Redacción
Los “ahijados” consentidos de Luis
Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Emilio Lozoya Austin y César Horacio
Duarte Jáquez, vuelven a casa, pero para enfrentar a la justicia por sus
escándalos de corrupción y saqueo al erario en el sexenio de Enrique Peña
Nieto.
Videgaray Caso fue el jefe de
Lozoya Austin en Petróleos Mexicanos (Pemex) y, de acuerdo con declaraciones de
analistas e incluso de Javier Coello Trejo, ahora exabogado del exdirector de
la petrolera estatal, ninguna decisión relevante se tomó sin el conocimiento y
la aprobación de Videgaray, quien en su momento fue considerado como un
“Vicepresidente” en México.
Con Duarte Jáquez, dicen los
especialistas y personajes quienes mantienen denuncias activas en contra del
exmandatario, Videgaray fue una pieza clave de los desfalcos a las arcas de
Chihuahua y de la Nación. El exsecretario fue el hombre que desde el Gobierno federal
autorizó que el exgobernador fuera accionista mayoritario del Banco Progreso de
Chihuahua, con el objetivo de “lavar el robo” del erario público.
Lozoya (Ciudad de México, 1974),
quien dirigió Pemex de 2012 a 2016 durante el Gobierno de Peña Nieto, fue
detenido en febrero en la ciudad sureña de Málaga, España, acusado de lavado de
dinero, cohecho y asociación delictuosa. Duarte (Parral, 1963), Gobernador de
Chihuahua de 2010 a 2016, fue aprehendido el miércoles en Florida, Estados
Unidos, tras permanecer prófugo desde el año 2017 acusado de malversación de
fondos públicos por más de mil millones de pesos, según las investigaciones.
Ambos están en espera de su
extradición a México para enfrentar a la justicia. Ambos son cercanos a Luis
Videgaray, exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores en el sexenio de
Enrique Peña Nieto, y quien desde septiembre de 2019 forma parte del Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), de acuerdo con
información publicada en Bloomberg.
La detención de César Horacio
Duarte Jáquez es una buena noticia, pues el expriista se convirtió por años en
un símbolo de la impunidad, pero no es suficiente: las autoridades estatales y
federales deben ir por los personajes que formaron parte o permitieron el
saqueo y la corrupción en Chihuahua, como Luis Videgaray, exigieron el abogado
y activista Jaime García Chávez, y Carlos Chavira Rodríguez, expresidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad Juárez, ambos
con denuncias activas en contra del exmandatario chihuahuense.
Duarte, quien fue catalogado por
el expresidente Enrique Peña Nieto como parte de la generación “del nuevo PRI”,
era el único de los exgobernadores acusados de corrupción que faltaba por ser
detenido. En esa lista están también Javier Duarte (Veracruz); Tomás Yarrington
(Tamaulipas); Roberto Borge (Quintana Roo) y Guillermo Padrés (Sonora), éste
último del Partido Acción Nacional (PAN).
El exgobernador tiene un cúmulo
de 21 órdenes de aprehensión por su posible relación con desvíos. Pero no actuó
solo. Es señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, encabezado por el
panista Javier Corral Jurado, de haber dirigido una “red de corrupción
política” que se tejió entre la complicidad de exfuncionarios estatales y
particulares para el enriquecimiento personal.
Este entramado ha tenido cauce en
más de 50 expedientes de la Secretaría de la Función Pública estatal y la
Auditoría Superior estatal calcula un daño al patrimonio de la entidad por 6
mil millones de pesos con la implicación de 43 exfuncionarios que van desde
exsecretarios locales, el exauditor Superior local que ocultaba irregularidades
y miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En el marco de la Operación
Justicia para Chihuahua iniciada en marzo de 2017, hay 17 personas vinculadas a
proceso en diversas causas penales, entre exfuncionarios y empresarios que
colaboraron con la trama de simulación de operaciones. Además ya hay cinco
sentenciados, pero se reportan 62 solicitudes de amparo por parte de
exfuncionarios públicos para evitar ser detenidos.
Durante su gestión, Duarte fue
señalado por activistas como Jaime García Chávez, de la organización Unión
Ciudadana, quien hace seis años denunció al expriista ante la entonces
Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) por
peculado, violación a la ley bancaria y otros presuntos delitos. El
exgobernador de Chihuahua pretendió ser accionista prioritario del Banco
Progreso de Chihuahua para “lavar el robo” del erario público.
García Chávez, defensor de
derechos laborales y con militancia en la izquierda, reconoció que la detención
de César Duarte es una buena señal en el combate a la corrupción y debe ser el
primer paso para perseguir a otros políticos que fueron cómplices del saqueo y
corrupción en el estado de Chihuahua.
“Si vemos otros modelos de
corrupción, ninguno pretendió crear una banca de institución financiera
múltiple que es lo que iba a tener Duarte como accionista prioritario del Banco
Progreso de Chihuahua, lo cual se le toleró por el exsecretario de Hacienda
Luis Videgaray, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por el
expresidente Peña Nieto”, aseguró García Chávez de Unión Ciudadana. “La
denuncia toca fibras muy sensibles y delicadas. Videgaray es pieza clave. La
fundación de un banco pasaba por una decisión del Secretario de Hacienda”,
reiteró en una entrevista.
También mencionó a otros
personajes que fueron cómplices de Duarte: “Gamboa Patrón nos mandó (a Duarte)
como Gobernador y muchos de sus negocios tienen que ver con él. Obviamente Peña
Nieto y también Arely Gómez (exprocuradora), de la que puedo decir que es una
gran mentirosa porque nos ofreció que la justicia iba a llegar rápido. Arely
Gómez fue una encubridora de César Duarte”.
Con información de Sin Embargo