Por el bien de todos

OPINIÓN

Por el bien de todos

Por el bien de todosZMG /Sábado, 16 de agosto del 2025

Juan Luis H. González 



Desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, el modelo neoliberal se sostuvo sobre la premisa de que la apertura comercial, la disciplina fiscal y el adelgazamiento del Estado serían suficientes para redistribuir la riqueza, cerrar la brecha de desigualdad y abatir la pobreza. Décadas enteras de reformas “estructurales”, tratados internacionales, privatizaciones y ajustes que se presentaron como inevitables daban cuerpo al discurso y a la acción oficial.


Sin embargo, después de la llegada de un proyecto político diferente al de los gobiernos del PRI y del PAN, las cifras comienzan a contar una historia distinta. Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, según el reporte más reciente del INEGI, al pasar de 51.9 a 38.5 millones. En términos porcentuales, la población en pobreza multidimensional cayó del 41.9 % al 29.6 %, el nivel más bajo en la serie 2016–2024, y la pobreza extrema disminuyó del 7 % al 5.3 %, lo que representa que 1.7 millones de personas salieron de esa condición.


Este logro histórico no surgió por generación espontánea: es resultado de una apuesta política y económica que decidió fortalecer el ingreso de las familias y canalizar recursos directamente a los hogares más desfavorecidos, aun y cuando para muchos expertos eso era sinónimo de populismo e implicaba un potencial riesgo inflacionario. 


Así, en seis años se rompió el mantra que sostenía que incrementar el salario mínimo era el camino directo al desastre económico. 

Quienes lo mantuvieron estancado durante décadas, asegurando que “el mercado solo asignaría riqueza de manera óptima”, lograron lo contrario: precarización laboral, disminución del poder adquisitivo de los más pobres y una desigualdad brutal.


Claro, hay matices: la pobreza no ha desaparecido, las desigualdades siguen siendo profundas, las brechas regionales son abismales. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pobreza multidimensional supera el 50 %, mientras que más de una tercera parte de la población carece de servicios de salud. Pero, más allá de las cifras, los datos apuntan a un quiebre: el país cambió de dirección y esa es quizá la clave para entender el sentido y la visión social de la denominada 4T y las razones por las que conserva un amplísimo apoyo ciudadano: entregó resultados concretos donde las buenas noticias nunca habían llegado.


Porque, hay que decirlo, la reducción de la pobreza no es únicamente un éxito de gestión, se convirtió también en un recurso de legitimidad. Y el argumento está a la vista y es simple: López Obrador logró en seis años lo que el PRI y el PAN nunca pudieron en más de treinta. En ese sentido, la ruptura no está solo en los números, sino en el cambio de paradigma: ahora, la pobreza dejó de ser un efecto colateral inevitable y se volvió objetivo central de la política pública del gobierno federal.


Amartya Sen sostenía que la pobreza no se reduce únicamente a la falta de ingresos, sino a la carencia de capacidades y libertades. La política social reciente, con todos sus límites, ha buscado devolver esas capacidades mínimas a millones de familias: más ingresos, cierta estabilidad y reconocimiento. Y eso, en un país donde millones habían sido invisibles, es también un cambio simbólico de enorme calado.


Así, el debate ya no es únicamente económico, sino político: ¿qué modelo puede sostener una gobernabilidad duradera en un país tan desigual como México? La experiencia reciente sugiere que, aunque imperfecta, la apuesta de la 4T ha funcionado. No ha resuelto todas las carencias ni ha borrado de golpe la desigualdad, pero ha generado un sentido de pertenencia y reconocimiento en sectores históricamente marginados. 


La consigna de López Obrador de “primero los pobres” pasó de ser un lema de campaña a convertirse en un criterio de gobierno, y en la arena política eso pesa más que cualquier tecnicismo. Y ojo: no se trata de erigir un dogma. En México persisten aún grandes rezagos en materia de salud, seguridad y justicia, pero si se trata de ordenar prioridades para reconstruir un país desde abajo, la fórmula de la 4T parece ser —al menos en términos sociales y políticos— la secuencia correcta. Al tiempo.

