A unos días de que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, termine su mandato, dejará 3 mil 649 millones de pesos de daño patrimonial, según indicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por el ejercicio irregular de 19 fondos federales.

Su relevo,el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, denunció que no se sabe nada de los 4 mil millones de pesos de crédito que, en diciembre pasado, Aureoles solicitó a los bancos para el presunto ejercicio de obra pública y que quedarán como deuda para el gobierno entrante.

Se trata de dos créditos simples:

Uno con Banorte, por 2 mil 45 millones de pesos

Uno con Banbajío por 2 mil 45 millones

A estos se suman otros con Banobras por mil 149 millones y por mil 218 millones solicitados apenas este 2020.

A decir del sistema de seguimiento de auditorías de la ASF, el mayor monto de irregularidades que a la fecha siguen sin ser aclaradas por el gobierno de Michoacán se concentra en el ejercicio de los recursos de las Participaciones federales, con observaciones por mil 128.5 millones de pesos.

En segundo lugar estarían los recursos económicos entregados al gobierno estatal mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, con irregularidades por 852 millones 807 mil pesos y los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, por 370 millones 894 mil pesos.

Además, sobre el tema de los la ASF encontró un presunto desfalco del Gobierno de Michoacán que, en su mayoría, corresponde a un monto de mil millones 653 mil pesos que la Secretaría de Finanzas supuestamente erogó en el mantenimiento de software, publicidad, asesorías, servicios de informática y sistemas de monitoreo.

No existió evidencia de los procesos de compra y contrataciones, lo cual impide verificar la realización de licitaciones y adjudicaciones de conformidad con la normativa aplicable y que las adquisiciones no estuvieran amparadas en un contrato debidamente formalizado.

Asimismo, de los 852 millones 807 mil pesos de presunto desfalco del Fondo de Fortalecimiento Financiero, la ASF determinó que la mayor parte de la irregularidad, por 347.9 millones de pesos, corresponde a la falta de documentación comprobatoria del gasto de seis dependencias estatales y 23 municipios.

Las dependencias que no comprobaron el uso de estos recursos son:

El Colegio de Bachilleres

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Salud

Coordinación General de Comunicación Social

Sistema Integral de Financiamiento

De las anteriores, Salud fue la que dejó más recursos sin comprobar, por un total de 31 millones de pesos, seguido por el Colegio de Bachilleres, por 25.3 millones de pesos y Comunicación Social, con 7.6 millones de pesos.

Sobre los 370 millones 894 mil pesos, destaca el monto de 2018, que es el más elevado, por 176.2 millones que no se usaron y no fueron regresados a la Federación.

No cubrieron asistencia social (111.7 millones), infraestructura educativa básica (15.4 millones), infraestructura educativa media (4.7 millones) e infraestructura educativa superior (25.8 millones), con lo que no devolvió más de 176 millones.

Con información de Polemón.