La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo de urgente resolución ante el Senado de la República para que tres altos funcionarios del Gobierno federal —empezando por Jesús Ramírez Cuevas— acudan a rendir cuentas ante la Cámara Alta por señalamientos de posibles actos de corrupción, desvíos millonarios y omisiones en investigaciones clave.

El documento oficial, solicita de manera exhaustiva y contundente que Ramírez Cuevas —actual Coordinador de Asesores de la Presidencia— comparezca ante el pleno para explicar, punto por punto, todos los señalamientos públicos que lo involucran en “presuntos manejos irregulares de recursos públicos por miles de millones de pesos”.

Téllez advierte en el punto de acuerdo que no se puede permitir que un funcionario cercano al Ejecutivo federal quede sin responder por acusaciones tan graves, especialmente cuando se trata de cifras millonarias.

Además de exigir la comparecencia de Jesús Ramírez Cuevas, la senadora panista incluyó en su punto de acuerdo a otras dos figuras de alto perfil de la administración federal:

• Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que explique por qué no se han emprendido investigaciones de oficio ante las acusaciones contra Ramírez y qué acciones ha iniciado para deslindar responsabilidades. 

• Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, para que informe sobre las diligencias que su institución ha iniciado (o no) frente a estos mismos hechos.

La senadora argumenta que estas comparecencias no son simples formalidades, sino una exigencia legítima de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad mexicana, especialmente cuando la percepción ciudadana sobre la corrupción sistémica se encuentra en niveles históricos. 

Con este punto de acuerdo, Téllez vuelve a poner el reflectores sobre la administración federal y sus principales operadores políticos. La solicitud de comparecencias representa una escalada en la presión de la oposición para forzar que el Ejecutivo y sus allegados expliquen públicamente sanciones, procesos y acciones concretas frente a las acusaciones.

La senadora sostiene que el Senado no puede ni debe permanecer callado ni pasivo ante estas acusaciones, por más polémicas que sean, y que permitir que funcionarios evadan el escrutinio sería una afrenta directa a la transparencia y al Estado de derecho.