En contraste con los beneficios que recibía de los Gobiernos del PRI y del PAN, en la actual administraciónGermán Larrea Mota Velasco, Presidente de Grupo México y segundo hombre más rico del país, ha sido obligado a atender los múltiples asuntos que tiene pendientes, como:

• Cumplir con sus obligaciones fiscales
• Regresar concesiones de vías férreas
• Devolver anticipos millonarios por obras al Tren Maya
• Indemnizar y reparar contaminaciones industriales provocadas por sus empresas mineras
• Enfrentar demandas penales por violaciones de acuerdos y contratos de sus filiales

Así lo detalla el periodista Miguel Badillo en su columna para Contralínea, quien recuerda que en los gobiernos pasados, las decenas de empresas de Larrea que integran Grupo México contaminaron ríos, tierras y aire en varios estados del país, violaron acuerdos y contratos de obras y servicios gubernamentales y buscaron eludir al fisco.

A su llegada, AMLO ha logrado, mediante disputas legales, negociaciones privadas y exposiciones públicas que Grupo México reconozca y acepte, con la anuencia de Larrea, devolver obras públicas al Gobierno federal, regresar anticipos de contratos incumplidos, responsabilizarse por desastres ecológicos, pagar 24 mil millones de pesos anuales por impuestos y pelear en tribunales un crédito fiscal por más de 200 millones de pesos.

Como ejemplo, el periodista recuerda cómo el Gobierno federal consiguió recuperar tramos de vías férreas de 120 kilómetros entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, en Veracruz, que tenía en concesión Ferrosur, filial de Grupo México.

En este tema, abogados del corporativo solicitaban una indemnización de 9 mil 500 millones de pesos por dicho tramo que recuperó el Gobierno de AMLO, por considerarlo de utilidad pública, con el propósito de establecer un corredor que permita unir a las costas del Pacífico y del Atlántico mediante el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El Presidente López Obrador se negó a entregar alguna compensación en efectivo de dinero público a Grupo México, convenciéndole de aceptar la ampliación de un plazo por ocho años de otra concesión sobre un tramo de vías férreas que va del istmo hacia Veracruz, el cual vencía en 2036 y se extiende hasta 2044.

Otro ejemplo es cuando el Gobierno federal terminó un contrato con otra filial del consorcio para construir el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, y en la que Larrea pedía una indemnización de 4 mil millones de pesos por la cancelación del contrato.

El periodista explica que el problema ocurrió cuando el Gobierno de AMLO exigió que la obra se concluyera en julio de 2023, pero la empresa se opuso, argumentando que era imposible debido a los cambios en trazos de ruta con el propósito de proteger el medio ambiente y la fauna animal de la región.

Con la cancelación del contrato, Larrea ordenó a sus abogados presentar una demanda por indemnización de 4mil millones de pesos, pero en la mesa de negociación se determinó no pagar ni un peso a Grupo México y, más bien, la empresa tuvo que regresar mil 200 millones de pesos como parte de los anticipos que había cobrado.

Actualmente continúa un litigio con Grupo México por la denuncia penal que presentó en su contra el gobierno federal en agosto pasado, en la que se acusa a Larrea y su corporativo de incumplir la remediación ambiental del Río Sonora y el afluente Bacanuchi.

La empresa filial, Buenavista del Cobre,ocasionó una grave contaminación tóxica por el derrame de 40 metros de sulfato de cobre acidulado en dicho río el 6 de agosto de 2014.

Según explicó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, se trata del peor desastre ambiental en la historia de la minería metálica del país, pues se trató de una negligenciaen la construcción por el pésimo diseño hidrológico del sistema Tinaja I.

Larrea se había comprometido a remediar dicha contaminación e indemnizar a la población afectada, pero Grupo México asegura que sí cumplió con el pago a los funcionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto y que ellos fueron quienes robaron el dinero.

Al no existir evidencias al respecto, ahora enfrenta una denuncia penal, por lo que el Presidente López Obrador ha dicho que su gobierno está dispuesto a retirarla si Larrea remedia los daños ocasionados e indemniza a las víctimas.