En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cerca de 400 servidores han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien ha aplicado también sanciones resarcitorias por una suma que supera los 656 millones de pesos.

La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, contó a Notimex que recibieron una Administración Pública Federal “en llamas, con muchísimos escándalos, con muchísimas necesidades de remontar los problemas y una falta de organización”.

Por ese motivo, se han hecho todas las inhabilitaciones señaladas, así como más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y 111 sanciones económicas que suman un monto mayor a los 657 millones de pesos.

Explicó que los medios le han dado mayor relevancia a casos como el del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien quedó habilitado por 10 años, por ser uno de los más sonoros, pero no son los únicos.

Dijo que se ha trabajado a marchas forzadas y, por ello, próximamente se darán a conocer resultados de la llamada “estafa maestra”, que fue una red de complicidades que se aprovecharon de las instituciones de educación superior.

La funcionaria prefirió no revelar los casos en los que están trabajando porque “hay secreto procesal”, pero aseguro que el combate a la impunidad ha sido constante y que a estas alturas “ya más o menos” tienen el control, aunque aún falta por hacer.

Sobre la pregunta de cuál era el sector que más problemas ha presentado por incumplimiento e irregularidades, respondió que lamentablemente es parejo y “no hay ni para donde ir”.

Un ejemplo de esto es el caso de la “estafa maestra”, donde se creía que sólo estaban relacionadas dependencias como Sedatu o Desarrollo Social, pero que han encontrado también vínculos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Relaciones Exteriores.

“Funcionarios de Relaciones Exteriores contrataban a la Universidad de la Chontalpa. Haga de cuenta una universidad muy chiquita, para que le tradujera un reglamento X o Y para la aplicación de su normatividad”, dijo.

La misma situación se daba en ámbitos energéticos, donde era muy llamativo como se encargaban estudios muy sofisticados para hacer las ingenierías petroleras o las ingenierías para cualquier proyecto de desarrollo, gastando millones de pesos sin sentido.

“Y nos habíamos dado cuenta en esas auditorías iniciales que eran trabajos sacados de Wikipedia. Cosas cínicamente defraudadoras de los recursos”, añadió.

Bajo la austeridad republicana

Sobre la inquietud que existe por las políticas de austeridad en la nueva administración, Sandoval Ballesteros dijo que lo que se está aplicando es una “austeridad republicana”, lo que significa que:

“Somos un gobierno muy rico y sí, somos un país muy rico, pero somos la 14ª economía del mundo con un pueblo muy pobre, que además se ha acostumbrado a ver como natural el derroche de muchos funcionarios”.

Por eso dijo que la intención de este gobierno es poner punto final a la parafernalia del poder y “simplemente reorganizar los recursos”, pues no se trata ni de generar recortes ni economías de forma falsas.

Insistió en que la austeridad republicana de Estado se diferencia de la “neoliberal” porque en esta última se imponen recortes a programas sociales, de salud y de educación.

Con esos recortes se logra una administración pública federal con “cientos y cientos, miles diría, de direcciones generales adjuntas que no son otra cosa que ayudantes con buen sueldo de los directores generales”.

No obstante, los recortes que hace este gobierno no significan el recorte masivo de personal, por lo que no están realizando ningún ajuste ni ninguna reorganización con los funcionarios operativos ni con quienes realizan actividades sustantivas.

“Entonces los trabajadores de base, los trabajadores de operativo y los trabajadores que hacen las actividades sustantivas en la administración pública federal no están siendo tocados ni con el pétalo de una rosa”, señaló.

Luego declaró sobre las recientes restricciones impuestas a investigadores del Conacyt, explicando que los funcionarios públicos de las instancias de educación estaban acostumbrados a hacer “turismo académico y político”.

“Viajaban para China y a la mínima provocación a Estados Unidos, a Europa”, dijo. Por lo que AMLO explicó que no se trata de no utilizar recursos, sino de usarlos cuando sea verdaderamente necesario.

Aseveró que los becarios, estudiantes e investigadores que tengan que salir a dar a conocer sus resultados a congresos, a seminarios, “tienen aseguradas esas prerrogativas, pero porque ellos son los que hacen sustantivamente el trabajo de esas instituciones de investigación”.

Con información de Polemon.