La senadora Kempis propone la creación del “Consejo Económico General de Emergencia”, que dependa directamente del presidente de la República y que esté integrado por representantes del Gobierno federal, el Poder Legislativo, entidades federativas, el sector privado y la academia.

Indira Kempis, senadora del partido Movimiento Ciudadano, propuso la creación de un consejo que tenga la facultad de incidir en la política económica, pero “sólo” ante desastres naturales y emergencias ambientales o sanitarias.

La legisladora señaló que con esta iniciativa se busca reformar una serie de ordenamientos federales, para crear un organismo que incida en la política del desarrollo económico del país ante situaciones de emergencia, tales como desastres naturales, emergencias ambientales o como la pandemia que vivimos por el virus SARS-CoV2.

En directa contraposición a la política establecida por el Ejecutivo federal de reducir el número de organismos de gobierno paralelo, el partido Movimiento Ciudadano intenta acotar por vías alternas las decisiones y políticas económicas del Gobierno federal.

Indicó que se busca que autoridades especializadas en la materia, la academia y el sector privado tengan voz y voto ante las decisiones que marcarán el rumbo de la política nacional en materia económica.

Lo cual, dijo, evitará que el Ejecutivo federal decida “arbitrariamente” y “sin restricciones” o “contrapeso” alguno sobre el futuro del país ante crisis sanitarias y de otros tipos.

Sugirió que quienes integren este Consejo, y en evidente tributo al espíritu tecnócrata de este partido, deberán ser profesionales especializados en desarrollo económico o responsabilidad hacendaria, teniendo como propósito principal contribuir a la recuperación y reactivación económica del país.

Llama mucho la atención la ausencia absoluta en la propuesta, de especialistas en seguridad y bienestar social, lo cual confirma el privilegio de lo puramente económico, así como la exclusión del sector obrero y campesino, por citar algunos, de este Consejo.

“Este Consejo únicamente operaría como su denominación lo indica, en casos de situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, emergencia de protección civil, epidemia de carácter grave o emergencia causada por deterioro súbito del ambiente que ponga en peligro inminente a la población.”

“Es necesario modificar primero la Constitución para crear dicho consejo, de forma análoga al Consejo de Salubridad General; así como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para prever la naturaleza, facultades e integración de este; y la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para prever su participación”, aclaró.

Finalmente, Kempis insiste en que la recuperación y reactivación económica posterior a una emergencia, como es el caso de la crisis sanitaria que actualmente vivimos con motivo del coronavirus, requiere de esfuerzos articulados entre el Ejecutivo federal, expertos académicos, gobiernos locales, empresarios y emprendedores, de forma que pueda retomarse lo más rápido posible el crecimiento y desarrollo económico del país.

10 decisiones de AMLO que causaron polémica entre los mexicanos:

El presidente de la República redujo a 32 el número de delegados federales y ordenó crear la figura de coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, mejor conocido como “superdelegado”.

Cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, crear la figura de “superdelegados”, recortar recursos a las estancias infantiles e impulsar una contrarreforma educativa son algunas de las decisiones que han generado polémica en los primeros tres meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La situación generó controversia entre los gobiernos locales y diversos partidos políticos, quienes señalaron que el gobierno federal otorga atribuciones a los delegados que amenazan la independencia y soberanía de los estados, se vulnera el pacto federal, además de que será una máquina para generar candidatos a diversos puestos de elección popular.

La nueva figura de coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo organiza a los 32 delegados estatales y 264 delegados regionales del gobierno federal. Se encargan de ejecutar programas integrales de desarrollo económico y social.

El 29 de octubre el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)  en Texcoco, luego de que se dieran a conocer los resultados de la consulta ciudadana convocada todavía en su calidad de presidente electo.

La consulta planteó cuál de las siguientes opciones consideraban mejor dada la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México: continuar con las obras del NAIM o reacondicionar el AICM y el aeropuerto de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía.

El resultado favoreció al proyecto en Santa Lucía con 69% de los votos.  Las obras iniciadas en el 2015, fueron suspendidas en diciembre y tenían un avance de 32%  Las pérdidas por la cancelación son estimadas en 100,000 millones de pesos.

El gobierno federal ordenó la construcción del Tren Maya que cruzará por toda la península de Yucatán. La decisión fue tomada después de conocer los resultados de la segunda consulta convocada, entre el 24 y 25 de noviembre, por el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

88% de los votantes aprobó el proyecto que consiste en un nuevo servicio férreo que interconectará a las principales zonas turísticas de la península y tendrá como fin ser un tren turístico, carguero y de pasajeros. Las 15 estaciones del tren estarán repartidas entre los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas; tendrá una extensión de 1,525 kilómetros de longitud.

