El segundo requisito que deberá de cumplir con la autoridad electoral es el de una afiliación mínima, un número que ronda en los 266 mil mexicanos registrados en la Lista Nominal de electores.

Para ambos requisitos, RSP tiene hasta el 31 de enero para entregar tanto las actas de las asambleas como los registros de afiliación ante el INE, que una vez que los haya recibido deberá de revisarlos.

En el caso de las afiliaciones, el Instituto revisará uno por uno para comprobar que en realidad se alcanzaron los 266 mil afiliados y el partido en formación no entregó simulaciones de registros, como ocurrió con algunos aspirantes a candidaturas independientes durante el proceso electoral de 2018.

A la par de esta revisión, el INE también tendrá que realizar la fiscalización de los gastos de Redes Sociales Progresistas, así como de sus documentos principales (estatutos y plataforma electoral).

En el caso de la fiscalización, la autoridad electoral tendrá que revisar que los ingresos y egresos durante el periodo de afiliación y de celebración de asambleas estén apegados a la ley, es decir, que sean de origen lícito y de personas autorizadas.

El INE tendrá todo el primer semestre para hacer esta certificación, ya que en junio tendrá lugar la sesión del Consejo General para otorgar los registros a los nuevos partidos políticos. En caso de que le den visto bueno al partido de Elba Esther, tendrá vigencia a partir de julio, y su primera prerrogativa económica le será dada en agosto.

A partir de ese mes, y en lo que resta del año, recibirá ocho millones 314 mil 775 pesos mensuales, además de espacios en radio y televisión. Para el 2021, año de elecciones federales, recibirá dinero no sólo para sus actividades, sino para sus campañas.