Redacción
Luego de que un tribunal de apelación de justicia de ese país desestimó el recurso de súplica interpuesto ante la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo, se presentó voluntariamente ante la policía de España para volver a la prisión.
La empresa informó que una vez que la decisión del tribunal sea refrendada por el Consejo de Ministros, y en los próximos días se comunique oficialmente la sentencia negativa, la defensa del empresario presentará un recurso de amparo y la solicitud para regresar a libertad condicional en tanto culmina el proceso legal.
El empresario y sus abogados argumentan que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del que se le acusa carece de sustento legal, pues los movimientos financieros aludidos en la acusación tienen un origen plenamente lícito, identificado y justificado, al ser operados y registrados a través de los canales regulares de la empresa, conforme con un contrato de servicios.
De acuerdo con la defensa de Ancira Elizondo jurídicamente los pagos correspondientes al acuerdo de trabajo con Emilio Lozoya Austin corresponden a un trato comercial entre particulares, dado que, al prestar sus servicios de gestoría y apoyo técnico, el beneficiario no era funcionario público y realizó las tareas estipuladas a satisfacción de las partes.
AHMSA señaló que pese a supuestas presiones, los tribunales mexicanos, se han pronunciando en favor de recursos presentados por el presidente del Consejo de Administración de AHMSA, pues consideran que existen irregularidades procesales.
Con información de La Jornada
Recomienda Ancira huir a donde pueda a EPN
Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, obtuvo a principios de octubre de 2020 un amparo por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal con sede en la capital nacional, lo que deja sin efecto la orden de aprehensión por lavado de dinero en su contra.
Al respecto, aseguró en entrevista con Carlos Loret de Mola que el proceso legal en su contra le ha costado entre 800 y 900 millones de dólares, a lo que sumó el valor que ha perdido la empresa desde que comenzó la persecución en su contra.
El empresario aseguró al medio Latin Us que definitivamente se ve a sí mismo como un perseguido político, además de considerarse un chivo expiatorio para supuestamente meterle miedo a los empresarios mexicanos.
Con información de Infobae.com