En los primeros días de septiembre los datos empeoraron y comenzaron a reflejar la insostenible situación: nueve de las diez ciudades más afectadas en España se localizaban en la Comunidad de Madrid.

El Gobierno español, tras una fatídica lentitud en la toma de medidas a comienzos de marzo de 2020 que provocó miles de muertos y un confinamiento letal para la economía de más de dos meses, diseñó y presentó en mayo un plan de desescalada riguroso, razonable y acertado. Las provincias deberían pasar catorce días por cada fase, con un total de cuatro fases –de 0 a 3–, y solo podrían pasar a la fase siguiente si cumplían con una serie de hitos. De esta manera, las zonas más afortunadas se encontrarían en la ‘nueva normalidad’ –similar a la situación anterior a la pandemia, pero con ciertas medidas de seguridad y unas pocas limitaciones– a finales de junio y las más afectadas tardarían más. España atisbaba entonces la luz al final del túnel, pero Madrid ya sabía en esos momentos que sería casi imposible alcanzar la ‘nueva normalidad’ a finales de junio y tendría que esperar. Pero se negó a ello y estalló el conflicto.

Hoy, Madrid, según el epidemiólogo de la universidad de Harvard Miguel Hernán y al contrario de lo que muestran las cifras oficiales (ocupación del 35 por ciento), se encuentra con el 95 por ciento de las camas de cuidados intensivos saturadas por enfermos de COVID-19. Una cifra que se elevaría hasta el 112 por ciento en los hospitales públicos. Es decir: al borde del abismo. A continuación, el relato sobre cómo Madrid quebró el plan de desescalada, incumplió los requerimientos necesarios para minimizar el impacto de una segunda ola y provocó que siete millones de personas se encuentren al borde del abismo sanitario y económico.

MADRID SE QUEDA EN LA FASE 0: COMIENZA LA GUERRA SOCIAL

La derecha española atacó al Gobierno con todas sus fuerzas: desde la ultraderechista Vox y el Partido Popular arremetieron contra el Gobierno, al que acusaron, literalmente, de estar perpetrando un golpe de Estado y cercenar las libertades y los derechos ciudadanos.

En Madrid, Isabel Díaz Ayuso comenzó su campaña para conseguir lo que ya sabía que sería imposible de lograr, que la región pasara cuanto antes de fase y antes del 1 de julio, comienzo del período turístico más importante, la Capital se encontrara en la “nueva normalidad”. No escatimó en sus ataques. Acusó a Pedro Sánchez de estar causando la ruina de Madrid, al que, según ella, estaba arrojando a un precipicio. Además, de acuerdo con el discurso más radical de la derecha más ultra y la ultraderecha, sostuvo que el sistema constitucional, así como la unidad de España, estaba siendo minado para convertir a los madrileños en rehenes. No contenta con aseveraciones tan gruesas, presentó una demanda en el Tribunal Supremo contra el Gobierno por una supuesta ilegalidad en el confinamiento de Madrid.

Fue en esas fechas cuando salieron a manifestarse a la calle, a una calle –Núñez de Balboa– para ser más exactos, las élites madrileñas, los poseedores de los mayores recursos económicos. Las grandes fortunas. La calle Núñez de Balboa se sitúa en el Barrio de Salamanca, una de las zonas más adineradas de España, y la mayoría de las manifestaciones, cacerola en mano, solo estuvieron compuestas por unas pocas decenas de personas, quizás unos cientos, pero la mayoría de los medios de comunicación –diarios, radios y televisiones– se volcaron y les otorgaron una visibilidad mediática que grupos más numerosos y causas más justas jamás tuvieron. Les convirtieron en el epicentro de la información mediática. Lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta que los medios de comunicación españoles pertenecen, en su mayoría, de forma directa o indirecta, a esas mismas élites. En ese momento, la crispación y la exaltación convirtieron España en una olla a punto de estallar.

25 DE MAYO DE 2020, MADRID PASA A LA FASE 1

Isabel Díaz Ayuso prometió mil rastreadores y afirmó que asumiría toda la responsabilidad de lo que sucediera: “Yo soy la responsable de que esto salga bien o mal. Lo asumo y lo asumiré”. No se quedó ahí, sino que aseveró que Madrid estaba preparada para pasar de fase. Ante las presiones, a la tercera propuesta, el 24 de mayo, Madrid pasó a la fase 1. Hoy sabemos que Isabel Díaz Ayuso mintió: ni contrató los rastreadores prometidos ni, llegado el caso, ha asumido la responsabilidad.

