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El Seguro Popular fue puesto en marcha en 2003 en el gobierno de Vicente Fox y dado de baja por Andrés Manuel López Obrador para dar lugar a una cobertura universal, pero centralizada llamada Insabi. En muchos estados funcionó y también en ciertos gobiernos, pero también es cierto que con los años muchos gobiernos estatales utilizaron esos recursos para otras cosas, desviaron el dinero destinado a hospitales y medicinas, con eso la situación se volvió dramática.

Hoy en día con la crisis del COVID-19 se hace evidente que mucho del dinero destinado a la manutención de los nosocomios y a la adquisición de equipo para la atención a enfermos nunca llegó a donde debería.

Durante 2012 y 2016 diversos Estados de México habían desviado alrededor de 88 mil millones de pesos provenientes del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud, siendo detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dio a conocer el periodista Mauricio Montes de Oca.

"Estos 88 mil millones de pesos fueron desviados mediante empresas fantasmas, pagos a comisionados sindicales y pagos a personas que no laboraban en unidades médicas, pagos en sueldos superiores al tope permitido entre otros", expuso el periodista.

La versión oficial no es menos reveladora:

En sólo una década, se malgastaron en los estados cerca de 77 mil 606 millones 110 mil 168 pesos asignados al Seguro Popular, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El programa lo anunció Vicente Fox en mayo de 2003. Su finalidad era cubrir la atención médica de aquellos mexicanos que no contaran con un sistema de seguridad social para un cuadro básico de enfermedades y padecimientos. Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto lo mantuvieron.

Seguiremos trabajando hasta alcanzar la cobertura universal en salud, es decir, servicios de salud para todos sin excepción’, dijo Felipe Calderón, el entonces presidente de México, en agosto de 2010.

Hasta agosto pasado había 53 millones 131 mil 765 afiliados en todo el país y el seguro consistía en 266 coberturas, entre intervenciones médicas y padecimientos, pero desde 2011 comenzaron a detectarse irregularidades cometidas por gobiernos estatales al amparo de este programa de salud. En Punto documentó múltiples historias:

En Oaxaca, desde 2011 había denuncias de desvíos correspondientes al Seguro Popular por más de mil millones de pesos, que fueron cometidos durante el gobierno de Ulises Ruiz.

Dos ambulancias que se equiparon con alta tecnología teóricamente, nunca pasaron por el área de almacén, el equipamiento, ni los vehículos por el área de transporte, estamos hablando de aproximadamente 70, 80 millones de pesos por unidad, más el costo del vehículo’, dijo José Alfredo Molina, exjefe de activos fijos de la Secretaría de Salud de Oaxaca, en noviembre de 2011.

En 2013 se hicieron públicas las carencias del Hospital General de Huixtla, Chiapas, un sanatorio de segundo nivel que atiende a beneficiarios de este seguro, provenientes de municipios de la costa y la sierra.

Esos colchones apestan, yo vine aquí en 2005, como a los dos años, vinieron unos colchones y desde esa fecha no han vuelto a cambiar, no tenemos alcohol, jeringas, mucho material hace falta’, afirmó Mayela Madrigal, enfermera del Hospital General de Huixtla, Chiapas.

Un factor clave del funcionamiento del Seguro Popular es el uso que los estados hacen de los recursos federales. En Veracruz, esto fue el indicio para constatar el mal manejo del Seguro Popular.

El gobierno federal cumple, yo envío el dinero al estado, el estado, seguramente no lo está invirtiendo en el tema de salud y yo creo que este es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación’,dijo Gabriel O’shea, comisonado nacional del Seguro Popular, en diciembre de 2014.

Se documentaron las condiciones deplorables en instalaciones, las medicinas caducas y el equipo inservible en hospitales como los de Coatzacoalcos, Minatitlán o Villa Allende. En Tabasco, donde en 2013 las autoridades presumían la cobertura universal, eran constantes las denuncias de pacientes que decían que había una crisis de medicamentos y atención deficiente.

En Guerrero, donde más de dos millones de personas estaban inscritas a este programa en el sexenio pasado, centros de salud, clínicas y hospitales no tenían la capacidad para atender a los pacientes.

Nos dimos cuenta de que 900 centros de salud, 400 estaban sin funcionar’, denunció Lázaro Mazón, secretario de Salud de Guerrero, en 2011.

El plan de López Obrador busca integrar los sistemas de salud y dar atención especial a quienes no cuentan con IMSS, ISSSTE o están afiliados a la Secretaría de Salud, pero advierte que los cambios serán a largo plazo.

Con información de Sin Embargo y EmmanuelAmeth