Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentó ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina una denuncia formal contra integrantes del denominado Cártel Inmobiliario que operó durante la pasada administración y en el que se incluye a gente cercana al exjefe de Gobierno y hoy senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Los delitos que les imputan son operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.

Estas operaciones detectadas no han sido cuantificadas en la investigación tanto por las autoridades federales como locales, pero rastrean el origen y la dispersión de los recursos. 

La denuncia fue presentada el 24 de septiembre y quedó asentada en el inicio de la carpeta de investigación CI-FIAR/B/UI-2 S/D/00006/09-2020, en la fiscalía de asuntos relevantes, y aunque el expediente solamente cuenta con dos hojas hasta el momento, se sabe que Nieto Castillo señaló como imputados a los amigos de Mancera Espinosa, quienes presuntamente impulsaron la construcción de desarrollos inmobiliarios, dieron permisos y otorgaron contratos en su administración.

En el documento se puede leer como acusados a los hermanos Raúl y Alejandro Ruiz Herrera, quienes trabajaron en las notarías 215 y 233, respectivamente; además, del notario 215, Uriel Oliva Sánchez, todos cercanos al exjefe de Gobierno.

En la querella también se imputa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito a Fausto Ernesto Galván Escobar, excoordinador General de Gestión para el Crecimiento y Desarrollo, de la Secretaría de Desarrollo Económico, puesto que le fue otorgado por Mancera Espinosa en 2013.

Aparece en la denuncia la actual pareja sentimental de Galván Escobar, María Vanessa Arroniz Sehedi, quien fuera representante legal de las desarrolladoras BAITA y DEKAH, ambas empresas ligadas al exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Simón Neumann.

Da cuenta que las investigaciones apuntan a que un grupo de notarios habría simulado operaciones, ocultado folios reales y números de escrituras para evitar su localización en el Registro Público de la Propiedad e, incluso, permitieron el uso de prestanombres en procesos de cambio de uso de suelo.

De acuerdo con el documento consultado, Nieto Castillo refirió: “Se realizó un análisis de la información recabada de nuestras bases de datos, identificándose operaciones realizadas por las personas señaladas, en las que se describe que probablemente han participado en la comisión de hechos considerados como delictivos, entre ellos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

La UIF realizó un rastreo y encontró que varias personas tienen cuentas bancarias en el extranjero, como el presunto caso de Uriel Oliva Sánchez.

Otro de los notarios bajo investigación, es el 233, y aunque no fue señalado en el inicio de la investigación, fuentes de la fiscalía refirieron que hay averiguaciones previas y carpetas que fueron detenidas durante la administración mancerista.

Aunque no han sido agregadas al expediente, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene los reportes de estas cuentas, algunas han sido congeladas.

TRAS LA PISTA DE MIGUEL MANCERA:

El pasado ocho de octubre ocurrió la más reciente de las detenciones de funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México (2012-2018). Se trata de Jorge Eduardo “N”, exdirector general de Construcción de Obra Civil en la Secretaría de Obras y Servicios.

El exfuncionario es considerado presunto responsable de una supuesta contratación indebida de empresas privadas y pago de sobreprecio, para la demolición de edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo detuvieron en el municipio de Corregidora, en el estado de Quéretaro.

Además, el detenido participó como colaborador de Édgar Tungüí Rodríguez, comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, quien ahora es buscado por la Interpol.

Jorge Eduardo y otros dos funcionarios otorgaron contratos por 12 millones 151 mil 339.21 pesos y 3 millones 869 mil 996.90 pesos, a las empresas (REM) Ingeniería Ecológica S.A. de C.V. y a la Constructora Vallento S.A. de C.V, respectivamente.

Y esta captura se suma a una lista, cada vez más larga, de funcionarios que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera presuntamente cometieron delitos por operaciones indebidas.

A principios de marzo de este año un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital mexicana vinculó a proceso a Miguel Ángel Vásquez Reyes, quien fuera el operador financiero de Mancera, acusado de delitos cometidos por servidores públicos y uso indebido de atribuciones. También es investigado por su vínculo con un presunto fraude por más de 190 millones de pesos, los cuales fueron utilizados para la compra de tarjetas de identificación para los empleados del gobierno capitalino.

Además, en julio de 2019 fue detenida quien fuera su pareja sentimental, Berenice Guerrero Hernández, ex subsecretaria de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas, junto con José Iván Morales Palafox y Gabriel Rincón Hernández, también ex servidores públicos de la misma secretaría.

Según la investigación, los implicados en la trama aseguraron que “operaron solos”, buscando deslindar al ex jefe de gobierno Mancera.

De igual manera, en diciembre de 2019 un juez de control dictó como medida cautelar prisión preventiva, en contra de Joel Pazol Ruíz y Sinthya Campos Hernández, también servidores públicos durante la administración de Miguel Ángel Mancera, acusados de ocasionar un perjuicio a la Hacienda Pública de la capital.

Casi a la par cayó Fernando Javier Linares exfuncionario que fungió como Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, él fue acusado de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Por su parte, en más de una ocasión, Miguel Ángel Mancera, quien ahora es senador del país, se ha dicho tranquilo respecto a las detenciones. Además se pronunciado también con total disposición para comparecer ante las autoridades de justicia correspondientes en el momento en que así se lo soliciten. Sin embargo, todo indica que aún no se le ha hecho dicho llamado.

Con información de El Imparcial.