La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, presentó este lunes la evaluación de riesgo nacional 2019-2020. Es un diagnóstico que se realiza en torno a las políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como la proliferación de armas de destrucción masiva.

Estas ocho organizaciones operan a nivel regional y son los siguientes: el Cártel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México; Los Viagra en Michoacán; el Cártel Noroeste en Tamaulipas; el Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Guerreros Unidos en Guerrero.

Actualmente existen 19 organizaciones criminales y dos de ellas son internacionales: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, explicó Santiago Nieto, con el surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima, en el Bajío, la delincuencia organizada se ha multiplicado.

La delincuencia organizada sigue siendo la mayor amenaza de seguridad nacional, sintetizó Nieto Castillo durante la presentación en Palacio Nacional de la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo 2020-2024.

En la participación estuvieron presentes Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Jorge Melendez, titular de la UBVA y Mireya Valverde y se presentaron amenazas, vulnerabilidades, consecuencias y acciones concretas para combatir los delitos.

Otro dato revelado en la presentación de este lunes fue que, entre el 2016 y 2018, el crimen organizado obtuvo ganancias de alrededor de un billón de pesos en México.

Este estimado considera carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), denuncias de la UIF y datos del Consejo de la Judicatura Federal.

Nieto Castillo también informó que, bajo su gestión, la UIF ha congelado cuentas de tres grupos criminales; 330 personas físicas y morales relacionadas con el Cártel de Sinaloa; mil 968 cuentas vinculadas con el CJNG, que contenían mil millones de pesos; y 88 personas físicas y morales relacionas con el Cártel de Santa Rosa de Lima.

En otro tema, el titular de la UIF informó sobre dos casos de actividades financieras ilícitas relacionadas con la adquisición de criptomonedas.

Uno de los casos está relacionado a trata de personas y consistía en transacciones hacia Panamá y Estados Unidos para obtener criptomonedas.

El otro caso está relacionado con unos «hackers» de León, Guanajuato. De acuerdo con Nieto Castillo, éstos atacaron el sistema financiero para retirar recursos y adquirir bitcoins.

«Hoy se encuentran registradas en el portal antilavado del SAT (Servicio de Administración Tributaria) y la UIF 12 empresas que han dado un total de dos mil 400 avisos respecto a las operaciones de más de 56 mil pesos en operaciones relacionadas con criptomonedas y estamos dando puntual seguimiento a dos casos en donde se encontró una actividad ilícita relacionada con la adquisición de las mismas», explicó.

«Tenemos un sistema de prevención de lavado de dinero fuerte respecto a las empresas Fintech y el único tema que a nivel global debe ser sujeto de revisión son los proveedores de activos virtuales, es decir las criptomonedas», agregó.

Otro dato más es que la pandemia de covid-19 ha sido un momento en el que se han multiplicado los fraudes cibernéticos y usurpaciones de identidad.

Con información de Regeneración.