Las irregularidades ligadas al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, como todos los grandes casos de corrupción en México que involucran redes criminales de funcionarios públicos y empresarios, tienen que ser perseguidas y procesadas como delitos de crimen organizado que incluyan, entre otras cosas, juicios multitudinarios (o maxi-procesos) y castigos como la muerte civil (que incluye decomisos de bienes patrimoniales), de acuerdo con Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York.

“Casos como el de Lozoya dependen de la causa penal; que sea imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no sólo por corrupción. Porque por delincuencia organizada, al Estado le permite, inmediatamente, detener e imputarle causas a toda asociación ilícita potencial entre Lozoya y cualquier político o empresario ligado a éstos actos de los cuales se le acusa. Y entre ellos debería de estar incluido, con todo el rigor de los principios de inocencia y debido proceso, el expresidente Enrique Peña Nieto”, afirmó el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México.

En ese sentido, Buscaglia dijo que la imputación por delincuencia organizada no sólo permite abordar un caso, sino atraer múltiples casos al mismo tiempo, para iniciar un proceso de desarticulación del crimen organizado en el Estado. Se trata de un proceso de imputación inédito que permite abordar los 12 tipos penales del Código Penal de México, entre ellos los de enriquecimiento ilícito, sobornos y conflictos de interés.

“México tiene que armar una arquitectura procesal para tener un histórico maxi-proceso, porque nunca puedes simplemente prosperar con base en acusaciones individuales por corrupción, como se hizo con la señora Elba Esther Gordillo y demás. Tiene que haber imputaciones paralelas al mismo tiempo que abarquen a la red criminal de decenas de políticos y empresarios involucrados, para que éstas personas tengan un incentivo para colaborar”, explicó Buscaglia en entrevista con SinEmbargo.

De acuerdo con el también académico senior de la Universidad de Turín en Italia, “para que una persona como Lozoya esté dispuesta a colaborar, como colaboraron los imputados, políticos y mafiosos italianos en los años ochenta con los maxi-procesos, tiene que ver que está sometido a un jaque mate por el sistema judicial y que, los demás protectores políticos que tenía, están jaqueados también”.

Con ello, Buscaglia refirió que los involucrados en los delitos relacionados con Odebrecht y Altos Hornos de México caerán “como en efecto dominó. Esa es la táctica procesal, que a través de los años que yo he venido trabajando en 119 países, ha tenido un efecto en destruir o desmantelar a las redes criminales de políticos y empresarios al más alto nivel de los estados. Así caen las redes criminales y ahí, la clase política que no está acusada y que está involucrada en otros delitos organizados se da cuenta que se terminó la barra libre”, abundó.

Hasta el momento, se sabe que Lozoya será extraditado desde España y que, como está acorralado, podría negociar con la Fiscalía General de la República para involucrar a mandos superiores –como Luis Videgaray Caso o Enrique Peña Nieto– y suavizar los procesos penales en su contra (criterio de oportunidad) por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

De ese modo, el criterio de oportunidad podría ser utilizado por primera vez desde que entró en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio en 2016. Esto implica que Lozoya podría poner fin al pacto de silencio entre los peñistas y de paso, poner sobre la mesa la posibilidad del primer maxi-proceso en México, lo que sería un hito en materia de impartición de justicia a nivel nacional, siendo que el problema no sólo es resolver un caso específico de delincuencia organizada, sino generar un antecedente que permita garantizar que casos como el de Lozoya no se repitan, no queden impunes y en su caso, haya procesos de resarcimiento de daños y reconciliación nacional.

Sin embargo, para que haya un juicio multitudinario que desmantele por primera vez una red criminal de políticos y empresarios en México, hace falta mejorar los controles patrimoniales, hacer una limpieza del Poder Judicial y crear una ley de reasignación social de bienes decomisados, más allá de la iniciativa para devolver al pueblo lo robado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Buscaglia, el problema es que “cuando la ciudadanía está sujeta a una gran desilusión con el sistema de partidos y no encuentra un partido que sea diferente al otro, los ven como todos corruptos y allí es donde entran los Bolsonaros; allí es donde votan por los Trumps. Eso es lo que queremos evitar con éste Gobierno. Queremos que éste Gobierno triunfe para que México no caiga en una demagogia autoritaria. Queremos que el Gobierno triunfe para poder ver en la cárcel a los corruptos y con los decomisos, ver a millones de víctimas con sus daños reparados a mediano plazo, y que eso contribuya a la estabilidad democrática de México hacia futuro”.

Más allá de estar en juego una democracia más estable, justa y con Estado de Derecho, Buscaglia mencionó que está en juego la capacidad del Estado para resarcir daños a víctimas y familiares de víctimas del crimen organizado, lo que se traduce en un proceso de reconciliación nacional.

El mega-proceso en contra del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin,”podría ser la oportunidad o el catalizador para empezar a ver lo que hemos visto en otros países: un proceso más allá del judicial; un proceso social antimafia con que la gente comience a ver que los cientos de casas blancas, los cientos de campos y de tierras y de fábricas que ésta gente maneja en su patrimonio, son decomisados y son puestos al servicio de redes de sociedad civil para brindar servicios a víctimas. Eso se está haciendo en Italia, en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá”.

Para Buscaglia, lo que a México le hace falta es una ley para resignar recursos a través del Poder Judicial.

“No hay que confundirnos. Yo tengo entendido que en México hay un programa para devolver al pueblo lo robado. Esa es una muy buena institución que refleja la buena voluntad del Presidente López Obrador y de su gente, y obviamente lo considero como un gesto, pero para que una democracia en un Estado de Derecho aplique reparación de daño a los millones de víctimas mexicanas que han sufrido diferentes tipos de delitos organizados, desde desaparición forzada hasta violación y compraventa de seres humanos, etcétera, para que ese proceso se materialice en un Estado de Derecho democrático, se tiene que hacer a través de una resignación social de bienes decomisados a través del sistema judicial, para que sea sostenible y basado en la justicia”.

El asesor antimafia recalcó que “la gente tiene que ver que en México se hace justicia y que al mismo tiempo, se utilizan esos decomisos para hacer justicia para repara daños directos a víctimas que deberían estar registradas a través de comisiones de la verdad. Necesitamos proponer inmediatamente en México una ley de reasignación social de bienes decomisados. Esto forma parte, no solamente de la reparación del daño en México, sino de la reconciliación nacional en México en la cual está tan interesado el Presidente López Obrador”.

“Hay que empezar ya a redactar esa iniciativa de ley y avanzar en el caso Lozoya como lo he propuesto con base en la tipificación penal por delincuencia organizada y todos los delitos precedentes involucrados en ese caso. Y así vamos a caer en un maxi-proceso en donde muy bien podríamos llegar a tener entre 200 y 300 imputados, como en Italia. Esto nunca se ha desarrollado en México, pero la buena noticia es que legislativamente hablando, México ya cuenta con los instrumentos jurídicos para implementarlo de inmediato. No hay que comenzar de cero”, concluyó Buscaglia.

Con información de Sin Embargo.