Juan Luis H. González 



Desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, el modelo neoliberal se sostuvo sobre la premisa de que la apertura comercial, la disciplina fiscal y el adelgazamiento del Estado serían suficientes para redistribuir la riqueza, cerrar la brecha de desigualdad y abatir la pobreza. Décadas enteras de reformas “estructurales”, tratados internacionales, privatizaciones y ajustes que se presentaron como inevitables daban cuerpo al discurso y a la acción oficial.


Sin embargo, después de la llegada de un proyecto político diferente al de los gobiernos del PRI y del PAN, las cifras comienzan a contar una historia distinta. Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, según el reporte más reciente del INEGI, al pasar de 51.9 a 38.5 millones. En términos porcentuales, la población en pobreza multidimensional cayó del 41.9 % al 29.6 %, el nivel más bajo en la serie 2016–2024, y la pobreza extrema disminuyó del 7 % al 5.3 %, lo que representa que 1.7 millones de personas salieron de esa condición.


Este logro histórico no surgió por generación espontánea: es resultado de una apuesta política y económica que decidió fortalecer el ingreso de las familias y canalizar recursos directamente a los hogares más desfavorecidos, aun y cuando para muchos expertos eso era sinónimo de populismo e implicaba un potencial riesgo inflacionario. 


Así, en seis años se rompió el mantra que sostenía que incrementar el salario mínimo era el camino directo al desastre económico. 

Quienes lo mantuvieron estancado durante décadas, asegurando que “el mercado solo asignaría riqueza de manera óptima”, lograron lo contrario: precarización laboral, disminución del poder adquisitivo de los más pobres y una desigualdad brutal.


Claro, hay matices: la pobreza no ha desaparecido, las desigualdades siguen siendo profundas, las brechas regionales son abismales. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pobreza multidimensional supera el 50 %, mientras que más de una tercera parte de la población carece de servicios de salud. Pero, más allá de las cifras, los datos apuntan a un quiebre: el país cambió de dirección y esa es quizá la clave para entender el sentido y la visión social de la denominada 4T y las razones por las que conserva un amplísimo apoyo ciudadano: entregó resultados concretos donde las buenas noticias nunca habían llegado.


Porque, hay que decirlo, la reducción de la pobreza no es únicamente un éxito de gestión, se convirtió también en un recurso de legitimidad. Y el argumento está a la vista y es simple: López Obrador logró en seis años lo que el PRI y el PAN nunca pudieron en más de treinta. En ese sentido, la ruptura no está solo en los números, sino en el cambio de paradigma: ahora, la pobreza dejó de ser un efecto colateral inevitable y se volvió objetivo central de la política pública del gobierno federal.


Amartya Sen sostenía que la pobreza no se reduce únicamente a la falta de ingresos, sino a la carencia de capacidades y libertades. La política social reciente, con todos sus límites, ha buscado devolver esas capacidades mínimas a millones de familias: más ingresos, cierta estabilidad y reconocimiento. Y eso, en un país donde millones habían sido invisibles, es también un cambio simbólico de enorme calado.


Así, el debate ya no es únicamente económico, sino político: ¿qué modelo puede sostener una gobernabilidad duradera en un país tan desigual como México? La experiencia reciente sugiere que, aunque imperfecta, la apuesta de la 4T ha funcionado. No ha resuelto todas las carencias ni ha borrado de golpe la desigualdad, pero ha generado un sentido de pertenencia y reconocimiento en sectores históricamente marginados. 


La consigna de López Obrador de “primero los pobres” pasó de ser un lema de campaña a convertirse en un criterio de gobierno, y en la arena política eso pesa más que cualquier tecnicismo. Y ojo: no se trata de erigir un dogma. En México persisten aún grandes rezagos en materia de salud, seguridad y justicia, pero si se trata de ordenar prioridades para reconstruir un país desde abajo, la fórmula de la 4T parece ser —al menos en términos sociales y políticos— la secuencia correcta. Al tiempo.

