El más reciente ejemplo es la grabación de unos niños que juegan a recrear ejecución en Sonora. El video, compartido por una usuaria en Facebook, tiene una duración de 32 segundos y acumula miles de reproducciones.
En los primeros seis meses de 2020 fueron asesinadas 17 mil 982 personas en México. En promedio, se registraron 100 ejecuciones por día, la mayoría de ellas con armas de fuego. Este nivel de violencia es alarmante e incide en todos los estratos sociales del país.
El clip comienza con una niña jugando a ser reportera de nota roja. Grabándose con su celular y aprovechando la colocación de unas cintas de precaución en la zona, la menor describe la escena de la siguiente forma:
“Amigos, estamos aquí en la colonia El Campanario transmitiendo en vivo. En esta casa hay unas cintas amarillas y se encuentran dos cuerpos, pero no sabemos si todavía se podrán salvar”.
Tras hacer esta breve descripción, la menor voltea la cámara y enfoca a dos menores tirados, quienes simulan haber sido ejecutados. “Aquí están los dos cuerpos. Aquí está uno y ahí está el otro. No sabemos quiénes lo harían”.
La niña vuelve a enfocar su rostro y, como si se tratara de algo cotidiano, habla sobre las señales de precaución colocadas en el perímetro.
“Bueno, bueno, aquí están las cintas amarillas puestas. Vean, ya vienen llegando las patrullas dando la vuelta y reportando la ejecucion”.
De esta forma, la grabación de los niños que juegan a recrear ejecución llega a su fin.
Niños que juegan a la guerra:
Putumayo, Magdalena Medio y Arauca son tres de las zonas con mayor impacto del conflicto armado en los últimos cinco años y fueron el foco de estudio apoyado por la OEI para evidenciar el impacto de la guerra en la vida cotidiana de los niños.
El desplazamiento forzado es una de las mayores problemáticas que afronta la población infantil de la zona. Desplazarse les significa la desintegración de sus familias, la huida ante un posible reclutamiento en contra de su voluntad, ser víctimas de abuso sexual cuando viven en condiciones de hacinamiento, afrontar las pérdidas de seres queridos y ser despojados desde pequeños de sus hábitos culturales. Funcionarios del ICBF de Floresta (Santander) también reportaron algunas de las consecuencias de la pobreza que genera el desarraigo, como desnutrición crónica, diarrea y anemia.
La venta ilegal de gasolina, junto con el narcotráfico, hacen parte de los motores que motivan el conflicto de este territorio repartido entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar y Santander. La investigación de la Universidad Nacional y Nuevo Arcoiris explicó cómo los niños son utilizados para la subsistencia de los carteles de gasolina: “En Barrancabermeja se observó la utilización de niños entre los cuatro y seis años en tareas de vigilancia y publicidad en el robo y venta de gasolina ya procesada en los oleoductos de Ecopetrol, negocio ilegal que controlan los llamados grupos emergentes”.
También reclutados, desplazados, ‘campanitas’ de los carteles de gasolina. También juegan a la golosa entre minas antipersonales. Arauca es llamado un territorio en disputa entre diferentes grupos armados, sobre todo las Farc y el Eln. De acuerdo con Arcoiris, el cultivo de coca es una de las razones de la pelea por el territorio, que además se constituye en una salida para la supervivencia de los campesinos y familias de desplazados, involucrándolos así en un círculo infinito de violencia, como demostró uno de los testimonios recogidos: “los cultivos garantizaban los ingresos de mi familia, pero a la vez fueron el motivo para que tuvieran que desplazarnos. A los siete años yo ya era raspachín y sabía procesar medianamente la hoja de coca”.
No obstante, el comandante de la Policía de Arauca, Luis Alberto Ortiz, aseguró que este negocio se ha reducido ostensiblemente, “pues pasamos de 2.400 hectáreas de coca en 2007 a 437 este año”.
En este departamento los polígonos de entrenamiento y bases militares están ubicados al lado de lugares de recreación e instituciones educativas. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo ratificó en su informe el pasado mes de agosto: “Las escuelas son atacadas por grupos armados ilegales como represalia por haber sido ocupadas anteriormente por las Fuerzas Militares de Colombia”.
Las minas antipersona son una de las formas en que los actores armados ilegales intentan mantener el control de la población y de sus siembras ilegales. De acuerdo con el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas, el número de víctimas entre 1990 y 2008 fue de 7.515 en Colombia, de las que 722 eran niños.
Por si fuera poco, en Putumayo los niños viven en condición de pobreza a causa del desplazamiento forzado que generan las fumigaciones y el terror a la guerra, o el hecho de que una mujer —que la mayoría de las veces es cabeza de hogar— tenga entre cinco y siete hijos. El resultado: desnutrición crónica y mayor vulnerabilidad a vincularse con un grupo armado.
El impacto sicológico de la guerra es otra herida profunda. En el caso de la masacre de El Tigre en este departamento, hace 10 años, un sobreviviente, hoy en día de 15 años, relató: “Llegaron (los paramilitares) haciendo una pelea muy fuerte y disparos. Al principio no quería estar solo, ni dormir solo. Ni dormir. Yo no sé dibujar, después de eso se me quitaron las ganas y ya no sé cómo se hace”.
En octubre de 2008, la Corte Constitucional afirmó que los grupos armados ilegales estaban reclutando a niños de manera “generalizada, sistemática y habitual”. El pasado mes de agosto el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, hizo un alarmante anuncio: “Se tiene constancia de que las Farc han llevado a cabo campañas de reclutamiento de niños en las escuelas. Se ha confirmado que algunos grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de las Auc, también están reclutando a niños”.
Las cifras son desalentadoras. Según el Ministerio de Defensa, el número estimado de niños que participan en grupos armados ilegales es de 8.000. Al respecto, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, se pronunció el mes pasado: “El Estado colombiano ha asumido su responsabilidad primaria en la protección de las niñas y los niños que habitan en su territorio, mediante la aplicación de políticas integrales y el fortalecimiento de las instituciones que trabajan en esta materia”.
Con información de La Neta Noticias.