El Congreso de la Unión notificó a la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre la aprobación del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular relacionada con actos de corrupción que involucren a funcionarios públicos de años anteriores, esto ante la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca juzgar a expresidentes. De esta manera, y una vez que el decreto se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF), será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de organizar el proceso previsto según el dictamen, y como establece la ley, para el 1 de agosto de 2021. Es aquí donde entran dos vertientes todavía a discutir pues el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, plantea la modificar la fecha, a fin de empatarla con las elecciones federales del 6 de junio del mismo año, y con ello “reducir costos”, otro tema que está a debate pues si bien en un principio se hablaba de un costo alrededor de los 8 mil millones de pesos, ahora se propone que cueste 2 mil millones, aunque la cifra exacta aún no es calculada por el INE, que será el órgano encargado de su organización.

El oficio emitido por el Congreso, suscrito por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, notifica a la Segob sobre la emisión de la convocatoria de consulta popular a realizarse el domingo 1 de agosto de 2021, como lo establece en la Constitución.

A pesar de que la fecha que señala la convocatoria es el primer domingo de agosto, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para modificar la fecha con el argumento de que se podría ahorar recursos si el proceso de la consulta se empata con la elección de 2021.

Según su iniciativa, se propone la consulta para poner a consideración si se deben de investigar a los últimos cinco exmandatarios exmandatarios debe realizarse en el marco de la elección del 6 de junio, pues las tareas de preparación y ejecución “requerirán de una erogación muy alta de recursos públicos” y de coincidir con los comicios del siguiente año, dichos gastos podrían ahorrarse “aprovechando toda la metodología, infraestructura y personal que el Instituto Nacional Electoral desplegará para la jornada electoral federal de ese año”.

Se prevé que la próxima semana se revise en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, donde se turnó para que después pase al Pleno del Senado. Es de recordar que para que la propuesta sea aprobada, se necesita el voto de las dos terceras partes de los presentes en el Pleno de la Cámara Alta; en ese contexto; el denominado bloque opositor, integrado por PAN, PRI, MC y PRD, anunció su voto en contra.

Además, el diputado federal morenista, Pablo Gómez, propuso una reforma constitucional al artículo 35 para juntar la elección del 2021 con la consulta popular. Si bien en su argumentación destaca que el proceso de la consulta popular se desvinculó del proceso electoral, con lo que se permite la realización de consultas una vez al año y no únicamente durante las jornadas electorales federales que se realizan cada tres años, la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados sigue a cargo del Instituto Nacional Electoral “con lo que, una vez que es viable la realización de consultas en año diverso al de proceso electoral, la autoridad electoral queda ratificada también como autoridad de participación ciudadana”.

En ese sentido, propone modificar al artículo 35, en el numeral 5º de su fracción VIII, “a fin de recorrer la fecha de la jornada de consulta al 1 de junio, es decir, al mismo día en que se verifica la jornada comicial en año electoral”.

Al tratarse de una reforma a la Constitución, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para tal fin, para después pasar a su colegisladora y posteriormente ser avalado por mínimo 17 de los 32 Congresos estatales.

El cambio en la fecha, según el argumento principal de Morena y aliados, es que al coincidir las fechas de la consulta y la elección federal se pueden ahorrar costos, entrando con esto a la segunda disyuntiva sobre cuánto costará realmente la consulta popular.

Si bien aún no hay un estimado real de cuánto se prevé erogar en este “capricho” como la oposición ha llamado a la consulta popular propuesta por AMLO; en diversas ocasiones se habló de 8 mil millones de pesos los que se destinarían para este fin.

En entrevista con Excélsior, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, detalló que la consulta “ni de chiste” va a costar 8 mil millones; y aunque aún no da una cifra exacta, calculó que serán de cuatro a cinco veces menos.

“Ni de lejos va a costar ocho mil millones de pesos, si te digo que esto va a costar cuatro o cinco veces menos, pues no estaría faltando a la realidad, hay que esperarnos a estos ajustes, ahorita no me gustaría dar una cifra que luego entre en contradicción con lo que el Consejo General apruebe, pero va a costar muchísimo menos”, dijo el consejero presidente.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas recordó que aunque el INE todavía no tiene un cálculo de lo que costaría la organización de la consulta popular, comparó el gasto con el de un proceso electoral ordinario que para el 2021 será de 8 mil 168 millones de pesos.

"Es decir, no hay un presupuesto; un proceso ordinario sí cuesta 8 mil millones de pesos y sobre esto trabajaremos para lograr un proceso de consulta que tiene mucha semejanza con un proceso electoral federal", contestó el consejero.

Ciudadanos entregan al Senado 2.5 millones de firmas para Enjuiciar a los ex Presidentes

Los integrantes de ese Comité que encabeza Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa y la estudiante Ariadna Sánchez; estuvieron acompañados de cientos de voluntarios.

Llegaron al Senado cargando infinidad de cajas que contienen las firmas de los ciudadanos que están a favor de que se consulte la posibilidad de enjuiciar a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El comité ciudadano que recolectó las firmas para la consulta contra los expresidentes de México, entregó casi a la media noche en las instalaciones del Senado, un total de 2.5 millones de firmas debidamente foleadas y en cajas selladas.

Con gritos y consignas de “sí se pudo” y “Viva México”, los jóvenes festejaron que en un tiempo récord, los ciudadanos los hayan apoyado enviando firmas de diferentes estados del país; incluso desde el extranjero.

Este martes, el presidente López Obrador solicitó la consulta al Senado, agradeció a los ciudadanos esta acción.

El trabajo realizado por los jóvenes, era necesario para dejar constancia de que se cumplió con el requisito establecido en la ley en la materia, antes de que venciera el plazo legal.

El gran número de firmas se lograron en un tiempo muy corto, pues se tenía hasta el día 15 de septiembre para entregar el millón 600 mil firmas requeridas para pedir que se realice dicha consulta.

Usuarios de redes sociales lanzaron el hashtag #JuicioAExPresidentesVa en apoyo a la consulta.

Con información de Político.