El gobierno de México, a través de la cancillería, solicitó formalmente a España la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para que enfrente la justicia mexicana por el delito de lavado de dinero.

Fuentes diplomáticas informaron a EL UNIVERSAL que México tenía de plazo hasta el viernes para realizar el procedimiento diplomático, que se realizó luego que la Fiscalía General de la República (FGR) entregó todos los requerimientos.

Tras casi un año de permanecer prófugo, Lozoya Austin fue detenido por la Interpol en un fraccionamiento de lujo, ubicado en la provincia portuaria de Málaga, España. Al ser privado de su libertad, se identificó con una licencia de conducir falsa de la Ciudad de México.

La Policía Nacional española señaló que desde el momento en que las autoridades mexicanas iniciaron una búsqueda internacional para detener a Lozoya Austin,  obtuvo indicios que situaban al exfuncionario en diferentes localidades españolas.

Lozoya Austin es requerido por el Juez de Distrito Especializado en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia penal federal de la Ciudad de México para ser enjuiciado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con una pena máxima prevista de 15 años.

Lo anterior con base en que el exdirector de Pemex, “Emilio Ricardo Lozoya Austin, adquirió un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de los recursos o alentar una actividad ilícita con contubernio con los imputados Alonso Ancira y Gilda Susana Austin, crearon un elaborado esquema destinado a operar recursos de procedencia ilícita dentro del Sistema Financiero Nacional con la finalidad de ocultar el origen destino y beneficiario final de los mismos, lo anterior en virtud del posible desarrollo de actos de corrupción vinculados con el ofrecimiento de contratos ilícitos a su favor por parte de Petróleos Mexicanos a cambio de la entrega de un bien inmueble.  Lo anterior causando grave perjuicio a Estado Mexicano”.

Con información de El Universal.