Se convino en que Lozoya entregará información útil electoralmente, para enjuiciar la corrupción en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El tema fue llevado, previa instrucción superior, al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Se cumplió el trámite de la repatriación y ahora todo está bajo análisis.

Desde los dineros recibidos por corrupción de Odebrecht hasta el financiamiento de la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para Peña Nieto.

La información, como dijimos aquí el lunes, deja muchas dudas y quién sabe si al final sirva para los fines jurídicos.

Lozoya negoció con la Fiscalía General de la República (FGR) para acogerse al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no ser juzgado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho que se le imputaron en las causas penales 211/2019 (caso Agronitronedos) y 269/2019 (caso Odebrecht) a cambio de entregar información en contra de diferentes personas que lleven juzgarlas por delitos graves que ameriten presión preventiva oficiosa.

De acuerdo con fuentes apegadas al caso, el mismo criterio será solicitado en las causas penales que se iniciaron contra su esposa Marielle Helene Eckes; su madre, Gilda Margarita Austin y Solis y/o Gilda Susana Austin de Lozoya; y su hermana Gilda Susana Lozoya Austin.

Los beneficios que ha obtenido Lozoya por el momento, al solicitar acogerse al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales es no pisar la cárcel y permanecer en uno de los hospitales más caros del país.

En la causa penal 211/2019 (caso Agronitronedos), Lozoya obtuvo el beneficio de permanecer hospitalizado, por un supuesto caso de anemia, por lo que se le replicaron los mismos beneficios en el caso 269/2019 (caso Odebrecht). Estos son permanecer en el hospital, utilizar un brazalete e ir a firmar cada 15 días al Reclusorio Norte.

Durante la audiencia que estuvo a cargo del juez Juan Carlos Benítez Ramírez, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó los delitos a partir de las denuncias presentadas por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según la narrativa del expediente que se integró en la causa penal 261/2019, Emilio Ricardo Lozoya recomendó a Luis Weyll asociarse con el empresario Juan Carlos Tapia Varga, accionista de la empresa Construcciones Tapia para poder obtener obras en el estado de Hidalgo, por lo que  a finales de 2011 y principios de 2012, Weyll se asoció con Construcciones Industriales Tapia.

Durante ese periodo Luis Weyll constató el poder que tenía Emilio Ricardo al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al ser uno de "los líderes del Comité de Campaña de Enrique Peña Nieto.

"Por ello, en el mismo mes y año, se reunieron en la Ciudad de México, asegurando Emilio Lozoya a Luis Weyll, que si el partido que representaba ganaba el gobierno, asumiría un cargo de relevancia en la administración pública federal, solicitando un pago a su favor bajo el concepto de apoyo a dicha campaña, esto con motivo de haber auxiliado en el posicionamiento de la empresa Odebrecht en el mercado de los Estados de Veracruz y Tamaulipas  y con el empresario Juan Carlos Tapia Vargas, en el estado de Hidalgo". 

Según Luis Weyll la empresa Odebrecht realizó un pago "por aproximadamente cuatro millones de dólares americanos" entre el 30 de abril y el 30 de noviembre de 2012 a las cuentas 126007 del banco Gonet & Cie a nombre de la empresa Latín América Asia Capital Holdings LTD, así como a la LI06088020010015601010 aperturada en Neve Bank a nombre de Zecapan S.A, ambas a nombre de Lozoya y su familia.

El expediente también hace mención sobre seis millones de dólares que le entregaron a Lozoya para que le asignarán a Odebrecht obras en en el estado de Hidalgo, relacionadas con la refinería del municipio de Tula.

En esta misma carpeta se hace mención a dinero que destinó Odebrecht a las campañas de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz; de Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gobernara de Tamaulipas asesinado en junio de 2010.

Con información de La Silla Rota.