La Comunidad de Madrid recibió mil 500 millones de euros del Gobierno español con el fin de reforzarse ante la pandemia. Hoy, nadie sabe muy bien cómo se utilizaron.

Pero las sombras sobre la insuficiencia de condiciones para pasar de fase ya eran más que evidentes en ese momento. Dos semanas antes, el 7 de mayo, Yolanda Fuentes, entonces directora general de Salud Pública de Madrid, había presentado su dimisión por considerar que Madrid no estaba preparada para pasar de fase, tal y como ya entonces sostenían sus jefes, debido a que no se cumplían con los requisitos sanitarios necesarios ni se contaba con el número de rastreadores necesarios.

JUNIO DE 2020, EL GOBIERNO SE RINDE

La presión siguió aumentando y, sobre todo, el coste político comenzó a ser insostenible para el Gobierno español. Y en política todo es asumible, ya se trate de pobreza, desigualdad, injusticia o hambre, menos el desplome político. Una cosa es jugar con el futuro de los ciudadanos y otra es jugar con el futuro propio. Por ahí la mayoría de los políticos no pasa. Así, el Gobierno español, especialmente el PSOE, asumió que lo mejor sería transferir todas las competencias. Si el movimiento salía bien, se habrían quitado un peso de encima; y si salía mal, serían ellos los que pasarían la factura del coste político a los responsables. En el funesto tablero, la salud y la vida de miles de personas, porque lo cierto es que a mediados de junio pocos dudaban de las fallas en el cumplimiento de los requerimientos y obligaciones de Madrid.

De hecho, la Comunidad de Madrid en ningún momento escondió sus intenciones y el día 24 de junio anunció la construcción de un nuevo Hospital de Emergencias en una parcela de Valdebebas. Mientras ello sucedía, los sanitarios protestaban porque sus contratos no eran renovados tras el esfuerzo que supuso trabajar durante la fase aguda de la crisis. Lo cierto es que Madrid no necesitaba ni necesita un nuevo hospital, no necesitaba ni necesita un nuevo negocio para las constructoras, necesitaba y necesita más sanitarios –en España hay unos 10 sanitarios por cada mil habitantes y en Madrid la cifra se eleva a 11, muy lejos de los países más desarrollados de Europa, donde la cifra oscila entre 14 y 17–.

JULIO Y AGOSTO DE 2020, LA FORJA DEL DESASTRE 

En julio y agosto se mantuvo la misma tendencia: no se contrataron ni rastreadores ni sanitarios en Madrid. Ello supuso una pérdida de tiempo de un valor incalculable, máxime cuando la Comunidad de Madrid recibió 1.500 millones de euros del Gobierno español con el fin de reforzarse ante la pandemia. Hoy, nadie sabe muy bien cómo se utilizaron.

El comportamiento de Isabel Díaz Ayuso ha sido abiertamente temerario y ha actuado con total desprecio por la salud de los ciudadanos. En muchas ocasiones valiéndose de falacias y trampantojos.

En paralelo, Catalunya y Aragón fueron seriamente afectadas por un repunte de los contagios y, al contrario que Madrid, tomaron medidas de forma inmediata, solucionando en gran medida la crisis que sufrieron. En ese momento, muchos sospechaban que las cifras en Madrid no podían ser reales: o bien no se contabilizaban todos los casos o bien los datos eran falsos. Cada día que pasaba, la sospecha crecía. Mientras Catalunya y Aragón tomaban medidas, Madrid dejaba expandirse al virus. A finales de agosto, pocos dudaban que Madrid era una bomba de relojería ocultada por el propio Gobierno madrileño, sin embargo Isabel Díaz Ayuso arremetía entonces contra el aeropuerto de Barajas, competencia del Gobierno de España. Los datos la desmintieron, pues menos del 1 por ciento de los positivos son importados. Otra mentira, otro comportamiento deshonesto.

