Después de que un total de 106 personas, entre ellas el exprocurador Edmundo Garrido Osorio y el extitular de la Dirección de Estadística Criminal César Martínez Jaso, son investigados por la Comisión de Estadísticas del Sistema de Seguridad Pública y la procuraduría capitalina, por un supuesto maquillaje de cifras en la incidencia delictiva, al conocer que se modificaron los datos de más de 24 mil ilícitos considerados de alto impacto.

Según la investigación de la Federación y la dependencia local, el objetivo principal de maquillar las cifras —como el homicidio doloso, el secuestro y el robo a transeúnte— fue para ocultar el alza en la incidencia delictiva justo en un año electoral. No descartan que esto se haya hecho de manera sistemática durante los seis años de la pasada administración.

Cosa contraria a lo que pasa actualmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues en la capital mexicana se endurecieron las medidas contra los delitos más recurrentes como robo a celular, despojo, extorsión, feminicidio y agresiones a policías, según lo publicado recientemente en la Gaceta Oficial de la CDMX, mismas que entran en vigor el día de hoy viernes 2 de agosto.

Algunas de las nuevas penas por cometer estos y otros delitos son:

* Feminicidio: se amplía el catálogo de situaciones para considerarlo como tal y se aplican de 35 a 70 años de prisión.

* Robo a celular: hasta 6 años de prisión.

* Robo a personas que realicen cualquier tipo de operación bancaria o financiera: hasta seis años de cárcel

para el infractor y a quienes colaboren con él, incluyendo empleados de instituciones bancarias (este delito se considera de esta forma, ya sea que se cometa dentro o fuera de un inmueble).

* Robo a bordo de motocicleta: hasta 6 años de cárcel.

* Robo de mobiliario y equipamiento urbano: hasta 6 años de prisión.

* Despojo (de propiedad/inmueble): de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

* Vejación, intimidación o incitación a la violencia policías: 20 y hasta 36 horas de arresto (por considerarse solo una falta administrativa).

Así mismo también se publicó la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, la cual señala las facultades, responsabilidades, derechos y obligaciones en materia de seguridad de diversas corporaciones de seguridad, policías, alcaldías (seguridad preventiva), así como la creación de una plataforma que integre los diversos registros policiales y el establecimiento de la firma de convenios para las operaciones de la Guardia Nacional con tiempo definido.

Con información de El Imparcial, Sin Línea, ZMG Noticias.

Foto: Cuartoscuro/Especial.