El 7 de octubre del 2020, un magistrado del propio Tribunal me confirmó que había sido exitoso el cabildeo del responsable jurídico de Palacio, Julio Scherer Ibarra, con magistrados del Tribunal, a los que convenció de negarle el registro a México Libre.

Sí, igual que había ocurrido en el INE, Scherer Ibarra amenazó, exhibió expedientes sucios y ofreció “futuros políticos”, a cambio de torcer la ley a favor del “interés superior” del presidente.

Y, de la misma manera, el poder presidencial operó con una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, a quienes el enviado de Palacio “convenció” con la amenaza sutil de hacer públicos “los trapos socios” y las pillerías y, sobre todo, con los infaltables “premios del poder”; premios en metálico y con muchos dígitos.

Al final se cumplió lo que aquel 7 de octubre del 2020 nos confió un honesto magistrado del Tribunal Electoral quien, en congruencia, votó a favor de otorgar el registro a México Libre.

El pasado 8 de octubre, a través de mensaje de WhatsApp, pregunté a uno de los dirigentes de México Libre sobre el futuro de ese partido, en el Tribunal Electoral.

Así la pregunta: “¿Qué esperan del Tribunal Electoral…? Me dicen que una mayoría está por negarles el registro”.

La respuesta del dirigente de México Libre fue la siguiente: “Si lo hacen, es un golpe a la democracia… Quizá no saben cómo hacerle porque tenemos el derecho de nuestra parte”.

el jueves 15 de octubre del 2020 a través de un grosero “albazo”–, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial rechazó otorgar el registro a México Libre.

De esa manera, esos mexicanos sin lealtad a la ley, sin libertad y, sobre todo con dueño, torcieron la legalidad y están en la historia como culpables de la muerte de la democracia; junto con una mayoría de conejeros del INE.

Es decir, que esos magistrados fueron comprados y sometidos por el poder presidencial, lo que confirma la muerte de la democracia mexicana; confirma que en México las elecciones dejaron de ser confiables y, por tanto, que veremos un fraude de Estado en los comicios del 2021 y 2024.

En pocas palabras, lo que hoy presenciamos los mexicanos –a solo 22 meses del Gobierno de AMLO, es la destrucción de por lo menos 30 años de lucha democrática; la muerte de las instituciones farsantes de la democracia y, por tanto, asistimos al regreso del PRI más autoritario y dictatorial.

Pero acaso lo más vergonzoso son los argumentos vertidos por los “magistrados electorales” convertidos en verdaderos lacayos del presidente, quienes por consigna votaron a favor de darle el “tiro de gracia” al partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, al tiempo que avalaron a los nuevos “partidos paraestatales”, en abierta violación constitucional.

Y es que no slo exhibieron argumentos pedestres y ridículos –como se pueden leer en la estenografía, sino inconstitucionales y contrarios a los propios razonamientos esgrimidos para otorgar el registro a esas nuevas “empresas paraestatales” los partidos Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, verdaderos paleros de Morena y del presidente López, que evocan los tiempos de la antidemocracia priista.

Pero más allá de la forma, lo preocupante del fondo es que “con el tiro de gracia” a México Libre tiro disparado por el Tribunal Electoral para congraciarse con el presidente–, se ratifica la muerte de la democracia mexicana toda; al tiempo que asistimos al sepelio de los opositores, al regreso de los “partidos de Estado” y a la dictadura de López Obrador.

Y es que pueden decir misa y argumentar lo que gusten y manden, pero lo cierto es que al dar muerte a la “división de poderes”, los Poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial están en manos de un solo hombre y órganos autónomos como el INE y el Tribunal Electoral, no son más que paleros del presidente, quienes obsequiosos obedecen las consignas de Palacio.

En pocas palabras, México vive hoy la misma historia que, entre otros países del continente, vivieron Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en donde tiranos populistas llegaron al poder por la vía democrática y, a pocos meses, ya habían derribado los andamios que sostenían a sus respectivas democracias. Sí, hoy los mexicanos estamos de luto; ha muerto la democracia y se instauró la dictadura.

TEPJF RATRIFICÓ QUE MÉXICO NO OBTENDRA REGISTRO:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) votó en su mayoría a favor del proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés que proponía confirmar la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de otorgar el registro de México Libre como partido político.

Con cuatro votos a favor y tres votos en contra, los magistrados respaldaron la decisión del INE, donde negaron el registro como partido político de la organización social Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. y rechazaron el recurso de apelación de la misma.

A favor votaron Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez. En contra, Reyes Rodríguez Mondragón, Indalfer Infante González y Janine M. Otálora Malassis.

De acuerdo con el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, la organización encabezada por Margarita Zavala, “omitió presentar instrumentos idóneos que permitieran el origen de casi 50 aportaciones en efectivos por la cantidad de 1 millón 61 mil pesos”.

El magistrado consideró que no cumplieron con el requisito de acreditar que las aportaciones, hechas a través de la terminal CLIP, hubieran sido a través de un cheque o una transferencia electrónica, como lo estipula el Artículo 96, para montos superiores a 90 UMAS.

En el caso de CLIP, informó, no es posible acceder a datos personales como el número de cuenta y banco de origen, fecha de la aportación, número de cuenta y banco, así como el nombre del beneficiario.

Además, aseguró que el contrato de prestación de servicios entre la actora y CLIP, estipula que la adhesión para prestación del servicio prohíbe su utilización para la venta de productos o servicios relacionados con transacciones en los partidos políticos.

“CLIP no podría haber sido empleada al no ser acorde a las bases y requisitos exigidos por el marco jurídico en materia de rendición de cuentas”, aseguró el magistrado Valdez.

Por último, aseguró que la autoridad electoral fue clara en establecer las omisiones en las que había incurrido la organización, así como en la documentación que deberían presentar para cumplir con los requisitos para conformar un partido político.

Por su parte, el magistrado Indalfer Infante González aseguró que el INE debería valorar si la situación generada “a partir de la conducta irregular de la organización es trascendente o no para sus efectos de registro como partido político”.

Por lo anterior, propuso “revocar la resolución del INE para los efectos de que la responsable analice si la conducta de la actora trasciende más allá de la fiscalización y es determinante o no en el procedimiento de registro”.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que “tanto en el recurso de apelación como en los juicios ciudadano, los demandantes tienen razón sobre las irregularidades que refleja la resolución del INE”.

Y aclaró que, a su juicio, el INE “no desplegó sus facultades de investigación o para ordenar un proceso oficioso de investigación” para llegar al fondo de las aportaciones y, en dado caso, confirmar que estaban dentro del marco de la legalidad.

La magistrada Janine M. Otálora Malassis estuvo de acuerdo y, además, propuso que se revocara la decisión, pero únicamente para reponer el procedimiento para que el INE realizara las tareas necesarias de investigación.

“Su obligación es determinar el origen y destino de la financiación de los partidos. El INE tenia los elementos necesario para identificar las aportaciones y allegarse mediante requerimientos de mayores elementos de análisis”, dijo.

Al respecto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera indicó que el INE precisó en todo momento que se atenían a las obligaciones del criterio de fiscalización. Es decir, “quien tiene la obligación de cumplir y demostrando que fue con cheque o transferencia, es la organización de ciudadanos”.

Por último, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso consideró que “la autoridad responsable actuó de manera debida al negar el registro, pues la agrupación actora desatendió los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, vinculados con su solicitud como partido político nacional”.

Con información de Debate.