Juan Luis H. González 



Desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, el modelo neoliberal se sostuvo sobre la premisa de que la apertura comercial, la disciplina fiscal y el adelgazamiento del Estado serían suficientes para redistribuir la riqueza, cerrar la brecha de desigualdad y abatir la pobreza. Décadas enteras de reformas “estructurales”, tratados internacionales, privatizaciones y ajustes que se presentaron como inevitables daban cuerpo al discurso y a la acción oficial.


Sin embargo, después de la llegada de un proyecto político diferente al de los gobiernos del PRI y del PAN, las cifras comienzan a contar una historia distinta. Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, según el reporte más reciente del INEGI, al pasar de 51.9 a 38.5 millones. En términos porcentuales, la población en pobreza multidimensional cayó del 41.9 % al 29.6 %, el nivel más bajo en la serie 2016–2024, y la pobreza extrema disminuyó del 7 % al 5.3 %, lo que representa que 1.7 millones de personas salieron de esa condición.


Este logro histórico no surgió por generación espontánea: es resultado de una apuesta política y económica que decidió fortalecer el ingreso de las familias y canalizar recursos directamente a los hogares más desfavorecidos, aun y cuando para muchos expertos eso era sinónimo de populismo e implicaba un potencial riesgo inflacionario. 


Así, en seis años se rompió el mantra que sostenía que incrementar el salario mínimo era el camino directo al desastre económico. 

Quienes lo mantuvieron estancado durante décadas, asegurando que “el mercado solo asignaría riqueza de manera óptima”, lograron lo contrario: precarización laboral, disminución del poder adquisitivo de los más pobres y una desigualdad brutal.


Claro, hay matices: la pobreza no ha desaparecido, las desigualdades siguen siendo profundas, las brechas regionales son abismales. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pobreza multidimensional supera el 50 %, mientras que más de una tercera parte de la población carece de servicios de salud. Pero, más allá de las cifras, los datos apuntan a un quiebre: el país cambió de dirección y esa es quizá la clave para entender el sentido y la visión social de la denominada 4T y las razones por las que conserva un amplísimo apoyo ciudadano: entregó resultados concretos donde las buenas noticias nunca habían llegado.


Porque, hay que decirlo, la reducción de la pobreza no es únicamente un éxito de gestión, se convirtió también en un recurso de legitimidad. Y el argumento está a la vista y es simple: López Obrador logró en seis años lo que el PRI y el PAN nunca pudieron en más de treinta. En ese sentido, la ruptura no está solo en los números, sino en el cambio de paradigma: ahora, la pobreza dejó de ser un efecto colateral inevitable y se volvió objetivo central de la política pública del gobierno federal.


Amartya Sen sostenía que la pobreza no se reduce únicamente a la falta de ingresos, sino a la carencia de capacidades y libertades. La política social reciente, con todos sus límites, ha buscado devolver esas capacidades mínimas a millones de familias: más ingresos, cierta estabilidad y reconocimiento. Y eso, en un país donde millones habían sido invisibles, es también un cambio simbólico de enorme calado.


Así, el debate ya no es únicamente económico, sino político: ¿qué modelo puede sostener una gobernabilidad duradera en un país tan desigual como México? La experiencia reciente sugiere que, aunque imperfecta, la apuesta de la 4T ha funcionado. No ha resuelto todas las carencias ni ha borrado de golpe la desigualdad, pero ha generado un sentido de pertenencia y reconocimiento en sectores históricamente marginados. 


La consigna de López Obrador de “primero los pobres” pasó de ser un lema de campaña a convertirse en un criterio de gobierno, y en la arena política eso pesa más que cualquier tecnicismo. Y ojo: no se trata de erigir un dogma. En México persisten aún grandes rezagos en materia de salud, seguridad y justicia, pero si se trata de ordenar prioridades para reconstruir un país desde abajo, la fórmula de la 4T parece ser —al menos en términos sociales y políticos— la secuencia correcta. Al tiempo.

