La voracidad de autoridades y constructores, la corrupción y la omisión de la ley, son tres de los principales problemas que enfrentan los habitantes de Guadalajara y que han propiciado un caótico crecimiento de vivienda vertical en las zonas de mayor plusvalía de la ciudad. 

Los intereses económicos detrás de esta poderosa industria no han cedido terreno frente al covid-19; hoy en el municipio, cientos de proyectos inmobiliarios continúan trabajando con “normalidad”, aprovechando que la opinión pública tiene sus ojos puestos en la pandemia y sus efectos. 

El 08 de julio de 2019, a través de una investigación de Agustín del Castillo para el diario NTR, el arquitecto urbanista y catedrático de la Universidad de Guadalajara, Jorge Fernández Acosta, ya había alertado sobre la necesidad de dar un “golpe de timón” al respecto, “las autoridades municipales, el gobierno del estado, la Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur) y el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan) deben darlo, pero “el gobierno tiene intereses” más cercanos a quienes se benefician de ese caos, y “no creo que suceda”, advirtió.

El catedrático aseguró, que las instituciones creadas en el pasado reciente “parece que están para cumplir los caprichos de los desarrolladores. Aunque suene drástico, de nada nos ha servido el Imeplan; no es un verdadero instrumento de planeación, es más bien un juguete de los caprichos inmobiliarios. No tiene capacidades jurídicas para ejercer poder de planificación y sí está sujeto a los intereses de mercado, a satisfacer los caprichos de los desarrolladores y eso es lo grave”.

Y sí. Hoy Guadalajara está a un paso de colapsar, porque más allá de la existencia del Reglamento de Gestión del Desarrollo Urbano, la autorización de una buena parte de los permisos de construcción se otorgan sin cumplir los requisitos mínimos, ignorando los coeficientes de habitabilidad y los planes parciales. 

Luis Felipe Tomé, es uno de los nombres que invariablemente aparece cuando el tema del que se está hablando es el del desarrollo vertical. Este personaje, famoso en Guadalajara, siempre ha actuado al margen de la ley sin que la autoridad haga nada al respecto. Pero no es el único caso, el modelo tapatío de construcción vertical es muy prolífico en términos de corrupción y “arreglos por debajo del agua”, acuerdos que invariablemente benefician a personajes de gran poder económico y político. Esta situación no ha cambiado en absoluto con el actual alcalde, Ismael del Toro, quién también fue alcalde de Tlajomulco, un municipio que hoy está infestado de casas abandonadas, colonias sin servicios y “fraccionamientos fantasma”. 

Un caso emblemático es el de la colonia Country Club, una de las zonas con mayor plusvalía en Guadalajara, que hoy enfrenta, entre opacidad y amenazas, el desarrollo de varios proyectos de desarrollo vertical que, de concertarse, no sólo romperan su equilibrio estético sino también su movilidad, su viabilidad urbana y el suministro de sus servicios básicos. De acuerdo con información obtenida por este medio, en la actual administración municipal se han construido 3 torres de departamentos en la colonia, dos de ellos propiedad del Emiliano Salinas, hijo del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari y quién ha sido señalado de pertenecer a una secta de tráfico sexual en los Estados Unidos.  

El 27 de febrero del 2019, Marcela Gómez de ZonaDocs, denunciaba una serie de irregularidades e injusticias que se estaban cometiendo en algunos proyectos inmobiliarios en la colonia Americana. La periodista afirmaba que “construir torres donde había casas significa multiplicar desmesuradamente la cantidad de personas que habitan el área y, por tanto, sus necesidades que socavan los derechos de quienes vivían ahí con anterioridad: electricidad, agua, alcantarillado, salud, escuelas, hospitales, seguridad”.

Si bien, como se afirma en el reportaje, el problema de la construcción excesiva de torres de departamentos tiene su antecedente más reciente en la administración del presidente municipal de Guadalajara, el priísta Ramiro Hernández García (2013-2015), la corrupción de esta “industria” ha crecido en la actual administración de Ismael del Toro.

Santiago Bastos, quien da su testimonio en la investigación uno de los vecinos afectados en la colonia Americana afirma que “las administraciones actuales han hecho todos los procedimientos para que los constructores se puedan saltar las leyes”. De esta forma, es claro que el engaño y la simulación siguen siendo la carta común de los gobiernos de MC en materia de regulación de licencias de construcción en Guadalajara.  Un gran negocio que tiene como beneficiarios a los constructores y las propias autoridades. 

Con información de Gurú Político.