El periodista Salvador García Soto, el que dio a conocer que el ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora, era investigado por el Reino Unido y los Estados Unidos por lavado de dinero, es el mismo que hoy apunta a que la 4T en verdad está preparando todo para hacerse de la joya de la corona: encarcelar a Enrique Peña Nieto.
Ya cayeron varias piezas clave de EPN: su abogado, Juan Collado; su secretaria favorita, Rosario Robles; su ministro carnal, Eduardo Medina Mora; su amigo, Emilio Lozoya, se encuentra prófugo junto a su madre, esposa y hermana. Todo se está cuadrando para que el que sigue sea Enrique Peña Nieto, o Luis Videgaray.
Escribe García Soto: “fueron contra uno de sus colaboradores más cercanos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia y con varias órdenes de aprehensión en su contra; luego contra otra de sus colaboradoras consentidas, Rosario Robles, pieza clave en el entramado del saqueo de recursos a través de universidades e instituciones públicas y los pagos a empresas fantasmas; pero hay dos detenciones que son fundamentales en la estrategia contra Peña y su grupo político: primero le detuvieron y neutralizaron a su abogado, Juan Collado, quien se encargaría de la defensa de todos, empezando por el expresidente; y ahora le inhabilitan al ministro Eduardo Medina Mora, que era el juez que los ayudaba a procesar todos sus asuntos, juicios y acusaciones en el Poder Judicial federal.
Así, lo que ha ido haciendo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la Fiscalía General de la República como su brazo jurídico, y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda como el sabueso del dinero, es desmantelar y desarticular —paso a paso y casi por manual— el blindaje jurídico, político y financiero que había construido el grupo peñista para garantizar su tranquilidad y cubrir muy bien las huellas de su cuestionada actuación y turbio manejo de los recursos públicos durante su sexenio.
Medina Mora, a quien orillaron a renunciar tras haber documentado en investigaciones de Hacienda y de la FGR sus extraños manejos financieros y los “negocios” que instrumentó siendo ministro de la Suprema Corte, era el principal operador del grupo para los asuntos judiciales e interlocutor con los jueces. Su cuestionado nombramiento avalado por la mayoría senatorial del PRI y del PAN en 2015, al que Peña Nieto se aferró entonces contra viento y marea, formaba parte de un plan de protección a futuro en el que el ministro operaba y lideraba un ala de la Corte para empujar y cuidar asuntos que afectaran los intereses o a los mismos integrantes del grupo.
Por eso fue que Medina se involucró en la defensa y el desbloqueo de cuentas de personajes como Alejandro Quintero, el publicista que manejó las dos campañas de Peña, primero como gobernador y luego como presidente, y al que la Unidad de Inteligencia acusó de haber financiado y producido eldocumental Populismo en América, junto con su hermano Jesús Quintero, por lo que en marzo le fueron bloqueadas sus cuentas financieras por Hacienda; o también ayudó a Juan Collado, el abogado del grupo peñista al que le facilitó desbloquear momentáneamente un par de cuentas antes de que lo detuvieran, a través de un engrose de amparo que publicó sin avisarle a otros ministros y sin tomar en cuenta jurisprudencias previas, lo que le permitió a Collado sacar en dos días casi 10 millones de euros de sus cuentas, antes de que se las volvieran a bloquear.
Con ese engrose, que publicó por cuenta propia, Medina Mora pretendía sentar un precedente y eventualmente buscar una jurisprudencia para complicar el bloqueo de cuentas bancarias para que sólo pudiera hacerse mediante una orden internacional y enviada previamente a un juez del país, algo con lo que se blindaría a muchos de los exfuncionarios y políticos del anterior gobierno que pudiesen verse involucrados o investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que buscaba el ministro erarevertir el mecanismo de intervención y bloqueo de cuentas financieras que durante todo el sexenio de Peña Nieto utilizaron para armar desde Hacienda las principales acusaciones y casos judiciales como el de Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y otros que fueron acusados y procesados con evidencias obtenidas a través del trabajo de la UIF.
Al final, en todos los casos por corrupción que hasta ahora han armado, documentado y consignado en el actual gobierno lopezobradorista, la constante es que todos, de algún modo y con toda la intención, conectan hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Es evidente que no hay prisa y que tal vez falten todavía varios políticos y colaboradores importantes del sexenio anterior que serán investigados en la estrategia anticorrupción que ha puesto en marcha la Cuarta Transformación. Pero lo que es un hecho es que, tarde o temprano, cuando lo tengan todo muy bien armado o cuando políticamente más lo necesiten, veremos la culminación de todo este trabajo jurídico y político, en otro hecho histórico que, igual que los que se han ido dando, sacudirá a la política y a la opinión pública nacional: el primer expresidente acusado y eventualmente procesado por delitos de corrupción en el país.
