Hoy se dio a conocer el índice a la corrupción. Mediante este estudio, se reveló que los mexicanos aprueban la acción del gobierno para combatir la corrupción y se ubica como el que cuenta con más confianza en América Latina.
Los resultados se reflejan en esta escala de 8 posiciones. Es una síntesis de diferentes metodologías, explicó la titular de la dependencia durante la conferencia matutina.
De esta manera, México sube del 138 al lugar 130. Año tras año iba en tendencia decreciente. Sin embargo, este ranking no tomó en cuenta todo el periodo de la 4T, porque se cerró en agosto del 2019. Así, no contempló otras medidas anticorrupción como la Ley de Austeridad Republicana.
Más temprano, la Secretaría emitió un comunicado donde informó que México escaló ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019.
“Entre las acciones que la Función Pública realizó en 2019 destacan: declaraciones patrimoniales transparente del gabinete legal y ampliado al 100%; los nuevos formatos de declaración patrimonial, que enfatizan en el combate a los conflictos de interés; las sanciones a ex funcionarios de alto nivel, la lucha contra el clientelismo y el corporativismo, y la política de austeridad republicana”.
“Además, la publicación de un nuevo Código de Ética para el Gobierno Federal; la ciudadanización del combate a la corrupción; la firma de convenios de colaboración con instituciones como agencias de la ONU, la UNAM, la Cámara de Diputados, y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entre otras; sanciones contundentes y efectivas en los más altos niveles en los casos de la
“Estafa Maestra” y Odebrecht; el lanzamiento del portal Nómina Transparente; la profesionalización del servicio público con perspectiva de género; así como la culminación en el actual gobierno del espionaje inmoral e ilegal a ciudadanos y opositores”.
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De acuerdo con esta información, dado que el IPC sólo abarca hasta agosto de 2019, no refleja el impacto de acciones fundamentales desplegadas por el Gobierno de México durante los últimos meses del año pasado. Entre las cuales destacan la entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana, impulsada por la Función Pública; las observaciones a estados y municipios por más de 46 mil millones de pesos; el lanzamiento del Padrón de Integridad Empresarial; las primeras denuncias del programa Alertadores Internos y Externos de la Corrupción; la puesta en marcha del programa Denuncia Paisano, así como la publicación del programa transversal de combate a la corrupción, y la creación de un Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción en el INEGI.
Además que para eliminar el fenómeno de las “puertas giratorias”, en la Ley Federal de Austeridad Republicana se estableció una veda de 10 años para que altos funcionarios no se contraten en empresas que hayan supervisado y regulado.
Con información de Revolución tres punto cero.
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