Miles de reacciones se han dado luego de que Javier Alatorre mencionó de manera imprudente e irresponsable en su noticiario de TV Azteca que no había que hacerle caso al doctor Hugo López Gatell.

Una de las voces que reaccionaron con firmeza y determinación fue la del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien condenó el llamado que hizo Javier Alatorre, en su programa “Hechos Noche” de TV Azteca, “a que los ciudadanos no acaten las disposiciones del Consejo de Salubridad”.

Las acciones del conductor y la televisora fueron calificadas por el legislador como “un desacato, particularmente grave, que constituye un llamado a la desobediencia civil”, por lo que planteó revertir y sancionar la cuestión de manera inmediata.

Muñoz Ledo citó la fracción XVI del artículo 73 constitucional, el cual estipula que las decisiones del Consejo de Salubridad serán obligatorias para todo el país.

Asimismo, enlistó las sanciones para quienes no cumplan con la norma de Salubridad: “la Ley General de Salud establece que esas violaciones merecerán amonestaciones, multas, clausura temporal o definitiva del establecimiento y en caso de rebeldía, 36 horas de arresto a los responsables“.

“En esta crisis el gobierno tiene el deber de mantener, hasta donde tope, el orden legal para que no se desintegre la autoridad”, afirmó el diputado.

Cabe recordar que a raíz de los comentarios de Alatorre, la noche del pasado viernes 17 de abril, cuando pidió a la población dejar de hacer caso a las recomendaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, surgieron diferentes reacciones de rechazo en la población, calificándolo como un terrorista mediático, ya que las noticias falsas sobre COVID-19 pueden acarrear consecuencias letales.

Un grupo de militantes de la organización Comuna-Oaxaca las instalaciones de TV Azteca en dicha entidad, con pancartas y enormes calcomanías con el mensaje: “Clausurado por atentar contra la salud de los mexicanos”.

El mensaje de Alatorre y TV Azteca atenta contra el artículo 4° Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En tanto, el artículo 6° de la Carta Magna garantiza que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que perturbe el orden público.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación ya había manifestado que entre sus funciones está vigilar el cumplimiento irrestricto de las transmisiones de radio y televisión, a efecto de que no se violenten los derechos de terceros, como en este caso, el derecho a la salud.

La dependencia también anunció que iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la ley y apercibió a la televisora a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud.