Todo indica que las investigaciones en el Poder Judicial en contra de Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sí son reales y están en curso.

Lo anterior a pesar del intento que hizo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por desmentirlas en su cuenta de Twitter.

Fuentes de Político.mx señalan que el todavía ministro acumula, dentro del Poder Judicial, múltiples señalamientos por presunta corrupción, nepotismo y anomalías administrativas durante su paso por la presidencia de la Suprema Corte.

Nos cuentan que la limpia en el Poder Judicial en estos tiempos de la Cuarta Transformación va en serio.

Ministro propone anular consulta contra expresidentes de México

La fecha ha sido fijada: el próximo 1 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México debatirá la constitucionalidad de la consulta presentada por el Ejecutivo para enjuiciar a los expresidentes. Anteriormente, el ministro Luis María Aguilar Morales, uno de los diez miembros de la Corte, ya se ha manifestado en contra.  

Este jueves se dio a conocer el proyecto de Aguilar Morales, quien fue nominado para pertenecer a la Corte por el expresidente Felipe Calderón en 2009. El ministro desarrolla sus argumentos en contra de la constitucionalidad de la consulta popular debido a que el objeto de esta supone la restricción de derechos humanos y la afectación a las garantías que procuran su protección. 

La postura de Aguilar Morales es que la protección de los derechos humanos es una obligación del Gobierno mexicano y el uso de este mecanismo participativo supondría que una mayoría dispusiera de los derechos humanos de una minoría, de “algo que no es suyo”. Agrega que estos derechos “no son concesiones u obsequios que las autoridades dan a las personas”.

El ministro basó sus argumentos en el artículo 35 de la Constitución que marca los límites con los que deberá contar la consulta ciudadana y que especifica que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos”. De ahí que asegurara que este tipo de ejercicios están prohibidos al igual que si se hiciera una consulta popular para cambiar el sistema de Gobierno o para permitir la esclavitud.

Por último añade que, de llevarse a cabo, podría darse el supuesto de que la ciudadanía vote en contra de la media. En ese caso se otorgaría un perdón simbólico a los delitos “especialmente odiosos” que denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La opinión del ministro coincide con la del expresidente Felipe Calderón quien ha expresado que la consulta es violatoria de garantías elementales como la presunción de inocencia y el debido proceso, entre otros. Instó, además, a que si se tenían pruebas en su contra se presentaran ante la Fiscalía y dejaran de “hostigarlo”. 

Al respecto, López Obrador comentó en su conferencia matutina que no solo intervendrá un ministro en la decisión y que confía en que todos actúen con apego a la ley, sin dejarse intimidar, tomando en cuenta el sentimiento del pueblo. 

De los 10 ministros que debatirán la medida solo dos han sido nombrados durante la actual administración. Los restantes ocho fueron nombrados por los mismos expresidentes a quienes se sometería a juicio político.

Con información de Político y Lexlatin.