El Contralor Ciudadano, Jorge Carlos Ruiz, considera que la única manera en que el mandatario Enrique Alfaro podría justificar las compras a sobreprecio y de forma directa, es haber publicado en el periódico oficial una declaratoria de emergencia por covid-19, pero como no lo hizo, “es un delito, y un abuso de autoridad”.

En el portal que habilitó el gobierno del estado para informar sobre los gastos generados en esta contingencia, que hasta el momento ascienden a más de 3 mil millones de pesos, se abrió el apartado “ejercicio del gasto”.

En ese espacio, en cada una de las compras, se informa que “derivado de la estrategia para la preparación ante la pandemia del covid-19”, todas se asignaron de forma directa.

Una de ellas fue por 23 millones 489 mil 130 pesos, a Intermet, S.A. de C.V., para la compra de 8 mil 265 kits de detección de covid-19. Esto representa que cada kit tenga un costo de 2 mil 842 pesos. Sin embargo, este medio solicitó el 4 de mayo una cotización a una empresa en Guanajuato, que ofreció cada kit en 520 pesos.

Esto significa que el estado compró cinco veces más caro cada kit a Intermet. Esta compañía, en julio de 2019, fue impugnada por otra de nombre GAP, luego de que la Secretaría de Salud le asignó contratos presuntamente de forma irregular.

Otra compra a sobreprecio se dio fue en la adquisición de 75 monitores de signos vitales con pantalla de 15 pulgadas táctil. La empresa adjudicada es Sanabria Corporativo Médico, que ofreció cada uno en 259 mil 287 pesos, cuando Catálogo Médico ofrece un producto similar en 99 mil 583 pesos.

Si el gobierno de Enrique Alfaro hubiera elegido comprarle a este último proveedor habría gastado 7 millones 468 mil 725 pesos, en lugar de 19 millones 446 mil 530. Esto implicó un sobreprecio de casi 12 millones de pesos.

Las empresas ESK Medical, S. de R.L. de C.V.; Material Hospitalario de Occidente, S. de R.L. de C.V., y Marlex HC, S. de R.L. de C.V. resultaron favorecidas con seis asignaciones directas en Jalisco que ascienden a casi 14 millones de pesos.

Llama la atención que las tres están relacionadas entre sí, al contar con los mismos socios y apoderados legales, según reflejan actas constitutivas.

En ESK Medical son socias Laura Adriana y Karla Andrea, ambas de apellidos Escamilla Sánchez. Según el folio mercantil electrónico N-2019053493, la empresa se constituyó el 23 de noviembre de 2018.

A ESK le asignaron de forma directa dos compras, que suman 449 mil pesos. Una fue por la compra de 3 mil gafas de seguridad en 365 mil 400 pesos, y otra por termómetros digitales y de toma de temperatura sin contacto.

Marlex HC se creó el 12 de agosto de 2015, sus accionistas son Gabriel Escamilla Zenteno y Karla Andrea Escamilla Sánchez, entre los apoderados aparece Laura Adriana Escamilla. Marlex HC comparte el mismo domicilio que ESK Medical: Periférico Poniente 4360.

A Marlex HC le adjudicaron tres compras directas: 350 mil cubrebocas, a un costo de 3 millones 45 mil pesos; 28 mil 200 litros de gel antibacterial y 65 mil 830 litros de jabón antibacterial, en 3 millones 899 mil 137 pesos; y gel antibacterial –no se especifica la cantidad– en 3 millones 828 mil pesos.

En Material Hospitalario de Occidente los socios son Irma Angélica Escamilla Sánchez y Omar Antonio Zambrano Naranjo. Mientras que, en esa misma empresa, Gabriel Escamilla y Laura Adriana Escamilla son apoderados. A la vez, el primero aparece como administrador general y la segunda como “gerente especial”.

A Material Hospitalario le compraron 10 mil trajes Tyvek, por la cantidad de 2 millones 737 mil 600 pesos.

El Contralor Ciudadano, Jorge Carlos Ruiz, señaló que no son justificables las compras a sobreprecio por parte del gobierno del estado, “es un delito, y un abuso de autoridad”.

Además, recalcó que el gobernador Enrique Alfaro no puede argumentar que se hicieron adjudicaciones directas por una emergencia sanitaria, puesto que en el periódico oficial de Jalisco no se publicó nada del tema, solo se informó el día 24 de marzo, sobre el Plan Jalisco COVID-19.

“Si el gobernador del estado (Enrique Alfaro) no publicó en el diario (la declaratoria de emergencia por covid-19), todas estas compras a sobreprecio y adjudicaciones directas tienen una falta, y tendrá la responsabilidad la Contraloría del estado y la Fiscalía Anticorrupción de revisar todo esto, es una obligación que debió llegar”, apuntó.

Refirió que la Secretaría de Salud Federal publicó por orden de la Presidencia, en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria, en la cual se estableció que se deben respetar los derechos humanos. Esto implica el manejo correcto de los recursos públicos.

Recordó que el año pasado se hicieron compras a sobreprecio en insecticida so pretexto para abatir el dengue, pero se denunció la irregularidad porque nunca se declaró una emergencia o contingencia como tal.

Con información de Proceso.