Juan Luis H. González 



Desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, el modelo neoliberal se sostuvo sobre la premisa de que la apertura comercial, la disciplina fiscal y el adelgazamiento del Estado serían suficientes para redistribuir la riqueza, cerrar la brecha de desigualdad y abatir la pobreza. Décadas enteras de reformas “estructurales”, tratados internacionales, privatizaciones y ajustes que se presentaron como inevitables daban cuerpo al discurso y a la acción oficial.


Sin embargo, después de la llegada de un proyecto político diferente al de los gobiernos del PRI y del PAN, las cifras comienzan a contar una historia distinta. Entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, según el reporte más reciente del INEGI, al pasar de 51.9 a 38.5 millones. En términos porcentuales, la población en pobreza multidimensional cayó del 41.9 % al 29.6 %, el nivel más bajo en la serie 2016–2024, y la pobreza extrema disminuyó del 7 % al 5.3 %, lo que representa que 1.7 millones de personas salieron de esa condición.


Este logro histórico no surgió por generación espontánea: es resultado de una apuesta política y económica que decidió fortalecer el ingreso de las familias y canalizar recursos directamente a los hogares más desfavorecidos, aun y cuando para muchos expertos eso era sinónimo de populismo e implicaba un potencial riesgo inflacionario. 


Así, en seis años se rompió el mantra que sostenía que incrementar el salario mínimo era el camino directo al desastre económico. 

Quienes lo mantuvieron estancado durante décadas, asegurando que “el mercado solo asignaría riqueza de manera óptima”, lograron lo contrario: precarización laboral, disminución del poder adquisitivo de los más pobres y una desigualdad brutal.


Claro, hay matices: la pobreza no ha desaparecido, las desigualdades siguen siendo profundas, las brechas regionales son abismales. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, la pobreza multidimensional supera el 50 %, mientras que más de una tercera parte de la población carece de servicios de salud. Pero, más allá de las cifras, los datos apuntan a un quiebre: el país cambió de dirección y esa es quizá la clave para entender el sentido y la visión social de la denominada 4T y las razones por las que conserva un amplísimo apoyo ciudadano: entregó resultados concretos donde las buenas noticias nunca habían llegado.


Porque, hay que decirlo, la reducción de la pobreza no es únicamente un éxito de gestión, se convirtió también en un recurso de legitimidad. Y el argumento está a la vista y es simple: López Obrador logró en seis años lo que el PRI y el PAN nunca pudieron en más de treinta. En ese sentido, la ruptura no está solo en los números, sino en el cambio de paradigma: ahora, la pobreza dejó de ser un efecto colateral inevitable y se volvió objetivo central de la política pública del gobierno federal.


Amartya Sen sostenía que la pobreza no se reduce únicamente a la falta de ingresos, sino a la carencia de capacidades y libertades. La política social reciente, con todos sus límites, ha buscado devolver esas capacidades mínimas a millones de familias: más ingresos, cierta estabilidad y reconocimiento. Y eso, en un país donde millones habían sido invisibles, es también un cambio simbólico de enorme calado.


Así, el debate ya no es únicamente económico, sino político: ¿qué modelo puede sostener una gobernabilidad duradera en un país tan desigual como México? La experiencia reciente sugiere que, aunque imperfecta, la apuesta de la 4T ha funcionado. No ha resuelto todas las carencias ni ha borrado de golpe la desigualdad, pero ha generado un sentido de pertenencia y reconocimiento en sectores históricamente marginados. 


La consigna de López Obrador de “primero los pobres” pasó de ser un lema de campaña a convertirse en un criterio de gobierno, y en la arena política eso pesa más que cualquier tecnicismo. Y ojo: no se trata de erigir un dogma. En México persisten aún grandes rezagos en materia de salud, seguridad y justicia, pero si se trata de ordenar prioridades para reconstruir un país desde abajo, la fórmula de la 4T parece ser —al menos en términos sociales y políticos— la secuencia correcta. Al tiempo.