Autoridades de Servicios de Salud Morelos (SSM) criminalizaron a una adolescente que fue atendida para interrumpir su embarazo y posteriormente sus datos personales fueron filtrados a medios de comunicación que los publicaron y la dejaron expuesta, denunciaron colectivos de feministas.

Se trata de Fátima, una adolescente de 15 años, quien fue atendida en el Hospital General de Temixco, luego de presentar un cuadro delicado de salud debido a que enfrentó un procedimiento de interrupción de embarazo.

“Tras ser atendida y tratada como criminal, su información personal y sensible fue filtrada a los medios de comunicación”, afirmó Tania Osiris Cabrera Fuentes, integrante de la Red Violeta.

En redes sociales de periodistas y de medios de comunicación se publicó su nombre y domicilio completo, infringiendo Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA) que en el Capítulo Décimo Séptimo prohíbe la divulgación de datos personales de menores.

“Además, agregaron (los medios) información falsa con la que sensacionalizaron la situación y presentaron una historia totalmente amarillista y morbosa”, indicó.

La feminista destacó que en el caso de Fátima, o cualquier menor de edad, las autoridades de la Secretaría de Salud, el DIF Morelos, el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos deberían revisar “cómo ayudan a la menor de edad porque podría ser víctima de algún tipo de abuso o delito y dejar de maltratarla y revictimizarla”.

Cabrera Fuentes añadió que “existen causales legales en el estado por las que el aborto está permitido. Además de que existe un Código Internacional avalado por la ONU, que advierte que el aborto es un derecho. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha pedido al estado de Morelos que legisle a favor del derecho a decidir de las mujeres”.

Destacó que se deben considerar que en muchos casos el aborto se da en condiciones clandestinas, insalubres y a escondidas por el reproche emocional, social y legal al que son sometidas las mujeres que deciden sobre sus cuerpos.

Y normalmente cuando una mujer llega a un hospital “son juzgadas, maltratadas y amenazadas por el personal de Salud y además se les condiciona el servicio médico, obligándolas a realizar una declaración, acusándolas ante el Ministerio Público por el delito de aborto”.

Este no es el primer caso. A finales de julio, en el municipio de Cuautla, una mujer atendida en el Hospital General Mauro Belaunzarán, posteriormente fue denunciada y su información personal fue difundida.

Por esta razón, “las diferentes organizaciones y colectivas que integran a Red Violeta nos pronunciamos contra estos actos de odio hacia las mujeres, tanto por parte del personal médico y administrativo, de la Fiscalía, del Ministerio Público, de periodistas, de medios de comunicación y de la sociedad en general, pues los representantes del Estado no han sido capaces de garantizar la vida, salud, seguridad y protección de datos de las mujeres y adolescentes”, destacó la vocera de Red Violeta.

Indicó que las autoridades del gobierno de Morelos deben garantizar la aplicación de un protocolo con perspectiva de género en este tipo de casos.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) desmintió la información difundida sobre el caso y que exista alguna orden judicial, pero no desmintió el caso de  Fátima.

Señaló que la FGE es respetuosa de las garantías individuales y derechos fundamentales y su labor se circunscribe a los conceptos y límites que la propia ley establece, generando su función de acuerdo a lo que el marco normativo establece.

Se busco una versión de la Secretaría de Salud , durante la conferencia de prensa que se ofrece todos los días para hablar de la pandemia, pero Francisco Reyes, vocero del gobierno de Morelos, consideró que no debía responderse por ser otro tema, a pesar de que en otras ocasiones en ese mismo espacio se ha dado respuesta a otros tópicos como el caso de las personas que fallecieron por beber mezcal adulterado en mayo pasado.