El financiamiento será 90% privado y 10% público. La inversión estimada será de entre 120,000 y 150,000 millones de pesos.

El pasado 1 de enero el presidente de la República anunció la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que estima integrar a 2.6 millones de mexicanos, entre 18 y 29 años, que actualmente no estudian y no trabajan a actividades de capacitación para el trabajo.

Su objetivo consiste en darles oportunidad de acceso a estudios universitarios, alejarlos del desempleo y del camino de conductas antisociales, acelerar la preparación de una reserva de jóvenes para las actividades productivas, en previsión de un mayor crecimiento económico en el futuro próximo e incluir al sector privado en las actividades de responsabilidad social para el desarrollo productivo de ese sector de la población.

El 13 de enero el presidente de la República presentó en Chalco, Estado de México, el Programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, el cual prevé beneficiar a 8.5 millones de mexicanos de 68 años y más, mientras que en comunidades indígenas la edad será de 65 años y más.

Se calcula que de este grupo poblacional, 23% de mujeres y 40% de hombres no cuentan con una pensión derivada de su aportación como trabajadores, y que 26% de los adultos mayores tampoco tiene acceso a programas sociales.

El monto de apoyo económico que recibirán los beneficiados es de 1,275 pesos mensuales que serán entregados bimestralmente.

El 25 de febrero el presidente López Obrador anunció la construcción de dos termoeléctricas en Huexca, Morelos. La decisión generó múltiples expresiones de rechazo por parte de grupos ambientalistas  y organizaciones en defensa de la tierra y el agua.

El gobierno de la República convocó a una consulta para la aprobación del Proyecto Integral Morelos (PIM) que está conformado por dos termoeléctricas, un acueducto con una longitud de 10 kilómetros y un gasoducto de 150 kilómetros, en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

59% de los votantes en la consulta estuvo a favor del PIM, que se estima que tendrá una inversión de 1,600 millones de dólares.

El Congreso de la Unión aprobó el 5 de noviembre del 2018 la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la cual se creó el delito de remuneración ilícita que aplica para aquellos servidores públicos que ganen más que el presidente de la república, quien percibe mensualmente 108,000 pesos.

La ley prevé hasta 14 años de prisión para los funcionarios que incumplan la norma. La modificación causó controversia dentro del Poder Judicial de la Federación y se interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) más de 20,000 amparos. En el mismo sentido, la SCJN negó la suspensión de la ley a los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El 12 de diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa y la envió a la Cámara de Diputados para su discusión.

Durante la campaña electoral, se comprometió a garantizar “una educación con equidad y calidad”, recogiendo la frustración por las expectativas que produjo la reforma educativa, impulsada por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

La iniciativa, del presidente López Obrador, tiene por objeto abrogar la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y eliminar las disposiciones que señalan que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos de dirección o supervisión en la educación básica y media superior se llevarán a cabo mediante concursos de oposición.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó el 27 de diciembre del 2018 el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex para atacar el robo de combustible.

Las pérdidas económicas por este delito sumaron más de 60,000 millones de pesos en el 2018.  Para el presidente, “el robo a Pemex va más allá de la ordeña de ductos”, se apoya en un sistema de distribución a gran escala desde el interior del gobierno.

Ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional vigilar 47 instalaciones estratégicas de Pemex, principalmente los ductos Tula-Salamanca, Salamanca-Guadalajara, Tuxpan-Azcapotzalco, Tuxtpan-Tula y Cadereyta-Matamoros.  Fueron desplazados 8,010 elementos del Ejército apoyados con 565 vehículos, 14 aeronaves, 62 minidrones y 670 elementos para resguardo de pipas.

El 18 de febrero el gobierno federal informó su decisión de recortar los subsidios a las estancias infantiles y dio a conocer las nuevas reglas para su operación.

Uno de los objetivos es evitar actos de corrupción de los administradores de las guarderías y entregar de manera directa los apoyos a padres de familia y tutores de los menores beneficiados.

Ahora, el programa se llama Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Los beneficiados serán aquellos que tengan de uno a tres años de edad, quienes recibirán un apoyo económico de 1,600 pesos, y de 3,600 pesos a los menores que presenten alguna discapacidad. Se incorporarán al padrón los niños de municipios indígenas, alto riesgo social, pobreza extrema, zonas de alto grado de marginación y altos índices de violencia.

Con información de Sin Linea.