Durante los últimos cinco años, 14 ex gobernadores la mayoría priistas han sido acusados de corrupción, cinco de ellos fueron detenidos y están en prisión por delitos como desvío de recursos y nexos con la delincuencia organizada.

A ellos se suma el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, detenido  en 2017 por peculado y lavado de dinero.

Los priistas que fueron detenidos y estuvieron  tras las rejas son Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, Roberto Borge Ángulo de Quintana Roo, Andrés Garanier de Tabasco y el ex gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García que salió libre el pasado 22 de diciembre.

Los otros priistas que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) o por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) son Cesar Duarte Jáquez de Chihuahua, Rodrigo Medina ex gobernador de NUevo Léon, Roberto Sandoval de Nayarit y Miguel Alonso Reyes ex jefe del Ejecutivo en Zacatecas.

Asimismo el ex gobernador de Yucatán  Rolando Zapata Bello, Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán, Mario Anguiano Moreno, de Colima, y Jorge Herrera Caldera, de Durango

Según El Universal, la relación entre los mandatarios investigados del PRI, es debido a el regreso de éste partido a la Presidencia de la República en 2012, que fue interpretado por muchos gobernadores como una licencia para robar.

De acuerdo con el analista en temas de Seguridad Alejandro Hope, el regreso del PRI al poder detonó una reacción social a modo de anticuerpos contra la corrupción y ante esa presión se vieron obligados a actuar.

Salvador Mora Velázquez, profesor de la  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM indicó que las averiguaciones contra ex funcionarios se ven en la dinámica de un sistema político de mayores pesos y contrapesos

“Hay un impulso de la ley de transparencia, en la que ex gobernadores están expuestos a la rendición de las cuentas públicas. Además, los estados tienen mayor pluralidad y ofertan una revisión de las cuentas de los ex gobernadores. También tienen un aliado en la Auditoría Superior de la Federación, que cada vez más es un actor independiente y autónomo”, expuso.

Además se destaca que las detenciones contra ex mandatarios estatales se registra en las entidades en las que en los últimos dos años ha habido alternancia de gobierno.

Como en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien al concluir su sexenio en 2016, fue señalado por Miguel Ángel Yunes Linares.

 La  entonces PGR detuvo al priista el 15 de abril en un hotel de Guatemala y se encuentra en la cárcel acusado de desvío de recursos por 35 mil millones de pesos.

Otro de los casos es el de Roberto Borge Ángulo ex mandatario de Quintana Roo, que una vez que culminó su mandato y lo asumió el perredista Carlos Joaquín Gonzaléz, comenzó una indagatoria en contra del posible daño patrimonail de mil 900 millones de pesos.

De igual manera el panista Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, abrió las puertas para una investigación en contra de su antecesor César Duarte Jáquez.

Por su parte, el ex gobernador de Tabasco, Andrés Garanier Melo preso desde 2013 en la cárcel y quien a principios de este año recibió prisión domiciliaria. Fue sucesor, Arturo Núñez que demandó en 2013 a Granier por desvió de recursos.

Asimismo, tras la transición en  Nuevo León, Rodrigo Medina, ex mandatario priista, fue señalado por daño patrimonial y peculado por 3 mil 567 millones de pesos, por lo que fue detenido el 26 de enero  del 2017, pero liberado unas horas después por un juez federal.

Cabe recordar que también se encuentra la lista de gobernadores en funciones y ex gobernadores indagados por diversas irregularidades en sus administraciones.

El priista Roberto Sandoval que tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito, así como el mal uso de recursos por más de mil millones pesos.  Y según fuentes recientes, el pasado 18 de abril fue visto en España.

Por su parte Miguel Alonso Reyes, ex mandatario de Zacatecas es investigado desde 2016 por las acusaciones en su contra de enriquecimiento ilícito y peculado.

La denuncia la interpuso Bibiana Lizardo, entonces diputada local, junto a otros legisladores, quienes ofrecieron pruebas por la supuesta compra de terrenos por parte de prestanombres del gobierno de Alonso Reyes en zonas protegidas que serían convertidas en fraccionamientos o residencias.

El ex gobernador de Michoacán, Fusto Figuero, fue investigado por presunto desvío de recursos por casi 2 mil 300 millones de pesos. De la misma forma, Mario Anguiano Moreno, ex mandatario de Colima, señalado por tener empresas fantasmas  e irregularidades por 2 mil 119 millones de pesos durante su administración.

El pasado mes de septiembre del 2018, fue sancionado con 14 años de  inhabilitación para ejercer cargos públicos y una sanción económica resarcitoria por 515 millones 174 mil 128 pesos, por irregularidades en el ejercicio de un crédito que ascendió 638 millones de pesos.

Jorge Herrera Caldera, ex jefe del Ejecutivo de Durango, es señalado por presunto daño patrimonial  de 4 mil 560 millones de pesos. Se amparó una vez que concluyó su mandato, junto a otros funcionarios de su gobierno.  

Con información de Revolución TresPuntoCero.