SEPTIEMBRE DE 2020, MADRID CAOS Y COLAPSO 

En los primeros días de septiembre los datos empeoraron y comenzaron a reflejar la insostenible situación: nueve de las diez ciudades más afectadas en España se localizaban en la Comunidad de Madrid. De la noche a la mañana, los datos dieron un, no tan sorprendente, giro. Las sospechas se confirmaron: Madrid e Isabel Díaz Ayuso habían mentido. Pero esta, de nuevo, arremetió contra el Gobierno español, al que acusó de tener manía a Madrid y, antes, culpó a los migrantes de propagar el virus en el sur de Madrid por su “modo de vida”. El aeropuerto de Barajas ya no era suficiente.

Miércoles 16 de septiembre. Madrid se convierte en un caos y colapsa. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, afirma que se necesitan medidas drásticas, como confinamientos selectivos. Isabel Díaz Ayuso se entera por un WhatsApp. El caos es patente. El Gobierno de Madrid ha perdido el control por completo de la situación. Pide ayuda al Gobierno y solicita una reunión para el viernes 18 de septiembre. La reunión se aplaza. El Gobierno español no está dispuesto a asumir el coste político de la crisis madrileña.

Lunes 21 de septiembre. Isabel Díaz Ayuso decide implementar un confinamiento selectivo de áreas sanitarias, pero el Gobierno español filtra la necesidad de confinar por completo Madrid. La Comunidad se niega.

Miércoles 23 de septiembre. Madrid, desesperada, pide la intervención del Ejército y anuncia la reapertura del hospital de campaña IFEMA, pero Madrid no necesita solo camas, sino personal sanitario. Incomprensiblemente, o no tanto analizando la trayectoria, desde el Gobierno madrileño se  culpa al Gobierno español al afirmar que una crisis de esta naturaleza solo puede ser afrontada por el Estado, cuando en el mes de junio Isabel Díaz Ayuso afirmaba justo lo contrario: que Madrid tenía capacidad de gestión para la crisis sanitaria y que, en todo caso, asumirían la responsabilidad de lo que aconteciera.

LOS ERRORES DE ESPAÑA

Un equipo internacional de científicos ha elaborado un informe -que publican en la revista británica The Lancet- en el que apuntan cuáles fueron los principales errores que cometieron varios países, entre ellos España, durante las diferentes fase de desescalada.

El informe, titulado “Lecciones aprendidas al aliviar las restricciones de COVID-19: un análisis de países y regiones de Asia Pacífico y Europa”, analiza cómo aplicaron esas medidas en Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Reino Unido, Alemania, Noruega y España.

Analizan los científicos cómo se han aplicado las restricciones y en esos nueve países con un alto nivel de ingresos tras las fases más críticas de una pandemia “sin precedentes” y para afrontar la situación y evitar que sus sistemas sanitarios se colapsaran.

Los científicos han apuntado las “importantes lecciones” que un análisis de estas características puede aportar a la comunidad internacional y ante el futuro incierto a causa del coronavirus, y han subrayado que el bloqueo de toda la actividad ha salvado muchas vidas pero ha tenido un elevado coste social y económico.

Han insistido en el un levantamiento prematuro de los bloqueos podría provocar un resurgimiento de infecciones y causar daños a la economía aún más graves y a largo plazo que los que ya se han registrado.

En el caso europeo, los científicos han centrado el análisis en dos países que fueron “gravemente afectados” por la primera ola de la pandemia (España y el Reino Unido) y dos que no sufrieron esas consecuencias tan graves (Alemania y Noruega).

Y han expresado su preocupación ante la aparente ausencia de estrategias “claras y coherentes” para salir de las restricciones.

Los científicos han analizado cinco indicadores a la hora de aliviar las restricciones más severas: el conocimiento del estado de la infección; la participación de la comunidad; las capacidades de la salud pública; la capacidad del sistema de salud; y los controles fronterizos.

Describen que la estrategia española consistió en un plan que avanzaría en cuatro fases, pero al señalar cuál era el conocimiento en España sobre el estado de la infección los investigadores han aseverado que no existía “ningún indicador especificado públicamente”.

Al analizar cómo debía participar la comunidad, los científicos han recordado que España señaló que la distancia física de seguridad debía ser de 1.5 metros y cubrirse la boca con mascarillas cuando no se pudiera asegurar esa distancia.

Con información de Sin embargo.