Redacción

A pesar de que no se ha comprobado la eficacia de las llamadas “pruebas rápidas” para detectar COVID-19 y que no han sido avaladas por ninguna autoridad sanitaria nacional o internacional, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha desatado una intrincada polémica al insistir en su deseo de comprarlas.

Se le critica porque se podrían utilizar esos recursos económicos en otras medidas de prevención y/o atención con mayor funcionalidad y mejores resultados.

La promesa de Alfaro era aplicar 600 pruebas diarias durante aproximadamente un mes; en total, 20 mil pruebas rápidas con un costo de 20 millones 697 mil 880 pesos. No obstante, las pruebas siguen sin llegar a Jalisco debido a que, en palabras del gobernador: “han pasado cosas raras”.

“Nos habían dicho que se atoraron en aduanas, luego ya no nos contestaban el teléfono. No alcanzo a entender ahorita”, comentó en entrevista para W Radio. “Misteriosamente, los que nos habían dicho que las tenían, ya no las tienen. Entonces estamos buscando dónde conseguirlas”, destacó.

Entre las instancias que niegan el uso de dichas pruebas destacan: el Instituto Robert Koch de Alemania, el Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con información de Revolución 3.0