El juez Jorge Luis Solís Aranda fue destituido luego de que determinó no vincular al servidor público de Luis Alonso“N” del Ayuntamiento de Puerto Vallartaquien fue descubierto en flagrancia de un presunto abuso en contra de una menor, quien de acuerdo con trascendidos, el juez argumentó que al no haber sentido placer la menor, no procedía el delito, desconociendo por completo el principio del interés superior del menor.

El anuncio de la destitución lo hizo este domingo en sus redes sociales el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que habló con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suroy le aseguró que se tomarían cartas en este asunto.

“Ante los rumores de que un abusador de menores fue dejado en libertad en PuertoVallarta, quiero aclarar que sigue en la cárcel por el delito de abuso sexual infantil. Acabo de platicar con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y me confirma que el Consejo de la Judicatura tomará cartas en el asunto de inmediato. El juez que decidió no vincular a proceso a este criminal por el delito de corrupción de menores ya fue separado del cargo y pagará las consecuencias de su inmoralidad“.

El 14 de agosto, el juez Jorge Luis Solís Aranda rechazó la vinculación a proceso del servidor público del municipio de Puerto Vallarta Luis Alonso por el delito de corrupción de menores, que el CódigoPenal define como “la iniciación o práctica de la actividad sexual”, con castigo de cuatro a siete años de cárcel cuando el agresor se valga de alguna situación como tener poder o ser funcionario público.

Los hechos ocurrieron el 26 de juliocuando policías municipales realizaban su recorrido de vigilancia en las calles de la Colonia El Salitrillo y al acercarse al vehículo de Luis Alonso “N”, se percataron de lo que ocurría al descubrir a una menor de 10 años a quien había estado tocando el acusado.

Pese a las pruebas aportadas por la Fiscalía, la decisión del juzgador han provocado que la sociedad cuestione y exija la impartición de justicia, sobre todo en este hecho donde está involucrada una menor de edad como víctima de presuntos actos de violencia sexual y cuando de acuerdo con el Código Penal, en el Artículo 142-L, señala que la pena será de uno a cuatro años de prisión si la víctima tiene entre 12 y 17 años, y de tres a seis años de cárcel si es menor de los 12.

Por lo pronto, además de la destitución del juez, la Fiscalía estatal interpondrá  un recurso de apelación, al considerar que con dicha resolución se vulnera el principio de legalidad y seguridad jurídica, además de que esta decisión violenta los derechos de la víctima dado que vulnera el principio de máxima protección y el interés superior de la menor de 10 años de edad, dejando además de lado la perspectiva de género.

El ministerio público se encuentra en la etapa de investigación complementaria obteniendo datos de prueba que permitan fortalecer la hipótesis del caso.