En el Senado de la República, el concepto de “soberanía” ha dejado de ser una abstracción para convertirse en un citatorio con fecha y hora. Bajo la presidencia de la morenista Laura Itzel Castillo, la Cámara Alta ha cerrado filas para exigir que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos Galván, explique lo que su partido, el PAN, intenta disfrazar de “cooperación”: la operación de agentes de la CIA en territorio nacional sin el menor rastro de legalidad federal.

La cita está marcada: el próximo martes 28 de abril a las 11:00 horas. No es una invitación a tomar el café, sino una reunión de trabajo con las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para que Campos y su fiscal, César Jáuregui, respondan las preguntas que han evadido sistemáticamente desde que el accidente en El Pinal dejó al descubierto los cadáveres de dos oficiales de inteligencia estadounidenses.

Mientras en la capital del país se invoca la Constitución, en Chihuahua la estrategia es el cerrojo. El bloque del PRI y el PAN en el Congreso localoperó la semana pasada para impedir que la mandataria estatal diera la cara ante sus propios representados. La senadora con licencia Andrea Chávez fue contundente al señalar el contubernio: “Los diputados locales del PRIAN en Chihuahua protegieron a su Gobernadora María Eugenia Campos, bloqueando la petición para que compareciera frente a nuestro pueblo”.

Para la narrativa panista, la rendición de cuentas es interpretada como un ataque, pero para el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, el fondo es estrictamente legal. “El PAN sale en defensa de la Gobernadora de Chihuahua, pero olvidan un detalle: la Constitución no es opcional”, sentenció Mier, subrayando que en un Estado de derecho, la participación de fuerzas extranjeras en tareas de seguridad nacional no es una facultad que una gobernadora pueda arrogarse por cuenta propia.

Frente a la presión, Maru Campos ha optado por el manual clásico del control de daños: crear una unidad especializada de investigación. Al frente designó a Wendy Paola Chávez Villanueva, pero el anuncio vino con una cláusula de silencio: no habrá más pronunciamientos públicos para “no afectar el proceso”. Es, en los hechos, una ley mordaza autoimpuesta para evitar explicar cómo es que Richard Leiter Johnston y John Dudley Black, agentes de la CIA, terminaron muertos en una brecha junto a oficiales estatales.

El Senado, sin embargo, no acepta el silencio como respuesta. “La rendición de cuentas es una obligación, no una persecución. México se respeta. Cumplir el mandato constitucional no es un juego”, advirtió Mier.

Así, lo que está en juego el próximo martes no es solo el futuro político de Maru Campos, sino el respeto al pacto federal. La gobernadora insiste en que su nueva unidad garantiza “transparencia”, pero la opacidad con la que se manejó la presencia de los agentes extranjeros, quienes carecían de permisos federales y operaban bajo estatus migratorios engañosos, sugiere lo contrario.

Si en Chihuahua el “PRIAN” ha logrado imponer un manto de impunidad legislativa, en el Senado de la República el escenario es distinto. La comparecencia busca despejar la duda que flota en el aire desde el operativo en El Pinal: ¿Bajo qué condiciones y a cambio de qué entregó Maru Campos la seguridad de Chihuahua a manos extranjeras?