Ciudad de México — El empresario Ricardo Salinas Pliego no cubrió en tiempo el adeudo fiscal que mantenía con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que abre la puerta a acciones de cobro forzoso, incluyendo embargos sobre Grupo Elektra y posibles congelamientos de cuentas bancarias.

El plazo legal para que el dueño de Grupo Salinas liquidara o manifestara su intención de pago expiró el pasado 23 de enero, luego de que la autoridad fiscal otorgara un periodo con descuento acorde al Código Fiscal de la Federación. A partir de la expiración de ese término, el SAT queda facultado para iniciar procedimientos administrativos de ejecución.

Las disposiciones vigentes permiten al SAT, en caso de incumplimiento, incautar bienes, congelar cuentas bancarias y asegurar activos empresariales pertenecientes a las compañías vinculadas al magnate. Entre las empresas sujetas a estas medidas se encuentran Elektra y posiblemente otras unidades de Grupo Salinas.

De acuerdo con fuentes fiscales, la suma objeto de controversia supera los 51 mil millones de pesos, cifra que combina créditos fiscales, recargos y multas derivados de litigios que se prolongaron por años. Concluido el plazo para aprovechar beneficios de descuento, el cumplimiento voluntario ya no está garantizado y la autoridad puede avanzar en la recuperación del crédito fiscal.

Autoridades del SAT han explicado que, en esta fase, el procedimiento coactivo puede incluir la intervención de ingresos diarios, así como la aseguración y remate de bienes si no hay soluciones de pago o acuerdos. La titular del organismo recaudador ha señalado que estos mecanismos forman parte de las herramientas legales para asegurar que contribuyentes con adeudos cumplan sus obligaciones.

La situación representa un desafío sin precedentes para uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, que hasta ahora había recurrido a diversos recursos legales para dilatar la ejecución de créditos fiscales. El desarrollo de los próximos días será clave para determinar si el SAT ejecuta las medidas más severas o si se negocia un mecanismo de pago que evite embargos.