Juan Luis H. González Silva

Pablo Lemus y Movimiento Ciudadano necesitan reconocer que algo ha cambiado en Jalisco. Las protestas por el agua y los episodios de violencia que sacudieron el centro de Guadalajara y las inmediaciones de Casa Jalisco podrían marcar el fin de la luna de miel del gobernador con la ciudadanía. A partir de ahora, su gestión estará sometida a un escrutinio más riguroso. Es un punto de inflexión.

Además de la calidad del agua, el gobierno estatal debe prestar especial atención a un fenómeno que podría estar gestándose: que la inconformidad comience a alcanzar a sectores sociales que han respaldado a Movimiento Ciudadano. Esto no implica necesariamente una ruptura, pero sí obliga a revisar una de las principales fortalezas del partido: la confianza de las clases medias urbanas de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

David Easton distinguía entre el respaldo que recibe una autoridad por sus resultados y la confianza más profunda que sostiene a las instituciones. La diferencia importa porque una crisis de servicios públicos puede comenzar como un problema de gestión y terminar convirtiéndose en una crisis de legitimidad. Ese es el riesgo político que enfrenta Casa Jalisco.

Lemus ha enfrentado otras coyunturas difíciles, aunque de naturaleza distinta. El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, estalló cuando apenas comenzaba su administración y las investigaciones alcanzaron al exalcalde emecista José Ascensión Murguía.

También enfrentó episodios de violencia vinculados al crimen organizado, incluidos los bloqueos posteriores al operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, El Mencho. Se trató de acontecimientos de dimensión nacional en los que intervinieron distintas autoridades y órdenes de gobierno. Esa distribución de responsabilidades ayuda a explicar por qué no necesariamente tuvieron el mismo impacto sobre su gestión.

La crisis del agua es diferente. Movimiento Ciudadano lleva años gobernando Jalisco y Lemus encabezó previamente los gobiernos de Zapopan y Guadalajara. Sería simplista responsabilizarlo personalmente de rezagos hidráulicos acumulados durante décadas, pero también resulta difícil desvincular su administración de las decisiones y omisiones del gobierno de Enrique Alfaro.

Para buena parte de la ciudadanía, las responsabilidades no se distinguen por administraciones, sino por el partido que gobierna. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum recordó ayer, durante su conferencia matutina, obras pendientes del sexenio anterior.

Los acuerdos alcanzados con la Federación y el ambiente de respeto político mostrado durante el encuentro entre Lemus y Sheinbaum representan avances en la coordinación institucional. Sin embargo, el verdadero desafío sigue estando en los hogares donde persisten las afectaciones por la falta de agua o su mala calidad.

Los tandeos, las deficiencias del suministro y las obras pendientes mantendrán vigente la inconformidad. Superar las manifestaciones no significa resolver sus causas, y los acuerdos políticos, por importantes que sean, todavía deben traducirse en resultados.

La agenda del agua será, entonces, la primera gran prueba de esta nueva relación entre Lemus y los jaliscienses. No solo por la capacidad operativa del gobierno, sino por su disposición a establecer compromisos verificables, transparentar inversiones, explicar calendarios y reconocer que algunas soluciones tomarán tiempo.

El gobernador también tendrá que modificar su comunicación. Lemus construyó buena parte de su trayectoria política apoyado en una exposición constante en redes sociales y un estilo muy particular. Pero gobernar en medio de una crisis exige explicar decisiones difíciles, administrar expectativas y reconocer límites, aunque ello implique asumir costos políticos. La comunicación puede ayudar a recuperar confianza, pero nunca sustituye los resultados. La legitimidad obtenida en las urnas debe renovarse cotidianamente.

Por otro lado, Lemus ha comenzado a reconfigurar los equilibrios dentro de su gobierno. La salida de Salvador Zamora de la Secretaría General de Gobierno y la llegada de Carlos Arias Madrid abren interrogantes sobre el alcance de los ajustes. Oficialmente, el relevo responde a las tareas políticas de 2027, aunque también podría reflejar la intención del gobernador de fortalecer su círculo de confianza frente a un escenario más complejo.

En esa reorganización adquiere relevancia el papel de las figuras vinculadas a Enrique Alfaro: Mirza Flores, el senador Clemente Castañeda, Alberto Esquer, Diego Monraz y Juan Carlos Flores. No existen elementos suficientes para anticipar una ruptura interna, pero los movimientos podrían modificar espacios de influencia y acuerdos dentro de Movimiento Ciudadano.

De esta forma, Lemus deberá administrar simultáneamente el descontento ciudadano y los equilibrios de su gobierno y de su partido. Un gabinete más cercano puede facilitar la toma de decisiones, pero no garantiza mejores respuestas institucionales.

Por su parte, Movimiento Ciudadano conserva una importante estructura territorial y electoral en Jalisco. Sin embargo, lo que ya no debería darse por sentado es que esos elementos se traduzca automáticamente en la misma confianza ciudadana de cara a 2027.

Así, Pablo Lemus enfrenta una etapa que exigirá revisar prioridades y formas de ejercer y comunicar el poder. La crisis del agua ha abierto un escenario político distinto, en el que los ajustes internos y los movimientos del gabinete serán apenas una parte de la respuesta. Porque el poder puede reorganizarse mediante acuerdos y nombramientos, pero la confianza de los ciudadanos no se recupera desde los despachos. Se reconstruye con hechos.