Son días aciagos para la presidencia de la república y para Andrés Manuel López Obrador. 

La violencia en nuestro país continúa desbordada, de acuerdo con los propios números del gobierno federal, el 2019 será el año más violento desde que se tiene registro. 

El affaire Ovidio-Culiacán sigue generando opiniones encontradas, pero es claro que en más de un sentido el evento le ha pegado a la credibilidad del presidente. Por si esto fuera poco, ayer, 10 miembros de una familia norteamericana asentada en los límites de los estados de Chihuahua y Sonora (algunos medios dicen que 12) fueron acribillados y calcinados, entre ellos varios menores de edad. 

Es evidente que el Estado no está cumpliendo su labor principal de proteger a las personas y que el crimen organizado no va a respetar las instituciones de una nación que poco ha hecho para detener la violencia y los asesinatos de inocentes que nada tienen que ver con el negocio de las drogas y las armas. 

Ante este complejo escenario para el gobierno federal bien valdría la pena preguntarnos que están haciendo los gobernadores de los estados. ¿Están esperando indicaciones del gobierno federal o están dejando toda la responsabilidad al presidente? ¿Qué hacen las policías estatales y municipales para hacer frente al crimen organizado y proteger a los ciudadanos? ¿Existen estrategias diferenciadas en cada entidad? 

¿Dónde está el gobernador de Sinaloa y el alcalde Culiacán después de lo que aconteció en ese municipio? 

¿Dónde estaban los gobernadores de Sonora y Chihuahua cuando la familia Lebarón estaba denunciando los riesgos a los que estaba expuesta?

Con información de Noticias ZMG, Twitter.