Tras la votación, el Pleno de diputados comenzó la discusión de la reserva de todos los artículos del dictamen.

Pese a la exigencia de especialistas, académicos y representantes del sector empresarial, el dictamen enviado por el Senado no fue modificado por la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las reformas planteadas incluyen en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada.

También considera como amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, la comisión de actos ilícitos en contra del fisco federal, como son el contrabando, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación y compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

De acuerdo con información que distribuyó el Gobierno federal a los diputados de Morena para defender la reforma, se afirma que el contribuyente común no será afectado, porque normalmente cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales.

Para ellos, se afirma, no existirá la sanción penal por planeación fiscal u omisiones por error o negligencia.

En tanto, aquellos contribuyentes que cometieron «delito fiscal básico», recurrir a engaños o defraudación por cualquier monto, no habrá prisión preventiva oficiosa, pero sí podrán ser sancionados con prisión, que va de 2 meses a 9 años, y habrá medidas alternas y sustituto de prisión.

En cambio, el contribuyente con cometa el «delito fiscal grave», como defraudar más de 9 millones de pesos, la sanción será de 3 meses a 13.5 años, operará la prisión preventiva y no habrá salidas alternas, aunque sí el perdón.

La información también indica que habrá delincuencia organizada a un conjunto de 3 o más personas cuyo único objetivo es el crimen, por lo que no son contribuyentes, y su actividad criminal es permanente o reiterada, y la defraudación es más de 9 millones de pesos.

La sanción se plantea de 4 a 16 años de prisión y operará la prisión preventiva.

También se precisa que habrá estado de derecho, porque antes de la prisión preventiva habrá auditorías del SAT, querellas, la investigación de la Fiscalía General y la resolución de un juez. Posteriormente puede haber apelación y recurrirse al juicio de amparo.

El priista Pedro Pablo Treviño reclamó en tribuna que en lugar de que el marco jurídico dé confianza al contribuyente, la reforma lo amenaza y lo ubica como un «enemigo del Estado» al clasificarlo dentro de las conductas que atentan contra la seguridad nacional.

«Tal parece que en los hechos la propuesta que se hace para modificar el Código Fiscal de la Federación, convierte a la Unidad de Inteligencia Financiera en la nueva Dirección Federal de Seguridad, que fue famosa por ser la policía política de otros tiempos», acusó.

Treviño sostuvo que la reforma ahuyentará la inversión y el empleo, porque considera a los inversionistas como delincuentes potenciales.

«Llevará a la economía mexicana al desplome, esto es verdaderamente una aberración», aseguró.

También del PRI, Enrique Ochoa reprochó que se ignoró a los 19 ponentes del Parlamento Abierto, porque ninguno apoyó la reforma.

«Por el contrario, voces de economistas y de empresarios alertan que la recaudación fiscal caerá si la economía sigue cayendo y si sigue cayendo la inversión.

«Esta ley de terrorismo fiscal, es prima hermana de la ley de extinción de dominio, y su engendro será el desplome de la economía, el desplome del empleo, y el desplome de la recaudación. Aquí estaremos en un año revisando puntualmente esos datos», advirtió. (Con información de Reforma)