Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, licenciado en Derecho por la Universidad Marista, Centro Universitario México, especialista en materia administrativa y doctorando en derecho por la Universidad Panamericana, declaro este Miércoles que se estarán realizando investigaciones en contra de empresas factureras y así identificar quienes están detrás de grupos delictivos.
En entrevista con Óscar Mario Beteta, para En Los Tiempos de la Radio, el funcionario mencionó que se implementan dos procedimientos: el primero, contra empresas facturares con labores de investigación, iniciando por el lavado de dinero y la defraudación fiscal; el segundo, aquellos que adquirieron facturas y son considerados contribuyentes de buena fe, pues no están al tanto de las operaciones delictivas.
A estos últimos, se les da un plazo de tres meses para regular su situación fiscal. Sin embargo, si no lo cumplen en ese tiempo determinado, también se abrirá una investigación en contra de ellos, aseguró el Procurador. Dichos contribuyentes serán notificados por medio de un exhorto, pero antes deben demostrar que tenían intenciones de realizar pactos criminales para engañar al fisco.
De acuerdo con Romero Aranda, las facturas amparan operaciones simuladas, como asesorías o equipos de oficinas, pero no se registraba una transacción. Este nuevo régimen permitiría a las autoridades a realizar cateos y así encontrar dinero en efectivo.
Asimismo, señaló que una parte considerable de la corrupción en el país sucede por estos esquemas, como desvíos de fondos públicos y ‘mordidas’. Concretó que, inmiscuidos en las actividades, descubrieron a varios funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) implicados en las acciones ilícitas, algunos son de segundo y hasta tercer nivel.
De igual forma, agregó que las autoridades trabajan de forma coordinada y al haber lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha relacionado con la Procuraduría Fiscal en la investigación.
Como conclusión, el Procurador invitó a los contribuyentes que compraron facturas a que se regularicen y que eviten adquirir más a partir de este año.
“A partir de 2020, habrá prisión preventiva a quien compre facturas”, agregó.
Con información de El Heraldo de México.