Opositores violan la ley electoral y ¡cínicamente denuncian a Martí Batres ante el IECM!

POLITICA

Opositores violan la ley electoral y ¡cínicamente denuncian a Martí Batres ante el IECM!

Opositores violan la ley electoral y ¡cínicamente denuncian a Martí Batres ante el IECM!ZMG /Jueves, 28 de marzo del 2024



En una conferencia de prensa reciente, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama (MBG), abordó el tema de la resolución emitida por la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ante los medios de comunicación, Martí Batres expresó su posición de manera clara y contundente:

En primer lugar, destacó que su administración siempre ha cumplido y continuará cumpliendo con la ley, respetando rigurosamente las disposiciones legales vigentes. Enfatizó la importancia de acatar las normativas electorales y manifestó su compromiso inquebrantable con el cumplimiento de la ley en todo momento.

En relación con el cumplimiento de la "veda electoral", Martí Batres aseguró que su gobierno ha seguido al pie de la letra las restricciones establecidas, ajustando su actuación a lo que permite la ley y acatando las prohibiciones correspondientes. Asimismo, reafirmó su disposición a cumplir con las medidas cautelares dictadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, al tiempo que anunció la intención de impugnar dichas medidas y la resolución ante la instancia pertinente.

El jefe de Gobierno subrayó que, en sus declaraciones, nunca ha realizado llamados al voto a favor o en contra de ninguna persona o partido político. Su enfoque se ha centrado en desmentir falsedades relacionadas con la gestión gubernamental de la Ciudad de México y en aclarar cualquier información errónea que pueda circular en ese sentido.




Martí Batres reiteró su compromiso de defender la verdad y la imagen de su gobierno frente a cualquier difamación o desinformación. De forma vehemente, aseguró que cualquier falsedad que se difunda sobre el Gobierno de la Ciudad de México será aclarada sin titubeos, tal como ha venido haciéndolo hasta el momento.

En este contexto, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales Néstor Vargas Solano informó a la audiencia que el individuo que presentó una queja contra el Jefe de Gobierno ante el Instituto Electoral el 20 de marzo fue identificado como Federico Döring Casar. Döring se autodenominó como ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, respaldado por su credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, y además se identificó como diputado en el Congreso de la Ciudad de México y coordinador de la campaña del candidato a jefe de Gobierno por la Coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina.

Según las afirmaciones de Döring, se acusa al titular del Poder Ejecutivo de violentar el Artículo 134 Constitucional, el cual establece la obligación de los servidores públicos de utilizar los recursos públicos de manera imparcial. El Consejero Jurídico, resaltó que dicho artículo prohíbe explícitamente a los servidores públicos el uso de recursos públicos para fines partidistas, una acusación que el propio Döring reconoce en su queja.

En virtud de esta grave acusación, Néstor Vargas Solano señaló la responsabilidad del gobierno de informar a los ciudadanos sobre estos hechos y destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

En un mensaje claro y directo, Martí Batres enfatizó que su administración seguirá ejerciendo su derecho de réplica ante cualquier ataque o información inexacta que ponga en entredicho la labor realizada. La transparencia y la veracidad en la comunicación con la ciudadanía son pilares fundamentales de su gestión, y se comprometió a mantener este estándar de honestidad y responsabilidad en todas sus acciones.

Con esta conferencia de prensa, Martí Batres reafirmó su compromiso con el respeto a la legalidad, la defensa de la verdad y la protección de la imagen de su gobierno. Su postura firme y decidida frente a las acusaciones infundadas demuestra su determinación de garantizar un ejercicio gubernamental transparente y basado en principios éticos sólidos.