Redacción

Los “ahijados” consentidos de Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Emilio Lozoya Austin y César Horacio Duarte Jáquez, vuelven a casa, pero para enfrentar a la justicia por sus escándalos de corrupción y saqueo al erario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Videgaray Caso fue el jefe de Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, de acuerdo con declaraciones de analistas e incluso de Javier Coello Trejo, ahora exabogado del exdirector de la petrolera estatal, ninguna decisión relevante se tomó sin el conocimiento y la aprobación de Videgaray, quien en su momento fue considerado como un “Vicepresidente” en México.

Con Duarte Jáquez, dicen los especialistas y personajes quienes mantienen denuncias activas en contra del exmandatario, Videgaray fue una pieza clave de los desfalcos a las arcas de Chihuahua y de la Nación. El exsecretario fue el hombre que desde el Gobierno federal autorizó que el exgobernador fuera accionista mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua, con el objetivo de “lavar el robo” del erario público.

Lozoya (Ciudad de México, 1974), quien dirigió Pemex de 2012 a 2016 durante el Gobierno de Peña Nieto, fue detenido en febrero en la ciudad sureña de Málaga, España, acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Duarte (Parral, 1963), Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, fue aprehendido el miércoles en Florida, Estados Unidos, tras permanecer prófugo desde el año 2017 acusado de malversación de fondos públicos por más de mil millones de pesos, según las investigaciones.

Ambos están en espera de su extradición a México para enfrentar a la justicia. Ambos son cercanos a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y quien desde septiembre de 2019 forma parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), de acuerdo con información publicada en Bloomberg.

La detención de César Horacio Duarte Jáquez es una buena noticia, pues el expriista se convirtió por años en un símbolo de la impunidad, pero no es suficiente: las autoridades estatales y federales deben ir por los personajes que formaron parte o permitieron el saqueo y la corrupción en Chihuahua, como Luis Videgaray, exigieron el abogado y activista Jaime García Chávez, y Carlos Chavira Rodríguez, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad Juárez, ambos con denuncias activas en contra del exmandatario chihuahuense.

Duarte, quien fue catalogado por el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de la generación “del nuevo PRI”, era el único de los exgobernadores acusados de corrupción que faltaba por ser detenido. En esa lista están también Javier Duarte (Veracruz); Tomás Yarrington (Tamaulipas); Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés (Sonora), éste último del Partido Acción Nacional (PAN).

El exgobernador tiene un cúmulo de 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos. Pero no actuó solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, de haber dirigido una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de exfuncionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.

Este entramado ha tenido cauce en más de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la Auditoría Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6 mil millones de pesos con la implicación de 43 exfuncionarios que van desde exsecretarios locales, el exauditor Superior local que ocultaba irregularidades y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el marco de la Operación Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a proceso en diversas causas penales, entre exfuncionarios y empresarios que colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además ya hay cinco sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de exfuncionarios públicos para evitar ser detenidos.

Durante su gestión, Duarte fue señalado por activistas como Jaime García Chávez, de la organización Unión Ciudadana, quien hace seis años denunció al expriista ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) por peculado, violación a la ley bancaria y otros presuntos delitos. El exgobernador de Chihuahua pretendió ser accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua para “lavar el robo” del erario público.

García Chávez, defensor de derechos laborales y con militancia en la izquierda, reconoció que la detención de César Duarte es una buena señal en el combate a la corrupción y debe ser el primer paso para perseguir a otros políticos que fueron cómplices del saqueo y corrupción en el estado de Chihuahua.

“Si vemos otros modelos de corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución financiera múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista prioritario del Banco Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el expresidente Peña Nieto”, aseguró García Chávez de Unión Ciudadana. “La denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es pieza clave. La fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de Hacienda”, reiteró en una entrevista.

También mencionó a otros personajes que fueron cómplices de Duarte: “Gamboa Patrón nos mandó (a Duarte) como Gobernador y muchos de sus negocios tienen que ver con él. Obviamente Peña Nieto y también Arely Gómez (exprocuradora), de la que puedo decir que es una gran mentirosa porque nos ofreció que la justicia iba a llegar rápido. Arely Gómez fue una encubridora de César Duarte”.

Con información de Sin Embargo