Dos agentes de Tránsito y Vialidad de Puerto Vallarta, identificados como Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, han sido vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos relacionados con la administración de justicia. Como resultado, ambos policías han sido suspendidos de sus cargos durante seis meses, mientras se determina su situación jurídica.

La tarde del 8 de junio, tuvo lugar la audiencia inicial en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, ubicados en Puerto Vallarta. Durante la audiencia, el Juez Miguel García Hernández resolvió vincular a proceso a los dos elementos de la subdirección de Tránsito y Vialidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta. Dicha decisión fue tomada tras una investigación llevada a cabo por la Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción.

Mónica Daniela “N” y José Manuel “N” han sido acusados de abuso de autoridad al llevar a cabo actos que violan los derechos humanos garantizados por las constituciones políticas de México y de Jalisco, perjudicando a la víctima. También se les imputa delitos relacionados con la administración de justicia y otros ramos del poder público, específicamente por “realizar acciones u omisiones que causen daño o proporcionen una ventaja indebida a los interesados en un asunto” y por “promover la impunidad de delitos o infracciones de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, omitir denunciarlos o entorpecer su investigación”.

Los hechos se remontan a noviembre del año pasado, cuando una oficial de policía municipal fue agredida físicamente por una mujer y un hombre durante un operativo conocido como “moto” en la colonia Coapinole, en Puerto Vallarta. Mónica Daniela “N” y José Manuel “N”, quienes también participaban en el operativo, presenciaron la agresión y brindaron asistencia a su compañera. Posteriormente, subieron a los agresores a su vehículo y consultaron a la víctima sobre cómo proceder.

La oficial agredida manifestó su intención de buscar atención médica para obtener un informe sobre sus lesiones y presentar una denuncia penal contra los agresores.

Uno de los policías solicitó el mando y conducción a la agencia del Ministerio Público, pero no informó que tenían personas detenidas, por lo que solo recibió instrucciones sobre cómo completar el Informe Policial Homologado (IPH). Luego, presentaron a los dos agresores ante un juez municipal por una infracción administrativa.

La víctima acudió a los Servicios Médicos Municipales, donde se determinó que las lesiones requerirían más de 15 días para sanar. Sin embargo, sus agresores ya habían sido liberados, lo que llevó a la víctima a presentar una denuncia que fue investigada por la Agencia Regional de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Puerto Vallarta.

Tras evaluar las versiones de las partes involucradas, el juez determinó que existían pruebas suficientes para vincular a proceso a los agentes viales. Como medidas cautelares, se ordenó su presentación periódica ante el juez, se les prohibió salir del país y se les prohibió acercarse o molestar a la víctima. Además, se determinó la suspensión temporal de sus funciones durante seis meses.

Con Información de El Informador.