En la actual administración suman 49 policías recluidos en centros penitenciarios dependientes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco; 26 fueron procesados por desaparición forzada y seis por homicidio, según compartió la Coordinación de Seguridad a través de Transparencia.

De acuerdo con la dependencia, 47 entraron a prisión en este año. Y dos en 2021, lo que significa un aumento comparado con 2019 y 2018, que no registraron ingresos de agentes.

De los procesados que están en los reclusorios, sólo se tienen dos sentencias: una por abuso sexual infantil y otra por homicidio. 

La desaparición forzada de personas es aquella que involucra la participación directa o indirecta de elementos municipales, estatales o federales.

La Dirección General de Prevención y Reinserción Social explica que, aunque se cuenta con la información relacionada con la ocupación de los presos, no se tiene el dato de la agrupación a la que pertenecían.

 “De manera general se aglutina la información de todas las personas privadas de la libertad que desempeñan un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado, incluyendo a los policías”.

Alfonso Partida Caballero, del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG), remarca que el sistema está rebasado por las carpetas de investigación acumuladas sin investigar y las órdenes de aprehensión que no se ejecutan.

El académico Francisco Jiménez Reynoso señala que el número de policías en prisión, además de los que están vinculados a proceso por el delito de desaparición forzada, es un asunto grave y delicado. “Se está comprobando que no son pocos los funcionarios a nivel estatal que están al servicio de la delincuencia organizada”.

Grupos especiales, claves contra crimen organizado

En junio de 2020, tras las detenciones arbitrarias realizadas por elementos ministeriales de la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad, el gobernador del Estado afirmó que la orden no había sido dada por el entonces fiscal, Gerardo Octavio Solís, sino que posiblemente surgió de otra fuente.

“Tenemos la obligación de investigar si esta instrucción surgió de algún lado que tenga que ver con grupos de la delincuencia. Existen elementos y datos que nos hacen pensar la posibilidad de que las manifestaciones que puedan darse el día de hoy o en las próximas horas pueda infiltrarse la delincuencia organizada para generar un problema mayor”, dijo el mandatario.

Sin embargo, al día de hoy no se han compartido avances sobre la depuración de los elementos que podrían estar colaborando con el crimen organizado.

Jorge Tejada Montaño, especialista en justicia penal y seguridad del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), señala que esto se debería investigar con grupos especializados.

“Incluso con operativos con personal encubierto, con técnicas como la intervención en comunicaciones privadas, porque la investigación normal no funciona. Hay que tener grupos y técnicas similares a las empleadas por grupos de delincuencia organizada, porque son personas entrenadas para la investigaciones y pueden evadir las investigaciones o controles”.

Alfonso Partida Caballero, del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la UdeG, considera urgente determinar cuál es el grado de penetración y corrupción en las agencias del Ministerio Público. “Debe ser una investigación autónoma, los datos deben de servir para una política pública que requiere Jalisco, no del grupo político que maneja el Estado, sino para hacer una Fiscalía autónoma”.

Agrega que es una situación preocupante. “Está totalmente infiltrada, el gobernador dijo en los medios que iba a investigar, porque son mecanismos de protección a esa red. La situación es grave porque en los municipios se someten a las plazas que maneja el crimen organizado”.

Agrega que por ese motivo, los ciudadanos no están protegidos para denunciar los miembros del crimen organizado. “Los delitos no se denuncian por falta de confianza, la cuestión de la transparencia que se debería de guardar de la persona que está denunciando, y a veces lo primero que hacen es darla a conocer a la luz pública”.

El académico Francisco Jiménez Reynoso recomienda que sean otro tipo de autoridades los que entren a investigar los señalamientos. “Porque cuando un Estado está sometido por la delincuencia organizada a través de la fuerza, no se puede hacer investigaciones en contra de su personal”.

Reportan 14 sentencias condenatorias 

De 2018 a 2022, hay 14 sentencias condenatorias relacionadas con policías estatales, aunque ninguna por el delito de desaparición forzada: cinco por abuso de autoridad, cuatro por secuestro, tres por maltrato al infante, lesiones simples y extorsión, y dos por daño en las cosas.

Además de una sentencia condenatoria de un elemento de la Policía Vial por el delito de cohecho, según datos compartidos por la Fiscalía estatal a través de Transparencia.

El académico Francisco Jiménez Reynoso remarca que son preocupantes los casos. “Hay una protección del gobierno del Estado y es gravísimo. Subrayar que la estrategia federal, es seguir infiltrando en los Estados a la Guardia Nacional, para que sirvan de contrapeso”.

Agregó que “el Estado ya no puede con el paquete, son muchos los compromisos y la corrupción, y por supuesto a nivel policiaco. Están muy comprometidas estas instituciones con la delincuencia organizada, que resulta casi imposible que se investiguen a sí mismos”.

Proponen más autonomía

Alfonso Partida Caballero, del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, recuerda que el grupo Guacamaya dio a conocer que hay 105 municipios controlados por el crimen, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y en ese panorama los Ministerios Públicos van solos. “Contra ellos (criminales), no se puede hacer nada. Ellos (criminales) son los que aplican justicia sobre el propio Ministerio Público y los jueces, y hay que hacer la pregunta a los ciudadanos, para que vean que en cada municipio, quiénes son los que arreglan los casos, desde cobros extrajudiciales, y ya no se diga venganzas y todo lo demás”.

Por eso propone autonomía para los Ministerios Públicos, que tengan los recursos y personal, así como la descentralización y desconcentración.

“Porque en la calle 14 está el 95% de los Ministerios Públicos, es un esquema que no funciona. El Ministerio Público tiene que estar en los distritos judiciales, como los juzgados del Poder Judicial para poder rendir lo que la ley establece”.

A tomar en cuenta

Alta presencia del crimen

De acuerdo a documentos filtrados por Guacamaya, tras un análisis realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en México existen más de 80 grupos del crimen organizado y alrededor de 16 bandas criminales, además de una expansión notable del Cártel Nueva Generación en los últimos dos años.

De los dos mil 446 municipios que hay en México, por lo menos en mil 058 hay uno o varios grupos del crimen organizado, de acuerdo con los documentos de inteligencia militar extraídos del hackeo que realizó el grupo. Dichos datos revelan que en 72% del territorio mexicano hay presencia de algún cártel, banda o célula criminal.

Policías presos en Jalisco

Los delitos por los cuales están procesados

-Desaparición forzada: 26

-Homicidio: 6

-Robo: 3

-Posesión de cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional: 3

-Violencia familiar: 3

-Abuso sexual infantil: 2

-Lesiones: 2    

-Delincuencia organizada: 1

-Falsificación de documentos expedidos por la administración: 1

-Allanamiento de morada: 1

-Abuso de autoridad: 1

Total: 49

- Sentencias: dos, una por homicidio y otra por abuso sexual infantil. 

Fuente: Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco.

Con Información de El Informador.