Redacción
La historia de Jorge Pérez
cobró relevancia por cómo se dio su despido en su trabajo. Se desempeñaba como
empleado de limpieza bajo contrato por outsourcing por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y por
pedir equipo anti Covid para protegerse, lo corrieron.
A pesar de que el Hospital 20
de noviembre se destinó a pacientes de coronavirus, nunca se le brindó un
Equipo de Protección Personal (EPP) y así, él a diario tuvo que limpiar
oficinas, pasillos y baños.
Pasados algunos meses de la
pandemia, el señor Jorge, de más de 60 años de edad, se atrevió a denunciar sus
condiciones de trabajo a través de medios de comunicación; días después, la
empresa lo despidió.
De acuerdo con su testimonio,
las condiciones de trabajo para el personal de limpieza en los hospitales
públicos son precarias y a diario están expuestos a contagiarse a pesar de que
son en mayoría gente de la tercera edad y otros más con capacidades diferentes.
Ganaba 3 mil 800 pesos
mensuales por una jornada de 8 horas al día limpiando el hospital y lo siguió
haciendo sin mascarilla, bata y guantes.
Iniciaba a las 6 de la mañana
y en teoría terminaba a las 14 horas, pero la empresa los obligaba a formarse
una vez más para recibir más tareas. Esta fila la hacían en el área de
ambulancias, donde incluso quedaban expuestos a los cuerpos de los fallecidos.
Cuando solicitó que se le
cambiara de área por ser una persona mayor, la empresa le pidió 150 pesos por
semana para no enviarlo a zona COVID.
Jorge Pérez Ortega fue despedido injustamente en junio 2020 tras denunciar que el personal de limpieza del hospital 20 de Noviembre del @ISSSTE_mx en #CDMX, carecía de equipo de protección personal para prevenir #COVID19. Exige justicia para #JorgitoCuenta pic.twitter.com/7LmHtjfsyB
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) February 4, 2021
El caso fue arropado por
Amnistía Internacional. De acuerdo con su Directora para México, Tania Reneaum
Panszi, el caso del señor Jorge muestra la injusticia y la invisibilidad de las
personas que se encargan del mantenimiento de las estructuras que se usamos día
a día, ya que gracias al personal de limpieza, el resto del hospital puede
funcionar. Por esta razón, dijo, todo el grupo de trabajadores de la salud sean
considerados prioritarios en la vacunación.
Aunque la empresa de
outsourcing es privada, hay una clara responsabilidad por parte del Estado.
Reneaum Panszi explicó que las autoridades deben adoptar medidas para brindar
condiciones laborales dignas, ya que al subcontratar estos servicios con estas
empresas, “se convierte en reproductor de desigualdades sociales […] Cuando los
estados terciarizan servicios deben garantizar condiciones adecuadas para quien
prevé los servicios porque se convierte en un obligado solidario de esas
obligaciones”.
De acuerdo con una
investigación de Amnistía, en el ISSSTE hay mil 717 personas por outsourcing en
nueve hospitales; en el 20 de noviembre hay 343 personas subcontratadas.
“El personal del hospital me
decía que buscara aunque sea un trapo para ponerme en la boca. Recogíamos papel
sin guantes, lavando tazas de baño. Lo que quiero es justicia para mí y todos
mis compañeros; tienen mucho miedo de que los corran, hay muchas personas
adultas, con discapacidad […] Hay muchas cosas en el hospital. Yo no quiero que
nos traten como basura”, comentó el señor Jorge.
De acuerdo con el abogado del
caso, Norman González, se inició ya un juicio laboral en Conciliación y
Arbitraje.
“En junio, una vez tomados los
datos de Jorge, coincidimos en que había sido víctima de un despido
injustificado, ya que no le dieron aviso en el que se señalaran las causas que
motivaron a la empresa a despedir. El señor da una entrevista a un medio en el
que denuncia que no tenía protección para trabajar en un hospital habilitado
para tratar pacientes COVID y el despido viene después”, señaló.
Sin embargo, hasta el momento
no hay avances significativos en el caso en el que se solicitará el pago de una
indemnización y de salarios caídos.
“Hay un estado de
vulnerabilidad. Tiene máximo riesgo por la pandemia. Él no cuenta con atención
médica si lo requiere ni tampoco trabajo estable”, agregó el abogado.
Por el estatus procesal del
expediente, y como aún no es llamada formalmente a juicio, no se hizo público
el nombre de la empresa de outsourcing, esto para no interferir con el proceso
legal.
Si quieres firmar la petición
de Amnistía Internacional, puedes dar clic aquí: “Exige una indemnización justa
para Jorgito”.
Con información de Sin Embargo