Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitara por 10 años a María del Rosario Robles Berlanga por la presunta omisión de una cuenta bancaria con 2 mil 887 pesos en su declaración patrimonial, los abogados de la ex funcionaria argumentaron que la sanción impuesta no tiene fundamento legal y que es parte de una persecución política a la que se han enfrentado desde que inició el caso.

A través de un comunicado, la defensa de Robles Berlanga dijo que la cuenta a la que hizo referencia la SFP nunca fue utilizada por la ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). También suscribieron que el saldo de la cuenta fue transferido a la cuenta concentradora del banco por inactividad.

“Sin mayor fundamento administrativo y mucho menos legal, la dependencia federal resolvió inhabilitar por 10 años a nuestra defendida por la presunta omisión de declarar la existencia de una cuenta bancaria con 2 mil 887.86 pesos en su declaración patrimonial”, se lee.

Según su defensa, Rosario Robles nunca reconoció como propia la cuenta bancaria con número 56-57716325-3, abierta en Banco Santander México S.A., Grupo Financiero Santander México el 14 de febrero de 2008. En el documento se añade que ésta fue cerrada por inactividad y el dinero se transfirió a la cuenta concentradora de Santander, el 29 de enero de 2016.

En el texto detallaron que la resolución carece de fundamentos administrativos y legales, y que además contrasta con omisiones que funcionarios públicos actualmente en servicio han hecho por más de 800 mil pesos en bienes inmobiliarios, los cuales no se han sancionado.

Añadieron que la inhabilitación de Robles Berlanga demuestra que “en el Gobierno Federal la justicia se pretende aplicar por consigna, con displicencia y parcialidad”.

El equipo de abogados encabezados por Julio Hernández Barros, dijo que están convencidos de que es mentira que sea una instrucción del Presidente, como lo argumentó Eréndira Sandoval, titular de la SFP.

“Estamos convencidos de que el Ejecutivo Federal sería incapaz de solicitar que se cometa en su nombre una tropelía tan injusta y absurda como la resolución de la SFP en este caso […] no contribuye en nada a ‘acabar con la corrupción y la impunidad”, escriben.

La defensa de Rosario Robles finalizó el documento diciendo que la resolución es irracional e injusta.