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Al empresario argentino se le acusa de la comisión del delito de fraude, según lo señala la causa penal 38/2007. Ahumada Kurtz notificó al juez Antonio González García, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México la nueva solicitud de extradición.
El Gobierno de México solicitó al de Argentina, la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurtz; quien es señalado por incumplimiento de una obra pública que se le asigno en 2007 por un monto de más de 29 millones de pesos.
Según señaló el empresario, le notificó sobre la solicitud de extradición el 2 de diciembre del 2020; e indicó que actualmente se encuentra en un arraigo domiciliario en espera a que se le notifique su situación jurídica.
De acuerdo con el juez González García hizo saber que Carlos Ahumada no podrá comparecer en el juicio de amparo que realizó en México.
Por su parte, las autoridades federales confirmaron que la solicitud de extradición se encuentra pausada, debido a que un juez argentino no ha resuelto la petición.
Argentina ya ha negado la extradición de Ahumada Kutz, en agosto del 2020 un juez de Buenos Aires desecho el recurso. En aquella ocasión la autoridad judicial mexicana acusaba al empresario por defraudación fiscal equiparada, por un millón 647 mil 236 pesos.
Ahumada ha tenido diversos conflictos con la justicia mexicana, en el gobierno del en el entonces Distrito Federal se le imputo el delito de fraude por más de 29 millones de pesos.
Además, es uno de los participantes de los llamados video escándalos, que buscaban involucrar al entonces mandatario capitalino, Andrés Manuel López Obrador en actos de corrupción.
Según lo indicó el mismo Ahumada, el plan era descarrilar la carrera de López Obrador a la presidencia en las elecciones del 2006.
Carlos Ahumada: Sería lamentable que López Obrador me persiguiera por venganza y sin pruebas:
Carlos Ahumada Kurtz (Córdoba, 1964) es un hombre escurridizo. El empresario argentino, que llegó a principios de siglo a estar en boca de todo México, llevaba varios años fuera del radar cuando en agosto de 2019 fue detenido en Buenos Aires. La policía respondía a un pedido de Interpol: la justicia mexicana le acusaba de defraudar al fisco 1,4 millones de pesos, unos 63.000 dólares. Un año después ha logrado escapar a la extradición gracias al fallo de un tribunal argentino que consideró que no había delito. “No tenía ni pies ni cabeza”, dice el empresario en entrevista con EL PAÍS sobre la solicitud judicial.
Ahumada, que llegó a tejer una extensa red de poder entre sus negocios y decenas de funcionarios en ambos países, se convirtió en enemigo de la izquierda mexicana en 2004 cuando expuso unos videos en los que se le veía en su despacho pagar sobornos a operadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Entre los expuestos había colaboradores cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese entonces ocupaba el cargo de jefe de Gobierno de Ciudad de México. Las consecuencias de aquella jugada que le llevó a pasar un período corto en prisión le acechan hasta hoy, asegura. “Sería muy lamentable que por haber sido yo uno de los problemas más importantes que tuvo el presidente en su carrera política, el que más le dolió, me esté persiguiendo por venganza y sin ninguna prueba jurídica”, dice al otro lado del teléfono.
La Fiscalía General de la República (FGR) de México dio a conocer semanas antes del arresto en un aeropuerto de Buenos Aires que preparaba acusaciones contra el empresario por extorsión, fraude, falsificación y uso de documentos apócrifos. Las justicias de ambos países, sin embargo, no parecen ponerse de acuerdo en los criterios. El fiscal argentino Guillermo Marijuan, a cargo de la causa de extradición, explica que la solicitud de México carecía de sustento. “Se rechazó porque se lo estaba pidiendo por la no presentación de unas declaraciones juradas, y esta persona se presentó y creo que hasta pagó una multa”, dice.
Según el expediente judicial, Ahumada demostró que el dinero por el cual se le reclamaba no correspondían a ganancias hechas por él en México, sino a movimientos entre sus propias cuentas. Solo le quedó por justificar 2.840 pesos, que junto a los recargos y una multa sumaban menos de 5.500 pesos, unos 250 dólares. “A ningún mexicano en el mundo, el Gobierno de México lo persigue por deberle eso al fisco”, reprocha con un tono siempre tranquilo. “Quiero pensar que en los próximos días cesará esta persecución hacia mi persona”. Pese a la pequeña victoria en la causa de extradición, México podría volver a solicitar la medida a Argentina, pero tendría que hacerlo por otro motivo “siempre y cuando el delito sea grave y tenga que resolverse en el país”, explica un portavoz de la fiscalía.
La política mexicana ha visto esta semana temblar sus cimientos por acusaciones de corrupción y la aparición de varios vídeos que mostraban a funcionarios recibir efectivo de origen desconocido. El último, en el que se veía al hermano de López Obrador agarrar sobres con dinero para campañas electorales, sacudió al Gobierno y revivió del pasado el caso de los videoescándalos, las imágenes grabadas por el propio Ahumada y filtradas a los informativos mexicanos. “El presidente debe tener asuntos más importantes ahora, quiero pensar que no tiene idea de lo que está pasando en mi caso. Demostraría que es una persona extremadamente rencorosa”, comentaba Ahumada antes de la filtración de esa grabación.
El polémico hombre de negocios conoce la política mexicana desde adentro como pocos. A principios de siglo era muy cercano a los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Dueño del Grupo Quartz, una empresa constructora, recibió varios contratos de obra pública durante algunas administraciones del PRD en Ciudad de México. Uno de ellos fue el de Rosario Robles, exjefa de Gobierno del Distrito Federal y exministra de Enrique Peña Nieto y con quien mantuvo una relación sentimental. Robles ha cumplido recientemente un año en prisión, acusada del delito de omisión.
La segunda deuda pendiente que tiene el empresario con la justicia mexicana fue una denuncia realizada precisamente por Robles, quien le acusó de extorsión y fraude. Ambas causas “fueron armadas” por la exministra y Juan Collado, el exabogado de Enrique Peña Nieto, asegura Ahumada. “Manejaban a su antojo el país y querían encarcelarme sí o sí”. Insiste: “Es una causa ridícula, no entiendo por qué no lo han querido ver en el Gobierno. Salvo que los mandos medios de la fiscalía quieran quedar bien con López Obrador, creyendo que él tiene sed de venganza conmigo por haber dado a conocer la gran corrupción que imperaba en su partido”.
Las acusaciones cruzadas entre Robles y Ahumada se dinamitan a partir de la filtración de los videos. “El modus operandi de Rosario por lo menos desde 1999 ha sido defraudar sistemáticamente. Cuando estuvo en el Gobierno del Distrito Federal se robó 1.000 millones de pesos. No contenta con eso, durante el sexenio de Peña Nieto, dicen las investigaciones que se llevaba los camiones de caudales a su casa”, acusa. La defensa de la exministra dice que el empresario “carece de legitimidad y calidad moral” al ser un prófugo de la justicia. “Si el señor Ahumada sabe de algún hecho que deba darse a conocer, lo invitamos a que venga a México a formular su denuncia ante las autoridades mexicanas, con quienes por cierto tiene asuntos legales pendientes que resolver“, responde el abogado Javier Sánchez Rojas.
Con información de Regeneración.