La seguridad de la tenencia se refiere a las personas que cuentan de forma continua y segura con el derecho al suelo y, en consecuencia, a la posesión de la vivienda. Esto incluye el acceso a la tierra en distintas modalidades a la propiedad privada, como las comunidades ejidales, comunales o cooperativas.

Sin embargo, 16.3% de las viviendas propias habitadas carece de tenencia segura por falta de escrituras en el país.

Lo anterior repercute especialmente en los grupos en condición de vulnerabilidad, como la población indígena y los hogares rurales, donde las casas carecen de escrituras en una proporción más elevada (23.6% y 25.3%, respectivamente).

El Gobierno precisa que, en ciertos casos, sí cuentan con el reconocimiento de las autoridades de sus comunidades. Sin embargo, para que la tenencia sea segura se requiere cuando menos del reconocimiento escrito de la autoridad municipal, que implica la escrituración para proteger al propietario y sus herederos.

Por otro lado, para la vivienda en renta se necesita un contrato de arrendamiento con base legal para formalizar y armonizar la relación entre el inquilino y el propietario. Pero esto se encuentra lejos de ser garantizado para ambos casos, existiendo retos que caracterizan las deficiencias a subsanar para lograr la tenencia segura en México. El primero es que se desconoce la magnitud exacta del problema; por ejemplo, si bien el Instituto Nacional de Suelo Sustentable estima que en el país existen 7.5 millones de lotes irregulares de uso habitacional, no existe un registro o medición oficial al respecto.

Otro reto se refiere al proceso de escrituración, que adolece tanto de información como de difusión ineficiente en relación a los trámites y catastros realizados en el Registro Público. Esto resulta en procedimientos tardados y costosos para las personas.

De acuerdo con datos reportados por la Condusef, los gastos notariales llegan a representar hasta 10% del valor de un inmueble.

La falta de asequibilidad de una escritura perjudica a las personas propietarias, pues además de exponerlas al riesgo de sufrir invasión o desalojo, limita el pleno ejercicio de los derechos sobre una propiedad.

Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población.

Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de Gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos.

Fomentar conjuntamente con el sector social y privado, condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda.

Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada.

Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación de territorio.

En México existe un alto rezago habitacional que aqueja a un segmento considerable de las personas.

La carencia por calidad y espacios de vivienda afecta al 11.1% de la población, mientras que 19.8% experimenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.

Esta problemática se exacerba en el caso de grupos en condición de vulnerabilidad. La población indígena, por ejemplo, cuenta con mayores carencias por calidad y espacios de vivienda (28.5%) y por acceso a los servicios básicos (57.7%).

Y el rezago habitacional por deterioro de materiales afectó a 7.2 millones de viviendas en 2016; es decir, 22% de todas las casas del país.

Durante el primer semestre de 2019, la venta de vivienda popular en Jalisco bajó. Mientras en los primeros seis meses del año pasado se colocaron 13 mil 894 casas de interés social, en el mismo periodo de este año fueron sólo seis mil 722.

El Estado fue el que registró la mayor caída a nivel nacional en la colocación de casas con valor de entre 316 mil y 537 mil pesos, seguido por Yucatán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Fernando Córdova Canela, jefe del Laboratorio de Vivienda en la UdeG, comenta que esta caída está relacionada a la disponibilidad de los subsidios federales, los cuales se redujeron en este año.

El Programa Vivienda Social, a través del cual se otorgan apoyos a la población de bajos ingresos para vivienda asistida y cofinanciamientos, tuvo el presupuesto más bajo de los últimos siete años.

La bolsa a repartir es de mil 726 millones de pesos en este año, frente a los seis mil 837 millones que se presupuestaron el año pasado. 

Realizar un levantamiento nacional para caracterizar la problemática de la vivienda informal y abandonada, complementándolo con estudios que, desde enfoques interdisciplinarios, permitan entender mejor ambas problemáticas y así diseñar soluciones de atención que las mitiguen y las prevengan.

Diseñar y realizar el registro y medición del número de lotes irregulares de uso habitacional en el país.

Desarrollar un registro de proveedores de vivienda en donde exista visibilidad de los propietarios de las empresas y filiales asociadas, entre otros, para inhibir malas prácticas.

Desarrollar un programa de capacitación en materia de transparencia y rendición de cuentas, el cual brinde las herramientas para detectar y denunciar actos de corrupción.

Colaborar con Estados y municipios en un análisis del desarrollo y comercialización de la vivienda para identificar brechas en el cumplimiento del marco normativo y simplificar los procesos.

Generar esquemas de capacitación y certificación para hacer un uso eficiente de los recursos de programas con subsidio federal.