Por: Lizbeth Álvarez Martínez.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que todos los proyectos de la inversión privada en la Ciudad de México deben estar en el marco de la ley y cumplir con las normas establecidas, con el fin de evitar una situación similar como la ocurrida en la obra inmobiliaria de Presa Anzaldo, Alcaldía Álvaro Obregón, misma que se construyó sin permisos y sobre un vaso regulador de la capital del país, por lo que el viernes pasado inició su demolición.

“Como hemos dicho en otras ocasiones, como lo dice el Presidente de la República: al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie. Nosotros queremos que haya inversión privada en la ciudad, pero siempre tiene que estar en el marco de la ley, y particularmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda ha estado suspendiendo diversos, o suspendió el año pasado principalmente, diversos desarrollos que estaban fuera de la ley”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo, explicó que, la mayoría de los desarrolladores inmobiliarios que no cumplían con las normas acudieron ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) para ajustar sus proyectos. Sin embargo, dijo, en el caso de la obra en Presa Anzaldo no ocurrió así, continuaron con las obras de construcción y cuando se terminó el plazo de suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX), iniciaron los trabajos de demolición cuyo costo correrá a cargo de la empresa.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Marina Robles García, señaló que el desarrollo inmobiliario contaba con diversas condiciones de incumplimiento para el proyecto ubicado en Periférico 3042, por lo que la empresa deberá pagar una multa de 61 millones de pesos y tiene la obligación de restaurar el sitio, así como asumir el costo de la demolición que asciende a un estimado de 30 millones de pesos.

Las condiciones de incumplimiento que llevaron a la demolición son las siguientes:

-El desarrollador no demostró que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra.

-No se contaba con Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental y había irregularidades en la manifestación de construcción.

-El proyecto contaba con negativa en materia ambiental.

-Construyó sin autorización.

-Invadió la zona federal (el cuerpo de agua).

Robles García comentó que el proceso de demolición será de 60 días y en el lugar se encuentran trabajando 80 personas de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), con el apoyo de las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC), de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).

A la fecha, se tenía una superficie de construcción total de 53 mil 22.974 m2, que representa el 75 por ciento de avance con respecto al proyecto completo, con una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.