Sergio Hernández Vega, identificado como el ex secretario particular del ex Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP) Roberto Miranda, fue asesinado hoy dentro de su casa en el municipio de Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con medios nacionales, el ex integrante del extinto Estado Mayor durante el sexenio de Enrique Peña Nieto habría sido asesinado luego de ser víctima de un presunto asalto.

Vigilantes del Fraccionamiento Condado de Sayavedra, donde vivía Hernández Vega, habrían alertado a la policía municipal del incidente.

Hernández Vega  solicitó desde el año pasado su retiro como Teniente Coronel de la Defensa Nacional luego del anunció del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el órgano con un carácter técnico-militar encargado de cuidar las espaldas del líder del Ejecutivo, de la seguridad de su familia, de los secretarios de Estado y candidatos presidenciales, entre otras personas.

El diario Reforma reportó que el domicilio donde Sayavedra fue encontrado lo utilizaba para descansar por lo que se encontraba ahí desde el lunes. Su esposa habría informado a la Policía que en la casa no estaba su auto.

El asesinato s se registró un día después de que se confirmara que los ex gobernadores del Estado de México tendrán que pagar con dinero propio sus escoltas, secretarias y asistentes por la promulgación de un decreto que elimina los privilegios que gozaban los mandatarios priistas.

La medida fue impulsada por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), modificando los decretos 86 y 87, vigente por más de siete décadas que permitían que los ex titulares del Ejecutivo estatal se beneficiaran de seguridad, como asesores pagados por el erario.

Actualmente eran seis políticos que recibían los apoyos, entre ellos, el otrora Presidente Enrique Peña Nieto, además, Arturo Montiel, César Camacho, Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo y Alfredo Baranda.

Desde enero pasado elementos de seguridad pública de Ecatepec que fueron destinados en la pasada administración como escolta personal del ex Alcalde y ex Gobernador Eruviel Ávila Villegas, así como del obispo Onésimo Cepeda Silva, fueron reincorporados a las filas municipales.

De acuerdo con información del área de Comunicación Social del municipio, por órdenes del Alcalde Fernando Vilchis, se eliminó dicha medida de seguridad con la que contaban los personajes citados, esto, dijeron, para bien de la población del municipio.

Desde que  López Obrador asumió la Presidencia el Estado Mayor dejó de operar, era un órgano con un carácter técnico-militar conformado por dos mil 021 personas, de las cuales 84 por ciento eran hombres.

De estos efectivos, mil 586 forman parte de las Fuerzas Armadas -82 por ciento provenientes del Ejército, nueve por ciento de la Armada y nueve por ciento de la Fuerza Aérea-, 52 son policías federales y 383 son civiles, los cuales realizan básicamente funciones administrativas.

También eran los responsables de coordinar la seguridad y logística de aquellas visitas que realicen jefes de Estado y de Gobierno extranjeros a México.

El EMP garantizó la seguridad de la élite política de México durante los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, mientras el Estado fue incapaz de contener la violencia y la ola de delitos del fuero común.

Entre 2008 y 2018, el EMP recibió 795 millones de pesos anuales en promedio para garantizar la seguridad de presidentes y ex presidentes de la República, de sus respectivas familias, además de mandatarios y altos funcionarios nacionales y extranjeros protegidos por ordenes del Poder Ejecutivo federal, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 4 del Reglamento del EMP.

El órgano técnico militar que costó 8.7 mil millones de pesos en 11 años, despidió en noviembre del año pasado al ex Presidente Enrique Peña Nieto con 21 disparos de salva de cañón.

Con el Estado Mayor fuera de juego, los ex presidentes –como Fox, Calderón y Peña– también se quedaron sin escoltas. Pero a inicios de mes, López Obrador informó la creación de una “guardia especial” para proteger –con ocho elementos militares– al ex Presidente Vicente Fox, luego de que un grupo armado tratara, supuestamente, de irrumpir en su domicilio en el estado de Guanajuato.

La decisión de proporcionarles escoltas generó decenas de críticas en redes sociales y por parte de intelectuales y personajes de la política mexicana que llamaron a no devolver este y una serie de privilegios a los ex mandatarios.

Con información de Sin Embargo.