquía, así como plazas eventuales y contratos de honorarios, con elevadas percepciones, sin que estuvieran establecidas con precisión sus obligaciones laborales, ni su vinculación y evaluación de resultados y productividad”, precisa el comunicado que dio a conocer la FGR.

Respecto al caso Odebrecht, Gertz Manero anunció que en menos de 60 días se judicializará como delincuencia organizada, y la investigación será presentada ante un juez, quien determinará si existen elementos suficientes para consignar.

También habló de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Dejó claro que apoyará la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que trabajará con los familiares para que “se reponga el procedimiento, se recupere la credibilidad y la justicia”.

En el tema de la Estafa Maestra, —en la que se descubrió que universidades públicas triangularon recursos estatales— el fiscal mencionó que se reestructurará la investigación como un posible delito de Estado.

En el caso Tlahuelilpan, Hidalgo, aseveró que la Fiscalía sabe quiénes convocaron a la población al sitio del siniestro y quienes provocaron el incendio del ducto que ocasionó la muerte de 135 personas.

Dijo que la FGR ha realizado, junto con la Fiscalía del Estado de Hidalgo, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que  ha permitido identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

Para Gertz Manero, es necesario generar una Nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con un proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata de carácter nacional y de aplicación local, con el propósito de resolver más del 70 por ciento de las crisis de injusticia que se padecen en todo el país.

Con información de Polemón.