El uso de agrotóxicos o plaguicidas de síntesis química se ha incrementado en los últimos años en México sin que exista una regulación que controle a las sustancias más peligrosas. A pesar de que la evidencia científica ha demostrado que estas sustancias son capaces de generar cáncer y otros efectos en el sistemaendócrino, metabólico y neurológico, en México se permite la utilización de 140 ingredientes activos prohibidos en otros países.

En opinión de los especialistas, el problema radica en la desactualización y desconocimiento de las autoridades y usuarios sobre las normativas internacionales, tales como el Convenio de Rotterdam y el Convenio de Estocolmo, los cuales establecen protocolos para la eliminación o restricción de las sustancias tóxicas persistentes y bioacumulables de fabricación intencional.

Omar Arellano, investigador de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y miembro de la Unidad de Análisis ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sostuvo que en sexenios anteriores instituciones como las secretarías de Salud (SSA) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) –actualmente Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)–, incurrieron en la omisión del uso de dichas sustancias.

“Es una situación un poco anárquica, no hay control, primero porque el uso de sustancias químicas en México, particularmente plaguicidas, no cuenta con una revisión de uso, además no se han actualizado los catálogos de plaguicidas, de hecho los que son altamente peligrosos tienen autorizaciones indeterminadas, es decir, la Secretaría de Salud no ha establecido los mecanismos temporales necesarios para dejarlas de usar. Esto es algo que solo ocurre en México. Por otro lado, la misma Sagarpa hizo recomendaciones de sustancias químicas contenidas en los convenios de regulación internacional, por lo que la misma dependencia incurrió en una desactualización. También se encuentran los consumidores que pueden acceder a ellos sin ninguna vigilancia, son ellos quienes están usando de manera indiscriminada muchas de estas sustancias, generando un problema ambiental y de salud”, dijo.

Recientemente en entrevista para SinEmbargo, Víctor Villalobos, nuevo titular de la Sader, aseveró que se impulsarán las buenas prácticas agrícolas con las que se retomará el uso de composta y fertilizantes orgánicos en el campo; además de que “no se promoverá el uso de semilla transgénica para los cultivos que van a la cadena alimenticia”. Son  los cultivos transgénicos y agroindustriales en donde más se emplean plaguicidas, por lo que esta medida podría representar una reducción importante en el incremento.

A pesar de que el Secretario del Gobierno federal afirmó que México es uno de los países con menor incidencia en el uso de químicos, las cifras oficiales demuestran un aumento acelerado de estos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) registró que la agricultura mexicana utilizó en promedio 4.55 toneladas de plaguicidas (funguicidas, herbicidas e insecticidas) por cada mil hectáreas entre los años 2009 y 2010; en el año 2013 el número incrementó de manera significativa: se utilizaron 37 mil 455 toneladas de insecticidas, 31 mil 195 toneladas en herbicidas y 42 mil 233 toneladas de fungicidas.

Debido a la falta de monitoreo no se tienen cifras actualizadas o con claridad sobre qué agroquímicos y en qué concentraciones fueron utilizados.

El pasado 26 de diciembre de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expidió la recomendación 82/2018 en la que sugiere la adopción de “acciones de carácter normativo, administrativo y de políticas públicas para regular adecuadamente el manejo de plaguicidas altamente peligrosos”, reconociendo que la falta de control constituye violaciones a los derechos a la alimentación, el agua salubre, un medioambiente sano y a la salud.

La respuesta del nuevo gobierno ha sido positiva, ya que se ha comprometido a acatar todas las medidas necesarias que garanticen el ejercicio de los convenios establecidos con la FAO y  la Organización Mundial de la Salud (OMS).

María Colín, asesora legal de Greenpeace México, reconoció la buena voluntad que ha tenido la autoridad, sin embargo, confirmó que la expectativa continuará hasta que se incluya el discurso de prohibición en las políticas nacionales rectoras, es decir, el Plan Nacional de Desarrollo.

“Hay compromiso por parte de ellos [autoridades] de dar cumplimiento absoluto a la recomendación, la cual es bastante tajante sobre la revisión de los registros que actualmente existen en el mercado de estas sustancias, así como de sus afectaciones. Por un lado, se tiene que hacer un retiro progreso de estas sustancias y por el otro se tienen que incluir medidas para el retiro de estas sustancias en el Plan Nacional de Desarrollo y en programas sectoriales. Este compromiso implica también trabajar modificaciones a las regulaciones de las relacionadas con los temas de salud y agricultura, específicamente la Ley Federal de Variedad Vegetales, porque se ha dejado de evaluar la efectividad agrícola que tienen los productos. Es grave la falta de regulación”.