El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa a la Cámara de Diputados para reformar a las leyes Minera, de Aguas Nacionales y del Equilibrio Ecológico, con la cual plantea la reducción de las concesiones mineras de 50 a 15 años.

En la propuesta del mandatario federal se hace hincapié en que las concesiones serán prorrogables por una sola ocasión para un periodo igual, pero en cualquier caso condicionadas a la disponibilidad de agua, al impacto social, así como a la consulta a comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, propone establecer la figura de concesión de agua para uso específico en minería, “a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual tiempo”.

El titular del Ejecutivo expuso que el objetivo es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y son del dominio directo de la nación.

También lantea modificar el esquema de otorgamiento de concesiones para que únicamente sea mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano y de beneficio para la población.

“Se reduce la duración y la prórroga de las concesiones mineras. Disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión, prorrogable por una sola ocasión hasta por un lapso igual, sujeto al cumplimiento de obligaciones, lo cual disminuirá la especulación de particulares con los recursos de la nación”, expone la iniciativa.

El Presidente propone establecer la figura de concesión de agua para uso específico en minería, “a fin de evitar la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico, la concesión de agua para uso específico de minería quedará sujeta a la disponibilidad de agua y tendrá una duración de cinco años con posibilidad de prórrogas por igual tiempo”.

Además se considera eliminar el carácter preferente de la actividad minera y establece que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ya la expropiación en favor de particulares incluso sobre propiedad social, pues generan un beneficio exclusivamente privado.

Por ello, quienes resulten ganadores de un concurso de licitación deberán presentar el estudio de impacto social para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer las medidas de prevención, mitigación y compensación garantizadas eficazmente por una carta de crédito.

“Se transforma la figura de la asignación para que la persona titular de la secretaría pueda otorgar asignaciones a las empresas del sector público paraestatal para realizar actividades de exploración y explotación de minerales y sustancias; la asignación tendrá una vigencia por tiempo indefinido y la entidad asignataria tendrá las mismas obligaciones que la concesionaria, pero no podrá transmitir sus derechos y obligaciones a terceras personas privadas”, finaliza.

Con Información de Sin Embargo.