“A todos los delitos se les puede imponer una prisión preventiva de forma justificada, por ejemplo, el caso de esas dos personas (Inés y Álvarez Puga) yo creo que la percepción pública, a partir de lo que ha difundido la autoridad, es que ellos se están sustrayendo a la acción de la justicia y por lo tanto sí ameritaría que el juez, justificadamente, imponga una medida cautelar llamada prisión preventiva”, dijo en entrevista el doctor Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa se puede extender a todos los delitos, siempre y cuando, el Ministerio Público lo justifique ante un juez, como señala el artículo 19:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.

“La prisión preventiva oficiosa implica que por la mínima posibilidad de que se haya cometido presuntamente un delito se debe ir a la cárcel en automático, aún sin tener una sentencia”, explicó Francisco Burgoa, catedrático de la UNAM. “Por eso es que la prisión preventiva oficiosa es muy criticable, atenta contra los derechos humanos, contra el principio de presunción de inocencia, contra el debido proceso”.

Para los expertos en derecho, lo que la Suprema Corte realizó al invalidar esta medida envía un buen mensaje y beneficia a todos los mexicanos.

“Es importante lo de la SCJN hizo porque, número uno, envía un mensaje al Congreso de que las leyes deben de tener un parámetro de regularidad constitucional, de respeto de los derechos humanos”, destacó el doctor Burgoa. “La Corte viene a garantizar una postura de protección a los derechos humanos”.

El Ministro presidente Arturo Zaldívar defendió la decisión de la Suprema Corte y señaló que en México se ha abusado mucho de esta medida. A través de un video publicado en sus redes explicó:

“En México desde hace mucho tiempo hemos abusado de la prisión preventiva, muchas veces se detiene para investigar y esto ha afectado a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicta en automático, sin valorar las circunstancias, es contraria a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto no implica que aquellos delincuentes peligrosos vayan a estar en libertad, lo que significa es que en estos casos el juez tendrá que dictar una resolución que justifique por qué una persona debe de estar detenida mientras se resuelve su responsabilidad”.

La resolución de la Suprema Corte deja sin validez las reformas aprobadas en 2019 a la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal de la Federación, que establecen que se consideran amenazas a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las siguientes actividades: la defraudación fiscal, contrabando y su equiparable, así como la expedición, venta y uso de facturas falsas.

Con información de Sin Embargo