Xóchitl Gálvez fue la primera directora de la recién creada CDI, ocupando dicho cargo entre los años 2003 y 2006 durante la administración de Vicente Fox Quesada.

Durante sus primeros 3 años, según la información de la CDI, no contrató a ninguna institución educativa ni a alguna AC para la elaboración de estudios; sin embargo, para el último año de su gestión, mismo en el que había una contienda electoral, mandó a realizar 58 estudios con diversas entidades.

El costo total de los estudios fue de 20 millones 264 mil 587 pesos… pero es allí donde comienzan las irregularidades.

Porque en la actualidad, de 19 estudios aparentemente consultables (32.8%), solamente 6 de estos efectivamente pueden ser visualizados. Y es que aparecen 18 convenios menores a 20 mil pesos en los que si bien aparecen las ligas para su consulta, esta no muestra ningún documento.

Aparecen además otros 8 estudios de entre 20 y 200 mil pesos que carecen de ligas y por último, suman 32 aquellos cuyos montos promedian valores superiores a los 600 mil pesos en promedio pero de estos, solamente el 18.8% existe.

La ASF promovió en 2006 dos observaciones ligadas directamente a los estudios que hoy son inexistentes, muy similar a uno de los esquemas para cometer fraude en el esquema de La Estafa Maestra.

La observación 06-1-00AYB-02-286-01-001 recomendó al CDI contar con las actas de Entrega-Recepción de Obras de las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

La observación de la ASF se hizo pese a que la CDI encabezada por Xóchitl Gálvez financió 15 estudios inherentes a la Evaluación de Resultados 2006 en apego a las Reglas de Operación, esto es, que gastaron 10 millones 160 mil en los mismos para que ninguno de los “evaluadores” identificara el cumplimiento a los mismos, en caso de que efectivamente se hubieran hecho.

La segunda observación foliada 06-1-00AYB-02-286-01-002 por la ASF recomienda que para el Programa de Albergues Escolares Indígenas, el CDI cuente con elementos que permitan su evaluación.

Pero supuestamente, según los contratos -foliados ambos- con el número DRMSG-126-06, el CDI ya había pagado 2 millones 200 mil pesos para la Evaluación de Resultados 2006 en apego a las Reglas de Operación Vigentes del Programa de Albergues Escolares Indígenas. Cada una de las hojas totales del único estudio disponible, incluyendo índice, títulos, portadas, etc., costó 6 mil pesos y en ninguna de ellas, según revela la ASF, se presentaron elementos que permitieran la evaluación del programa, aunque ese era su objetivo.

Pero no son las únicas irregularidades que aparecerían en dichos estudios financiados con recurso público.

Por ejemplo, según el convenio DRMSG-161-06 se pagó 1 millón 104 mil pesos para una “Estrategia de sensibilización en el uso de información sobre la población indígena en la toma de decisiones. No sólo no aparece disponible el documento disponible para evaluarlo sino que la entidad contratada de nombre “Este País, A.C.” no observa mayor antecedente ni en la SFP como tampoco lo hace en la misma web. 

Es el mismo caso del convenio DRMSG-097-06 por 649 mil 800 pesos para un “Proyecto de investigación-seguimiento del proceso electoral 2006 en distritos uninominales con mayoría de población indígena”.

Sobre el documento (comprobable) referido, tampoco existe rastro si bien se sabe que su responsable fue EL Centro de Derechos Humanos Yaxkin A.C., mismo que dejó de operar hace años pero que como antecedente dejó el haber omitido presentar a la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos el informe sobre el Origen, Monto y Aplicación del Financiamiento de las Organizaciones de Observadores Electorales en 2009, pese a haberlos notificado formalmente mediante documento además de dos recordatorios. Xóchitl Gálvez pues, otorgó un jugoso convenio a una entidad que también ha destacado por su opacidad.

Igual de desafortunado es el convenio con el numeral DRMSG-057-06 por 646 mil 300 pesos otorgado a José Guillermo Hernández Alvarado para la “Elaboración de la memoria institucional de la política pública para el desarrollo de los pueblos indígenas del gobierno federal en el periodo 2000 a 2006.

El autor del documento no es un investigador, sino un licenciado en comunicación que fue Secretario General del Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora gracias a su jefe inmediato Santiago Portilla Gil, director de la institución. Desde 1993 y hasta 2005 trabajó para Portilla Gil pasando también por Radio y Televisión además de la Presidencia de la República.

La redacción del documento -no disponible- de 400 y 250 páginas, se hizo mediante la edición de testimonios de las acciones del CDI, fotografías, así como de los programas de trabajo de la institución y sus resultados. Por esa acción le pagaron casi mil pesos la hoja.

Sus otras irregularidades como funcionaria

Como revelaron Kenya Ramírez y Ximena Mejía parta Excélsior, Xóchitl Gálvez, fue beneficiada con 28 contratos por 25 millones 310 mil pesos, que el Gobierno federal y algunos órganos autónomos le otorgaron de 2005 a 2014. En los primeros dos años de ese periodo era funcionaria pública federal.

“En 2005, a través de su empresa High Tech Services y la de su esposo Rubén Sánchez, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., la entonces comisionada nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno panista de Vicente Fox logró 15 contratos por un millón 832 mil 710 pesos.

De 2007 a 2012, durante el sexenio del también panista Felipe Calderón, Gálvez obtuvo otros once contratos por un total de 14 millones 838 mil 638 pesos. En 2010, Gálvez fue candidata a la gubernatura de Hidalgo en una alianza donde el PAN participó”.

Los señalamientos como Jefa delegacional

Federico Arreola de SDP Noticias evidenció que durante la administración de Xóchitl Gálvez Ruiz como jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, cuatro empresas han sido las "favoritas", al ser adjudicados diversos contratos desde el años 2015, sumando cerca de 150 millones de pesos, y que además, las mismas fueron beneficiadas durante el periodo 2000 - 2003, de Arne Aus den Ruthen al frente de la misma demarcación.

“Un dato más que resalta es que responsable de las obras públicas de la delegación es la misma persona, José Bello Alemán, quien fungió como director de Obras entre 2001 y 2003, y desde el mes de enero de 2016, ostenta el cargo de director ejecutivo de Obras Públicas en el mismo lugar.

En la investigación realizada, se detectó que las empresas Fabety Diseño y Construcciones SA de CV; Grupo Constructor Tintines SA de CV; Infraestructura Omega 2000 SA de CV; y VIBAME SA de CV, son las empresas más beneficiadas durante ambos periodos de gobierno. Todas cuentan con domicilios fiscales en la Ciudad de México”.

Con información de Emmanuel Ameth.